El anuncio el viernes por Gazprom, empresa rusa controlada por el Kremlin, de una suspensión indefinida del suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream I llegaba apenas horas después de que los ministros de Finanzas del G-7 reafirmaran la determinación de imponer un tope al precio del crudo ruso. No hay mucho margen de duda de que el gesto del Kremlin es de carácter político y representa un nuevo paso en la escalada de confrontación con Occidente. Es probable que una profunda y prolongada alteración del suministro de gas ruso a Europa —el Nord Stream I conecta Rusia con Alemania— siga en el futuro próximo con el objetivo de exacerbar las turbulencias que afectan a las economías del continente y quebrar su determinación en el apoyo a Ucrania. Ese es el escenario base hacia el que nos dirigimos. El impacto será grave, pero el único modo de abordarlo habrá de ser en forma solidaria y sin rebajar o cuestionar la defensa de Ucrania como país agredido por Putin en la misma Europa.
Los países de la UE han avanzado de forma considerable en la acumulación de reservas de gas en los últimos meses. Puede ser motivo de esperanza, pero no de tranquilidad, ya que ni son suficientes para garantizar los suministros en caso de que el corte por parte de Rusia sea irreversible ni la dinámica de los precios permite ninguna clase de inacción. Es posible también que la última decisión de Gazprom provoque una nueva llamarada en los mercados. En cualquier caso, la turbulencia es ya de una envergadura opresiva, como demuestra la decisión de ArcelorMittal, también anunciada el viernes, de cerrar en Alemania dos plantas de producción de acero, un sector intensivo en energía, debido al nivel de los precios. El episodio ilustra las múltiples vías de transmisión de contagio del problema que Europa afronta, mientras la ciudadanía sufre desde hace meses incrementos de costes y erosión del poder adquisitivo. Ya se ha hecho mucho, pero mucho más será necesario: un esfuerzo regulatorio, diplomático e infraestructural enorme y sin parangón para superar el desafío.
En ese marco tiene sentido explorar en el mercado del petróleo la opción de poner un tope al precio de las exportaciones rusas, que el G-7 intenta construir desde el visto bueno otorgado por los líderes del grupo en la cumbre en Alemania a finales de junio, y que recibe el respaldo de la Comisión Europea. Todavía faltan muchos detalles para diseñar un mecanismo muy complejo de aplicar. Es dudoso que otros importantes países consumidores de crudo ruso se adhieran y nada garantiza el éxito. Pero no debe subestimarse ni el potencial de palanca que ofrece la posición dominante de Occidente en servicios de transporte, seguro y financiación, ni la eventualidad de que, aunque no se sumen formalmente, otros países aprovechen ese esquema occidental para presionar de forma bilateral al Kremlin en busca de nuevos y fuertes descuentos. Ambos movimientos alimentarían el círculo virtuoso de reducir los ingresos de Moscú sin rebajar la cantidad de petróleo en el mercado.
El escenario es sombrío, pero la mejor manera de conjurar el catastrofismo consiste en comunicar con claridad a la ciudadanía la excepcionalidad de la situación y sus potenciales consecuencias. Las nuevas vías de chantaje e intimidación que practica Putin no deben conducir a nada distinto de lo que ha hecho la UE hasta ahora: mantener la unidad en el apoyo a Ucrania y rechazar la brutalidad del Kremlin, contraria al derecho y a los principios democráticos.
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