Argentina vivió el jueves una de las jornadas más funestas de sus casi 40 años de democracia. El intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a las puertas de su casa, donde un hombre la apuntó con un arma cargada que se encasquilló, es el primero desde que en 1983 Raúl Alfonsín reemplazó a un militar en la Casa Rosada y muestra el lado más oscuro de la crispación política que en los últimos años se ha extendido virulentamente por muchos países. Apenas dos meses después del asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, lo ocurrido en Buenos Aires recuerda los peligros de la polarización extrema como caldo de cultivo de elementos incontrolados y violentos. La primera lección que se ha sacar de este episodio es la obligación de las fuerzas políticas argentinas de rebajar la tensión y, sobre todo, el rechazo frontal a utilizar este ataque para desatar nuevas rivalidades.
Supone una buena señal que todos los partidos hayan reaccionado con rapidez y contundencia en la condena del atentado fallido. Pero eso no basta. El ataque a Cristina Fernández de Kirchner supone un aldabonazo que debería ser utilizado para transformar los modos políticos y atemperar los ánimos. Argentina atraviesa una gravísima crisis. La inflación no cesa, la pobreza alcanza a casi la mitad de la población y el deterioro en la confianza política ha llegado a máximos después de la acusación fiscal contra la vicepresidenta por supuesta corrupción. Es el momento de levantar el pie del acelerador y que las instituciones policiales y judiciales esclarezcan sin dilación el intento de magnicidio.
Hasta ahora, lo que ha trascendido de la investigación muestra el ataque como obra de un solo individuo (Fernando Andre Sabag Montiel, de 35 años), quien actuó aparentemente sin apoyo de tramas externas. Entremezclado en la multitud kirchnerista que aguardaba a la vicepresidenta frente a su domicilio, logró llegar hasta ella y apuntarla. Posiblemente, le salvó la vida a la vicepresidenta que la pistola se encasquillase. El agresor, rápidamente detenido, está en manos de las autoridades y a ellas corresponde explicar a la opinión pública con absoluta transparencia lo ocurrido. Nada peor podría pasarle a Argentina que el caso se enredase y acabase dando pábulo a teorías conspirativas y, a la postre, alimentando nuevas tormentas políticas.
También resulta fundamental que la violencia no llame a más violencia. La decisión del presidente Alberto Fernández de convocar con urgencia a los sectores sindicales, sociales, religiosos y de derechos humanos para “construir un amplio consenso contra los discursos de odio y la violencia”, además del repudio que este sábado votará el Congreso, son iniciativas que caminan por el lado correcto. Pero a nadie se le escapa que Argentina vive desde hace mucho tiempo en trepidación constante y existe el temor fundado de que, tras las buenas intenciones de los primeros días, pronto puedan volver a asomar los puñales de antaño. Evitarlo es responsabilidad de toda la clase política y de los actores sociales. Ese es el deseo profundo de los argentinos, ya bastante maltratados por la crisis económica, y la mejor forma de responder a este fallido acto de barbarie.
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