Por Javier G. Cuesta (Moscú). La madre del primer soldado ruso condenado en Ucrania, Vadim Shishimarin, “no tenía ni idea de que había una guerra” hasta que una semana después de comenzar la ofensiva le llegó a sus manos un vídeo de su hijo en cautiverio. A diferencia de las autoridades rusas, que han guardado un llamativo silencio sobre el juicio, Liubov —no quiso decir el apellido—, la madre del militar condenado, ha contado más detalles en una entrevista exclusiva concedida al diario independiente Meduza, declarado agente extranjero por el Kremlin.
“Lo siento tanto por los nuestros como por los ucranios. Están muriendo del mismo modo sus niños que los nuestros. El marido de alguien, el hijo de alguien… Sé lo que es perder un marido, sé lo que es que los niños se queden sin padre. No entiendo para qué alguien ha querido que tanta gente muera”, lamenta la madre de Shishimarin, condenado por crímenes de guerra.
Su marido fue asesinado en enero de 2020 al encontrarse “en el sitio y en el momento equivocados” con su agresor, con quien no mantenía ninguna relación. Cinco meses después, Vadim, el mayor de cinco hermanos y que insistía en que no tenían nada que hacer ya en la ciudad siberiana de Ust-Ilimsk, firmó su contrato con el Ejército ruso. Su madre no quería que se alistase, le pidió que estudiase una carrera.
La madre del soldado ruso niega las acusaciones de que su hijo asesinara a un hombre de 62 años que iba desarmado. “No, no le mató. Habría que estar loco, drogado o borracho. Vadim no sería capaz de hacerlo”, defiende su madre, quien resalta que la cuidaba tanto que le mintió cuando asaltó la frontera. “Mamá, mi teléfono no funcionará durante una semana. Si te dicen que fui a Ucrania, no les creas”, recuerda Liubov. “Les dijeron que irían, volverían y ya está”, rememora sobre una operación especial que comenzó hace ya tres meses.
La madre del militar lamenta que las fuerzas armadas rusas no le hayan ayudado a conocer el paradero de su hijo. “Hacemos todo lo posible, hay que esperar’, es lo que me responden”, dice Liubov, quien incluso ha escrito una carta a Vladímir Putin y agradece que los ucranios graben a los presos. “Es bueno, de lo contrario no tendría ni idea de dónde está mi hijo y si sigue vivo”, recalca.
El Ministerio de Defensa ruso ha declinado pronunciarse sobre la condena de Vadim Shishimarin. Sí lo ha hecho el portavoz de Vladímir Putin, Dmitri Peskov, aunque ha medido sus palabras al milímetro. “Por supuesto que estamos preocupados por el destino de nuestro ciudadano, pero repito, no hemos tenido la capacidad de proteger sus intereses en persona”, ha afirmado el representante del Kremlin al criticar que en aquel país “no operan de facto nuestras instituciones (diplomáticas y abogados rusos)”. “Aunque esto no significa que desistamos de contemplar opciones a través de otros canales”, ha añadido Peskov.
El portavoz de Putin también ha sido preguntado por los periodistas del Kremlin sobre la situación de otro célebre preso en Ucrania, Víktor Medvedchuk, uno de los principales políticos opositores ucranios y oligarca del círculo íntimo del mandatario ruso, quien es padrino de su hija. “Ya hemos dicho que Medvedchuk es ciudadano ucranio, no tiene nada que ver con Rusia y no es un militar, mientras que las personas que se rindieron en Azovstal son combatientes y miembros de formaciones nacionalistas. Son categorías diferentes de personas y es casi imposible hablar de un intercambio en este caso”, ha explicado Peskov.
El jefe de la autoproclamada república separatista de Donetsk se ha pronunciado sobre el destino que aguarda a los combatientes ucranios de la acería de Mariupol tras su rendición. Denis Pushilin, colocado al frente de aquel territorio tras el asesinato de su antecesor con un atentado bomba, ha afirmado que los militares ucranios serán juzgados “por un tribunal internacional” en la región.
Rusia abandonó en marzo la Corte Europea de Derechos Humanos y su reforma constitucional de 2020 supedita el cumplimiento de las leyes internacional a las nacionales, mientras que las zonas separatistas de Donbás implantaron la pena de muerte tras comenzar la guerra en 2014.
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