Nayib Bukele anunció este jueves que buscará la reelección en las elecciones de 2024 en El Salvador, con lo que se convertirá en el primer mandatario en buscar ser reelegido en la etapa democrática del país centroamericano, una decisión que es posible después de que los magistrados de la de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia instalada por él permitieran el año pasado esa opción hasta entonces prohibida. “Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República”, señaló el mandatario ante la ovación de sus seguidores en un mensaje desde la Casa Presidencial con motivo del Día de la Independencia.
“Después de 201 años, al fin vivimos una verdadera independencia. Pero esto no ha sido únicamente gracias al trabajo de nuestro Gobierno, sino porque trazamos nuestro propio destino y no obedecimos los dictados internacionales”, afirmó Bukele en un discurso retransmitido en cadena nacional de radio y televisión. Según dijo al justificar su decisión, “por primera vez” en los 201 años de la independencia de la nación centroamericana, su Gobierno ha demostrado que va por el camino “correcto”.
El mandatario, que fue elegido hace tres años, mantiene altos índices de popularidad, pero también ha sido señalado por giros autoritarios, cientos de denuncias por violaciones a derechos humanos y por perseguir a cualquiera que le lleve la contraria.
En un fallo de septiembre de 2021, los jueces de la de la Sala de lo Constitucional señalaron que la prohibición de la reelección inmediata contemplada en la Carta Magna era para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años. Hasta entonces, según el artículo 152 de la Constitución, los presidentes que llevaban cinco años en el poder (como será el caso de Bukele en 2024) no podían renovarlo para un periodo inmediato.
Tras conocerse esa decisión tomada por el órgano afín al mandatario, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que acataría la orden de la Sala de lo Constitucional con la única condición de que el presidente renunciara seis meses antes del mandato. La resolución, sin embargo, reavivó los temores de sus críticos.
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