La paz con el sector de la caza, el tercero con más licencias en España (334.635 en 2020 según el Consejo Superior de Deportes), solo por detrás del fútbol (1.074.567) y del baloncesto (376.352), y con una enorme influencia en la mitad de las provincias de España, urge al PSOE. Y eso es mucho decir en un curso político con elecciones autonómicas y municipales en mayo y generales a final de 2023. El principal partido del Gobierno quiere cerrar cuanto antes la crisis con este colectivo a raíz de la Ley de Bienestar Animal y por esa razón ha registrado este martes la enmienda a la que se había comprometido la semana pasada para excluir de la futura norma a los perros de caza y a otros animales que desempeñan labores específicas (deportivas, pastoreo, tareas de rescate o de seguridad con las Fuerzas Armadas), atendiendo siempre a sus obligaciones y cuidados. Los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza “contarán con una legislación propia según lo establecido en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética”, recoge la enmienda que ha registrado poco antes del mediodía Isaura Leal, nueva secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso para su incorporación al Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales que se abordará en la comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
El PSOE argumenta en el documento al que ha tenido acceso Columna Digital que “debe deslindarse la normativa de bienestar aplicable a los animales de compañía de aquellos otros tradicionalmente denominados de producción, o vinculados a actividades profesionales”. “De esta forma la nueva ley se aplicará exclusivamente a los animales de compañía que son mantenidos en el hogar familiar y conviven en él con sus titulares”, especifica en su enmienda, que colisiona con las posiciones de Unidas Podemos. La Dirección General de Derechos de los Animales ha sido la responsable de la elaboración de la ley y depende del Ministerio de Derechos Sociales que dirige la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
“La realidad social y funcional del empleo de animales de trabajo, auxiliares o con función social encuentra graves problemas para su sostenibilidad y desarrollo, al englobarse de forma genérica en las normativas de protección de animales de compañía (animales que, según Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, ratificado por España el 23 de junio de 2017, serían aquellos que sean tenidos o estén destinados a ser tenidos por el hombre, en particular en su propia vivienda, para que le sirva de esparcimiento y le haga compañía), cuya principal actividad no es la de hacer compañía, ni suelen residir en el hogar”, alega el PSOE. Su posición choca frontalmente con la de Unidas Podemos, que sostiene que de esta forma no se combate el maltrato animal, extremo que los socialistas no comparten. “El maltrato es maltrato independientemente de a qué se dedique el animal. ¿O es que el PSOE está a favor de colgar a un perro de un árbol, descerrajarle un escopetazo y arrastrarlo por el suelo desangrándose o enterrar cachorros en cal viva porque sean perros de caza?”, afirmó el jueves en redes sociales Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos.
Los socialistas observan que los animales que no son considerados de compañía “ya encuentran su acomodo jurídico y su debida protección en la vigente normativa reglamentaria”, y citan en concreto la Ley 32/2007, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. “Igualmente, esta enmienda y planteamiento se encuentra en la línea de la regulación de la Unión Europea, sin por ello descuidar los requisitos de bienestar exigidos para estos animales contenidos en la Ley 32/2007 y en la normativa propia de las comunidades autónomas”, se añade en la enmienda.
Otra razón que el PSOE da para la revisión del texto acordado inicialmente con Unidas Podemos es evitar los conflictos de competencias entre el Gobierno y los territorios. “El Proyecto de Ley en su redacción actual introduciría un factor de distorsión a la hora de su aplicación por las comunidades autónomas (competentes en exclusiva en materia de protección animal, de conformidad con el Bloque de Constitucionalidad, por todas la reciente Ley Foral 18/2022, de 13 de junio, de modificación parcial de la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra, así como las competencias exclusivas en materia de deporte, artículo 148.1.19ª de la Constitución Española)”, señala la enmienda.
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Prueba de la importancia que el PSOE concede a la modificación de la futura legislación de una manera consensuada con el sector de la caza es que ha comunicado a la Real Federación Española de Caza (RFEC) el registro de la enmienda a la “Ley Animalista”, como la denomina la organización de los cazadores. Las federaciones autonómicas de caza analizarán el contenido de la enmienda, que según la RFEC “parece ajustarse a las exigencias formuladas” desde el sector. La tramitación parlamentaria continúa abierta y se resolverá en las próximas semanas.
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