El gobierno federal está obligado a detener la obra del 5 tramo del Tren Maya, a pesar de considerarla como una obra de seguridad nacional, luego de que el juez Primero de Distrito con sede en el estado de Yucatán decidió mantener la suspensión definitiva.
Lo anterior fue detallado en un comunicado de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que asesora a un grupo de buzos que está contra dicha construcción del sureste mexicano.
Dicho juez exigió con este resolución al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para que detengan las obras de forma inmediata, pese a que fueron reanudadas a mediados de julio.
“Conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, es obligación de Fonatur Tren Maya ordenar a la diversa autoridad o particular la inmediata paralización de la ejecución de los actos reclamados y tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de la suspensión en los términos y para los efectos que se han precisado en esta resolución en caso de que sea diversa autoridad o algún particular quien tuviese intervención en la ejecución de los actos de autoridad respecto de los cuales se otorgó la suspensión”, apuntó DMAS.
El Tren Maya es uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador, con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos (unos 10 mil millones de dólares), para construir más de mil 500 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En los últimos meses, activistas han obtenido amparos y han exigido al Gobierno suspender el tramo 5 por haber provocado la tala de miles de árboles, contaminar ríos subterráneos y dañar patrimonio natural y arqueológico.
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