El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado un cambio decisivo en su política respecto a las minas antipersona, al prohibir su fabricación y utilización en todo el mundo, con la única excepción de la península de Corea. La decisión revierte la doctrina al respecto de la Administración de Donald Trump y se alinea con la del resto de países miembros de la OTAN, así como con la mayoría del resto del mundo, los más de 160 signatarios de la Convención de Ottawa, tratado internacional de 1997 que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas terrestres antipersona. El paso de Washington secunda los principales requisitos de la Convención, pero no implica ratificar el tratado. China, la India y Rusia tampoco forman parte del mismo.
Con este cambio, Washington asume finalmente el “impacto desproporcionado” que este tipo de armamento tiene sobre la población civil, algo que habría quedado de manifiesto en la “brutal” ofensiva lanzada por Rusia sobre Ucrania. “Las acciones de la Administración hoy contrastan marcadamente con las acciones de Rusia en Ucrania, donde hay pruebas convincentes de que Rusia está utilizando municiones explosivas, incluidas minas terrestres, de manera irresponsable”, ha dicho Stanley Brown, del Departamento de Estado. “El uso de municiones explosivas por parte de Rusia está causando grandes daños a civiles y dañando infraestructura civil vital”, añadió el funcionario.
Además de la excepción de Corea del Sur, donde no habrá cambios dadas sus “circunstancias únicas”, Washington se reserva la posibilidad de exportar y trasladar este tipo de armas “cuando sea necesario para actividades relativas a la detección y la retirada de minas”. En este sentido, las autoridades norteamericanas se comprometen a intensificar sus trabajos de desminado y la atención a las víctimas. La Casa Blanca ha recordado en el comunicado que, desde 1993, Estados Unidos ha proporcionado ayudas por valor de 4.200 millones de dólares (casi 4.000 millones de euros) a más de un centenar de países para tareas de desminado y destrucción de artefactos.
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, ha subrayado por su parte que la Administración de Joe Biden se compromete con este paso a consolidar el papel de Estados Unidos “como líder mundial en la limitación de las consecuencias dañinas de las minas terrestres antipersona en todo el mundo”. “Continuaremos con este importante trabajo mientras damos otro paso para recuperar el liderazgo estadounidense en el escenario mundial”, ha zanjado Watson, recordando esos 4.200 millones de dólares, proporcionados a más de un centenar de países, para “promover la paz y la seguridad internacionales a través de programas de destrucción de armas convencionales”.
Durante la Guerra Fría, EE UU colocó miles de minas en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, la zona tapón o de amortiguación que divide a los dos países desde el final de la guerra, en 1953, a modo de efecto disuasorio ante una eventual invasión terrestre desde el norte. El Gobierno de Seúl, uno de los más firmes aliados de Washington en Asia, se hizo cargo del control de los campos minados en 1991.
Biden cumple así una de sus promesas de la campaña electoral, al deshacer una política de la era Trump que en su día calificó de “imprudente”. La medida supone volver efectivamente a las directrices establecidas en 2014 por la Administración del también demócrata Barack Obama, que prohibían el uso de minas terrestres antipersona excepto en la defensa de Corea del Sur. La Administración de Trump relajó esas restricciones en 2020, citando un nuevo enfoque en “la competencia estratégica con las principales potencias dotadas de grandes ejércitos”, una alusión evidente a China.
Organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch han saludado la decisión de Washington como un paso adecuado, aunque insuficiente, en la buena dirección. La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona ha denunciado en estos últimos años una tendencia preocupante en cuanto al uso de este tipo de armas, que no sólo suponen una amenaza inmediata sino también a medio y largo plazo, ya que muchas de ellas quedan abandonadas, socavando tierras de cultivo, lugares de paso y zonas de uso civil, y por tanto siguen matando muchos años después de finalizado el conflicto, como demuestran los más de 7.000 muertos y heridos en 54 países y territorios en 2020. Al menos la mitad de estas víctimas eran niños.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
