Nada como sentir la soga alrededor del cuello para avivar el instinto político. Y de instinto, hasta ahora, Boris Johnson anda sobrado. Los británicos están sufriendo una inflación galopante que puede acabar en un promedio del 9% para 2022. El precio anual estimado de la energía para cada hogar, que la autoridad reguladora revisa dos veces al año, va a subir en octubre casi 1.000 euros, después de que ya subiera más de 800 en abril. La crisis del coste de la vida, agravada por la guerra en Ucrania y los nuevos confinamientos en China, ha brindado a Johnson la posibilidad de dar la vuelta al debate público e intentar dejar atrás meses de agonía, provocados por el escándalo de las fiestas en Downing Street.
El ministro británico de Economía, Rishi Sunak, ha dado un giro de 180 grados, después de resistirse a hacerlo durante cinco meses. Como ya han decidido otros países europeos, el Gobierno de Johnson impondrá un impuesto único, y por tanto temporal, del 25% a los beneficios extraordinarios —beneficios caídos del cielo, en la jerga economista— de las empresas petroleras y gasísticas. El Tesoro británico confía en obtener cerca de 5.800 millones de euros de ingresos, con un gravamen reclamado desde hace meses por la oposición laborista. Sunak rechazaba esta opción, por el riesgo que suponía, según él, de frenar las inversiones necesarias en las plataformas y yacimientos del mar del Norte.
El anuncio de los beneficios espectaculares obtenidos por los gigantes energéticos británicos BP y Shell en el último trimestre ha acabado con las dudas que aún podían tener Sunak y el propio Johnson. “Como anteriores Gobiernos, entre ellos algunos conservadores, vamos a introducir un impuesto temporal enfocado en los beneficios de la energía”, anunciaba el ministro, con un retorcido eufemismo que pretendía evitar la expresión windfall tax (impuesto sobre los beneficios caídos del cielo) que llevan meses utilizando los laboristas o la prensa. La bancada de la oposición estallaba en carcajadas al ver los esfuerzos de Sunak por presentar el mismo perro con distinto collar.
“Resulta imposible encontrar una ilustración gráfica más apropiada que esta para mostrar el modo tan deslucido y alejado de la realidad que tiene este Gobierno conservador para afrontar los problemas económicos”, ha echado en cara al ministro Rachel Reeves, la portavoz laborista de Economía. “Llegan a una solución de sentido común con meses de retraso”, ha asegurado Reeves después de proclamar que la sesión había dejado claro el triunfo laborista en la batalla de las ideas.
Sunak, que se presenta a la vez como un conservador pragmático y compasivo y un ministro con responsabilidad fiscal (reacio a gastar alegremente y desequilibrar las cuentas), ha anunciado que, en unas semanas, el Gobierno anunciará el porcentaje exacto con que también piensa gravar a las empresas productoras de energía. También ellas, ha explicado, se han beneficiado de unos ingresos extraordinarios derivados del precio disparado del gas natural. Para compensar las exacciones a las energéticas, Sunak ha anunciado desgravaciones fiscales considerables para las empresas que incrementen sus inversiones en los proyectos de extracción en el Reino Unido.
Ayudas a las familias
Johnson, sentado en la Cámara de los Comunes detrás del ministro, mientras anunciaba las medidas, jaleaba cada una de ellas, daba gritos de ánimos y desafiaba a la bancada contraria, que 24 horas antes le había achicharrado por el escándalo de las fiestas, y el demoledor informe publicado por la funcionaria Sue Gray, que habla de una cultura de alcohol excesivo y falta de respeto en Downing Street.
Sunak ha anunciado subvenciones —que no préstamos— de hasta 470 euros (en un solo pago) a todos los hogares, para que hagan frente a los disparados recibos de la electricidad y el gas. Además, cerca de ocho millones de casas con beneficiarios de ayudas sociales recibirán otros 760 euros (aproximadamente) para afrontar el incremento en el coste de la vida; 350 euros para los hogares con pensionistas y 176 euros para aquellos en los que resida una persona con discapacidad. En total, los núcleos familiares más necesitados pueden llegar a recibir, en un solo pago, cerca de 1.200 euros.
Los conservadores más neoliberales —pocos, dada la necesidad de ganar elecciones en una situación económica tan dura— han puesto el grito en el cielo: “Estas medidas socialistas abren la puerta a que la oposición, si llega al Gobierno, se vea autorizada para subir una y otra vez los impuestos”, ha reprochado a Sunak el diputado Richard Drax. Sin tantos epítetos, la principal patronal, CBI, usaba argumentos similares para expresar su disgusto: “El impuesto sobre los beneficios energéticos es un planteamiento de final abierto, que puede imponer límites a la generación de electricidad. De este modo puede dañarse la seguridad energética y los ambiciosos objetivos de cero emisiones de carbono”, ha asegurado Rain Newton-Smith, el economista jefe de la patronal.
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