Con la resaca aún fresca del rotundo rechazo a la propuesta constitucional en Chile, los presidentes de los partidos políticos —exceptuando el Partido Republicano, de extrema derecha— han acordado este lunes cinco puntos base para el nuevo proceso constituyente: redactar una nueva Constitución, que la escriba un órgano 100% electo por la ciudadanía, que este grupo sea paritario y asesorado por un comité de expertos, y que el resultado final se someta a un plebiscito de resultado vinculante y con voto obligatorio. Los escaños reservados para pueblos indígenas —y su proporción— y la participación de legisladores independientes en la nueva convención se definirán más adelante.
Aunque el 62% de la ciudadanía rechazó el 4 de septiembre la propuesta hecha por la convención, existe un consenso transversal de que la Constitución actual carece de legitimidad desde que el 78% votase por cambiarla en octubre de 2020. Tras el fracaso del apruebo en las urnas, el presidente Gabriel Boric le encomendó al Parlamento negociar la continuidad del proceso. El traspaso de la responsabilidad le permitirá al Ejecutivo concentrarse únicamente en atender las demandas más urgentes de la ciudadanía. De todas formas, la recién nombrada secretaría general de la Presidencia, la socialista Ana Lya Uriarte, acompañará desde el Ejecutivo el proceso del Congreso.
Tras la segunda reunión para definir el itinerario constituyente entre los líderes de todo el arco político con representación parlamentaria, el presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, anunció que “se acordó la obligatoriedad para el voto de salida, la paridad y un rol para una comisión de expertos”. Este primer paso descarta un plebiscito de entrada para preguntar nuevamente a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y qué tipo de organismo quiere que la redacte, una idea que surgió de militantes de la derecha, pero descartada por los jefes parlamentarios. El acuerdo también garantiza que el órgano que redacte la propuesta contará con el asesoramiento de un comité de expertos, algo que no ocurrió en el primer intento.
También ha quedado descartada la idea de una comisión mixta conformada por ciudadanos no políticos y parlamentarios. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, del Partido Por la Democracia (PPD), ha defendido la idea de un órgano electo 100% con el objetivo de redactar un nuevo texto para “validar y legitimar el mandato popular del pueblo de Chile que fue entregado en el plebiscito de entrada”. En aquella oportunidad, en octubre de 2020, el 79% de los votantes escogió una convención compuesta por 155 ciudadanos, con carácter paritario entre hombres y mujeres. Solo un 21% eligió la convención mixta, es decir con integrantes del Congreso, que habría estado compuesta por 172 miembros.
Está pendiente si habrá escaños reservados para los pueblos originarios y cuántos. Según las voluntades políticas, es bastante probable que sí existan, pero en menor número que en la primera convención, cuando ocuparon 17 de los 155 escaños. La idea de parte del centro y la derecha es que su participación en la nueva convención sea proporcional a su votación efectiva. También falta por definir si se permitirá la participación de listas de independientes. El funcionamiento y diseño de esta nueva etapa se discutirá a partir del jueves en una mesa de negociación que se conformará y constituirá con un representante de cada partido político con representación parlamentaria.
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