Este mes, la policía española incautó varios vehículos submarinos autónomos, pertenecientes a una organización criminal dedicada al tráfico de droga, capaces de transportar unos 200 kilos de droga cada uno.
Y aunque no es la primera vez que esto sucede, los llamados “narco-drones”, “narco-submarinos” o “drones submarinos” controlados a distancia anuncian una nueva era en el tráfico internacional de estupefacientes.
Las drogas y otros bienes ilícitos ahora pueden transportarse a través de los océanos, controlados por un operador remoto ubicado en cualquier parte del mundo.
La mercancía se envía clandestinamente con traficantes que intentan una variedad de métodos. Es solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades se enfrenten a estos “vehículos autónomos marítimos” que se utilizan para introducir contrabando en diferentes países, por lo que las leyes internacionales así como las de cada país deben ponerse al día.
China, por ejemplo, tiene un dron con forma de tiburón que se utiliza para recopilar información. Si bien un buque de vigilancia naval puede tener derecho a la libertad de navegación, no se debe suponer que un “vehículo” tan pequeño y sin tripulación también disfruta de este derecho.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ya están utilizando embarcaciones marítimas sin tripulación con fines policiales. Australia regaló drones a Sri Lanka el año pasado para apoyar los esfuerzos contra las operaciones de tráfico de migrantes.
Las empresas privadas están diseñando vehículos de superficie no tripulados para patrullar contra la pesca ilegal.
El derecho internacional requiere que los estados cooperen y compartan información para prevenir diferentes delitos transnacionales en el mar. Por ejemplo, el artículo 108 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar exige que todos los estados cooperen en la supresión del tráfico de drogas en alta mar.
La Convención de Drogas de 1988 va más allá, ya que permite a las partes del tratado detenerse y abordar las embarcaciones de la otra parte cuando se sospeche razonablemente que trafican con drogas ilícitas.
Sin embargo, si no hay nadie a bordo de un submarino a control remoto, las reglas y procedimientos existentes para la aplicación de la ley no pueden funcionar como antes.
La Organización Marítima Internacional está realizando un estudio sobre quién es un “capitán” y “gente de mar” en el contexto de los buques de superficie sin tripulación utilizados para transportar carga en todo el mundo.
Si bien la organización tiene un enfoque importante en la seguridad marítima, hay muchas preguntas legales relacionadas con los delitos en el mar que también deben responderse.
Determinar quién podría ser considerado penalmente responsable cuando se incauta una embarcación sin tripulación no es evidente de inmediato.
La alternativa puede ser enjuiciar a un presunto delincuente por haber ayudado e instigado en el crimen.
Es posible que debamos repensar cómo entendemos la imprudencia o la intención criminal como requisitos de un delito de tráfico de drogas cuando ocurre el tráfico controlado a distancia.
Determinar qué país tiene jurisdicción legal cuando una empresa criminal utiliza narcosubmarinos autónomos puede ser un tema complejo.
A la luz de las embarcaciones sin tripulación, es posible que los estados deban considerar nuevas bases de jurisdicción para justificar el ejercicio de la autoridad sobre un presunto infractor.
Incluso si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley logran arrestar al perpetrador y hacer valer su jurisdicción, es probable que el enjuiciamiento dependa de una variedad de otros desafíos, como el intercambio de inteligencia criminal y los procesos de extradición.
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