Mientras los líderes de los países de la OTAN brindaban la semana pasada en el Palacio Real de Madrid por el levantamiento del veto de Turquía a la candidatura de acceso de Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica, a unos 3.000 kilómetros de allí, un halo de miedo y ansiedad se instalaba en la comunidad de refugiados turcos y sirios en Suecia, la mayoría de etnia kurda. El acuerdo tripartito entre Ankara, Estocolmo y Helsinki incluye una gestión “ágil y completa” de las demandas de extradición por parte de las autoridades turcas de presuntos “terroristas” residentes en los dos países nórdicos y muchas incógnitas. Tras la larga deriva autoritaria del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, la definición de “terroristas” en Turquía se ha ampliado hasta incluir a disidentes pacíficos e incluso periodistas críticos. Dos de los cuatro partidos que integran el Gobierno dirigido por los socialdemócratas (Izquierda y Verdes) han expresado sus recelos a lo pactado. La inquietud es aun mayor entre la comunidad kurda en Suecia, que desconoce a quiénes pueden afectar las deportaciones, a cuántas se ha comprometido el Ejecutivo y si son competencia del Gobierno o si las tienen que avalar los tribunales.
Este martes los representantes de los aliados en la OTAN formalizarán el visto bueno a la candidatura de los nórdicos que pactaron en la cumbre de Madrid los dirigentes de los tres países junto a Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza, mientras en Estocolmo permanecen los interrogantes. En vísperas de ese paso formal, la primera ministra sueca, la socialdemócrata Magdalena Andersson, ofreció una conferencia de prensa el pasado domingo en la que no desmintió haberse comprometido a efectuar todas las peticiones de deportaciones, tal como aseguran voces del Gobierno turco. “He sido ministra durante ocho años y nunca he hablado sobre lo que se dice en la sala de negociaciones”, se limitó a comentar. Sus palabras no han hecho sino multiplicar el desasosiego entre los opositores a Erdogan en Suecia.
Un portavoz del partido Izquierda, socio minoritario de la coalición, expresa con rotundidad su negativa a lo pactado. “El acuerdo con Turquía es horrible, y estaremos el sábado junto a la comunidad kurda en la calle para manifestarnos en contra… Significará que se exporten armas de nuevo a Turquía, y compromete la reputación de Suecia comprometido con los derechos humanos y de la minoría kurda. Es preocupante que se puedan producir deportaciones de demandantes de asilo, y seguro que llevará a una mayor cooperación entre los servicios secretos suecos y los turcos”. Este portavoz pide incluso dar la palabra a la ciudadanía. “Creemos que se debería celebrar un referéndum sobre la entrada a la OTAN. Antes del acuerdo, un 60% de los suecos eran favorables a la integración, pero ahora esos números pueden haber caído. Ha habido una reacción en la sociedad sueca en contra del acuerdo más fuerte de lo que esperaba”, argumenta.
Ni tan siquiera Amineh Kakabaveh, una diputada independiente de origen kurdo-iraní cuyo voto fue clave para evitar el triunfo de una moción de censura contra Andersson hace un mes, ha recibido explicaciones o garantías del Ejecutivo respecto a las consecuencias de las exigencias turcas. “Dicen que no se deportará a ningún ciudadano sueco, pero no está claro qué pasará con los miles de personas que aún están en proceso de petición de asilo”, advierte Kakabaveh. Una parte de la prensa sueca se ha mostrado también crítica, así como las formaciones la Izquierda y los Verdes, que forman parte del Gobierno. Sin embargo, el Parlamento ya no se reunirá antes de las elecciones generales del próximo 11 de septiembre, por lo que la estabilidad del Gobierno no se halla en peligro.
La analista Gunnilla Herolf, del Instituto Sueco de Asuntos Exteriores, considera que los miedos que suscita el acuerdo son exagerados. “El Gobierno ha dicho que no cambiará las leyes suecas, ni su definición de terrorismo. Además, la cuestión de las deportaciones no depende del Gobierno, sino de los tribunales, y seguro que las bloquearán”, asevera.
Sin embargo, Kakavabeh señala que existe un precedente poco tranquilizador, el de Resul Ozdemir, un joven acusado por Turquía de ser miembro del PKK, y que fue deportado hace algo más de un año mientras era demandante de asilo. Actualmente se halla encarcelado en Turquía.
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Lista con decenas de nombres
Rukken Yetikaim, la derrocada alcaldesa de la localidad de Yuksekova, es una de las activistas kurdas que podría verse implicada en una petición de extradición. “He sido condenada a 19 y 36 años de cárcel en dos juicios diferentes por mi militancia política con el Partido Democrático de los Pueblos (HDP). Sé que no estoy en la lista de 33 personas que había pedido Erdogan hace meses. Pero en Turquía se habla de una nueva lista de 73 personas, y no sabemos quién está ahí”, explica esta demandante de asilo que llegó a Suecia hace cuatro años.
“Estos días recibo llamadas de mucha gente ansiosa por su futuro. Me preguntan: “¿Cómo afectará el acuerdo a mi situación? ¿Me pueden deportar?”. Este trato con el tirano Erdogan es un desastre”, dice indignado Befa Bedlisi, uno de los responsables del Centro Cultural Kurdo, situado en Estocolmo. En la sala principal, decorada con fotos de peshmergas fallecidos (combatientes de las fuerzas armadas del Kurdistán iraquí contra el Estado Islámico), tiene lugar un concierto de música kurda. Antes de su inicio, los asistentes gritan “Shahid nameren” (los mártires son inmortales), y se recogen firmas para que la UE retire de la lista de organizaciones terroristas al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), el movimiento que lucha desde hace décadas por la soberanía de la región kurda en Turquía.
Precisamente, para Erdogan, uno de los objetivos en las negociaciones con Helsinki y Estocolmo era poner fin al presunto trato de favor que reciben personas y organizaciones cercanas al PKK. En su punto de mira también se halla la organización del religioso Fetullah Guillen, a la que culpa del golpe de Estado de 2016. Pero el acuerdo tripartito también incluye el levantamiento del embargo a la venta de armas a Ankara que ambos países nórdicos aplican desde 2019 por su intervención militar en Siria. Además, Erdogan también ha conseguido desencallar en Washington la venta de unos 40 cazabombarderos F-16.
Las exigencias de Erdogan han situado a la comunidad kurda en una situación capciosa al vincular la seguridad de Suecia a sus derechos. Se calcula que el número de kurdos residentes en este país escandinavo supera de largo los 100.000, más del 1% de la población. Aunque la mayoría procede de Turquía, la última ola llegó de Siria y también podría verse afectada. Erdogan considera que el Partido de la Unidad Democrática (PYD), el partido que gestiona la entidad autónoma de mayoría kurda del norte de Siria, forma parte del PKK.
“El acuerdo parece que incluye el fin del apoyo político y humanitario que Suecia ha aportado a la región de Rojava. Es muy injusto porque nosotros somos los que hemos vertido más sangre para derrotar el Estado Islámico”, razona Shiar Aly, representante de este Gobierno autónomo en Suecia. “La comunidad kurda aquí ha sido neutral respecto a la entrada a la OTAN. Respetamos la decisión de los suecos, pero no a este precio”, añade.
En su despacho, decorado con un gran póster del Che Guevara, Kakavabeh asegura que su oposición al pacto con Erdogan no se debe a su condición de kurda, sino de ciudadana sueca. “Es una traición a todo el pueblo sueco. Por una cuestión de principios, no se pueden comprometer los derechos de sus habitantes por un acuerdo con un dictador como Erdogan. Se han cargado la reputación de Suecia como un país humanitario construida durante tantos años por líderes como Olof Palme”, desliza esta mujer, menuda pero de carácter fuerte, que en su juventud integró una milicia kurda en Irán.
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