El gran superviviente de la política británica, Boris Johnson, ha logrado salir del agujero una vez más. Una mayoría de 211 diputados ha votado en contra de la moción de censura interna, frente a los 148 que han pedido con su papeleta que el primer ministro fuera destituido. Pese a sobrevivir, la votación del lunes muestra que el jefe de Gobierno tiene a un 41,3% de sus parlamentarios en contra, lo que supone un duro varapalo político.
Esta última cifra es muy superior a la de los parlamentarios que votaron en su día contra la antecesora de Johnson, Theresa May (un 37%) cuando la entonces primera ministra sufrió también su propia rebelión interna por culpa del Brexit. Con esa comparación, el político conservador tiene un complejo futuro por delante. Un número tan significativo de diputados en su contra resta mucha legitimidad a Johnson. Los precedentes no son buenos. Margaret Thatcher, John Major o la propia May sobrevivieron a sus propias revueltas internas para dimitir poco después. O sufrir, como fue el caso de Major, una espectacular derrota en las urnas.
Ya lo dejó dicho William Hague, exministro de Exteriores y líder de los tories durante cuatro años: “El Partido Conservador es una monarquía absoluta, moderada por la práctica del regicidio”. En teoría, los diputados no pueden solicitar una nueva votación de censura interna en el plazo de un año. Pero del mismo modo que se advirtió a May que las reglas pueden ser cambiadas, cuando soñó con seguir adelante en el cargo, Johnson será consciente de su fragilidad. Aunque se niegue a admitirlo. En declaraciones a la BBC desde su despacho, el primer ministro celebraba el resultado: “Es un momento decisivo y concluyente. Es un buen resultado. Nos permite dejar atrás toda esta situación, y centrarnos en las cosas importantes, y en unir al partido”, ha dicho.
A primera hora de este lunes, el presidente del Comité 1922, Graham Brady, anunciaba que se había sobrepasado el umbral de las 54 “cartas de retirada de confianza”, el 15% de los diputados conservadores, que solicitaban la dimisión de Johnson. Se activaba de ese modo el mecanismo de la moción de censura interna, la amenaza que había sobrevolado la cabeza del primer ministro desde que estalló el escándalo de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento.
El comité reúne a los llamados backbenchers (literalmente, los diputados de los escaños traseros), la mayoría de los representantes parlamentarios conservadores que no ocupan un puesto en el Gobierno, y tienen, por tanto, más lealtad hacia sus electores y hacia su propio futuro político que a Johnson. Brady advirtió previamente a Johnson el domingo de la tormenta que se avecinaba en unas horas, cuando el Parlamento reanudara su actividad.
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El político conservador que cabalgó el Brexit para llevar a su partido a una arrolladora victoria electoral en 2019 ha arrojado por la borda toda su popularidad y apoyo entre los ciudadanos al negar una y otra vez lo que las fotos y las distintas informaciones de los medios presentaban como evidentes fiestas, con alcohol, comida y aglomeraciones de gente muy superiores a las permitidas por las normas de distanciamiento social. El informe interno elaborado por la alta funcionaria Sue Gray, número dos de la Oficina del Gabinete, resultó demoledor. Señalaba una cultura de alcohol, exceso y falta de respeto en los edificios gubernamentales. Y señalaba a Johnson como principal responsable de lo ocurrido. Poco antes, Scotland Yard había decidido multar a Johnson, su esposa Carrie y el ministro de Economía, Rishi Sunak, junto a decenas de miembros del equipo de Gobierno. Nunca en la historia un primer ministro había sido sancionado por incumplir la ley durante su mandato.
“El primer ministro celebra que surja la oportunidad de poder defender su postura ante los diputados, y les recuerda que solo cuando estamos unidos y centrados en los asuntos que importan nos convertimos en una fuerza política formidable”, ha dicho un portavoz de Downing Street. La estrategia estaba clara: una advertencia sobre el daño que puede suponer la imagen de un partido sumido de nuevo en una guerra interna.
Johnson se ha dirigido una vez más a sus diputados a las cuatro de la tarde (cinco, en horario peninsular español) para reclamar su apoyo antes de la votación. Aplausos, mesas aporreadas y patear del suelo (los ritos de la Cámara de los Comunes tienen un punto tabernario que pretende reflejar el verdadero debate de la calle) han recibido a un primer ministro dispuesto a luchar hasta el último minuto por su supervivencia.
Evitar la guerra civil entre los conservadores
“En vez de volver a sumergirnos de nuevo en un endiablado debate del día de la marmota sobre las ventajas de pertenecer al mercado interior de la UE, y de combatir de nuevo cuestiones que quedaron zanjadas hace dos años y medio (…) podemos seguir hacia adelante, unidos, porque sabéis la increíble fuerza que supone este partido cuando está unido”, ha dicho Johnson a los suyos, según el fragmento de discurso que adelantaba en exclusiva SKYNews. Una vez más, el primer ministro acudía a la amenaza del Brexit —nada que ver con el partygate— para movilizar fuerzas. Johnson ha advertido a los diputados de lo dañina que sería una guerra civil interna —”azules contra azules”, ha dicho—, que solo beneficiaría al líder de la oposición laborista, Keir Starmer.
El principal rival de Johnson durante las primarias de julio de 2019, Jeremy Hunt, ha resurgido estos días como candidato favorito ante una posible destitución. “[Los ciudadanos] nos confiaron el poder, y los diputados conservadores saben, en su fuero interno, que no estamos ofreciendo a los británicos el liderazgo que se merece. No estamos ofreciendo la integridad, la eficacia y la visión necesarias para liberar el enorme potencial que tiene este país”, ha escrito Hunt en su cuenta de Twitter, en un mensaje con un claro sonido de campaña personal.
Era el golpe político más duro contra Johnson, pero no el único. John Penrose, el diputado confirmado por el propio primer ministro en 2019 como zar anticorrupción (un cargo adscrito al Ministerio del Interior, que apoya al Gobierno en su lucha contra las prácticas corruptas), ha anunciado este lunes que abandona el puesto. Johnson, ha afirmado el diputado, ha violado claramente el Código Ministerial (el código ético del Gobierno) con sus mentiras al Parlamento, y debe dimitir. “Aunque acabe ganando la votación esta tarde, la sensación general que existe es que esto es el principio del fin. Creo que todo ha terminado”, ha sentenciado Penrose en declaraciones a SKYNews.
Como era previsible, una cascada de ministros y altos cargos —los que, en la jerga política británica, están en el payroll; es decir, en nómina del Gobierno— han salido en defensa de Johnson. El ministro de Sanidad, Sajid Javid; la de Exteriores, Liz Truss; el de Economía, Rishi Sunak; el de Justicia, Dominic Raab; o el del Brexit, Jacob Rees-Mogg. No son ellos, sin embargo, los que podían movilizar en uno u otro sentido a los diputados conservadores, sino aquellos que habían mantenido lealtad y discreción hasta el último minuto, y en los últimos días han estallado. Por ejemplo, Jesse Norman, que fue secretario de Estado de Finanzas y era un diputado profundamente leal a Johnson. “Siempre he estado comprometido con mi tarea de servidor público”, decía Norman en una carta enviada al primer ministro publicada en Twitter. “Los acontecimientos recientes han dejado claro la posición en que se encuentra este país bajo su liderazgo, sin ninguna duda. Me temo que yo no podría ya trabajar en un Gobierno dirigido por usted bajo ninguna circunstancia”, remataba Norman.
Desde que el escándalo saltara a los titulares en enero, Johnson ha vivido una montaña rusa en la que ha llegado a creer que, una vez más, podía dar la vuelta a la situación. Los diputados conservadores, sin embargo, que viajan cada semana a sus respectivas circunscripciones y conocen de primera mano la rabia de los votantes, han ido rumiando el momento preciso para castigar al primer ministro.
No fue durante las primeras informaciones, a la espera de que Johnson diera explicaciones; tampoco después de que Scotland Yard anunciara las multas; ni siquiera cuando Gray publicó su demoledor informe definitivo. Ha sido justo al día siguiente de que todo el Reino Unido celebrara los 70 años de reinado de Isabel II, con un mensaje implícito: las instituciones permanecen; los políticos, por muy populares que sean, no. El enorme abucheo sufrido por Johnson y su esposa el viernes, a las puertas de la catedral de San Pablo, fue una señal clara. Todos esos ciudadanos concentrados alrededor del servicio religioso en honor a la reina —monárquicos, y presumiblemente de tendencia conservadora— expresaban su repudio al primer ministro.
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