Habrá una nueva comisión de investigación en el Congreso sobre presuntas prácticas ilegales y corruptas del PP durante su etapa en el Gobierno y será la cuarta. El pleno de la Cámara baja votó mayoritariamente a favor este jueves de crear una nueva comisión de este tipo, que en principio había sido demandada por los socios independentistas del Ejecutivo, ERC, EH Bildu y Grupo Plural, sobre la Operación Cataluña montada desde aparatos del Estado para desprestigiar a líderes separatistas, pero que al final será “sobre todas las corruptelas del PP”, como resumió Felipe Sicilia, el portavoz socialista que defendió la enmienda que salió adelante. El PSOE logró, además, que esas averiguaciones se frenen tras su llegada al Gobierno. El PP, Vox y Ciudadanos mostraron su oposición y relacionaron la propuesta con un “chantaje” de los socios del Ejecutivo “que persiguen la ruptura de España”. El PP llegó a proponer, sin éxito, que las investigaciones de las llamadas cloacas del Estado se extendieran a toda esta etapa democrática.
En el Congreso, en innumerables ocasiones, las votaciones y discusiones obedecen a varios objetivos e intereses, en muchos casos no evidentes ni plasmados en el enunciado de los asuntos tratados. El pleno revalidó este jueves así, con 191 votos a favor, 153 en contra y solo una abstención, la creación de una comisión de investigación en teoría y en principio “sobre la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada Operación Cataluña”. La comisión, que todavía no se sabe cuando iniciará sus trabajos y que debería durar solo tres meses, tendrá ahora y no casualmente objetivos más amplios. El diputado del PP Alberto Casero votó erróneamente este jueves a favor de esa comisión y repitió así su comportamiento tan polémico del pasado invierno cuando gracias a un error similar propició que saliera adelante la reforma laboral aplicada por el actual Gobierno de coalición y defendida por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
El PSOE impuso que el nuevo objeto sea indagar sobre “las actuaciones del Ministerio del Interior durante el gobierno del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales, así como su relación con posibles entramados privados o lobbies de presión, la posible intromisión en la soberanía de otros países y las conexiones de esta trama con la denominada Operación Catalunya”. Parece lo mismo o muy parecido, pero no lo es. En realidad podría abarcar comparecencias de cargos de Interior y policiales de todos los gobiernos de Mariano Rajoy.
Los partidos que propusieron de entrada esa iniciativa, ERC, EH Bildu, y JuntsxCAT y PDeCAT dentro del Grupo Plural, perseguían destripar lo que calificaron como “presiones”, “persecuciones”, “intromisiones”, “injerencias”, “chantajes” y hasta “amenazas” del entonces Gobierno popular de Rajoy, en 2015, a la banca andorrana BPA y el ejecutivo de esa nación para que les facilitara datos negativos sobre dirigentes separatistas catalanes durante la peor etapa del procés con el fin de desprestigiarles. Esos partidos argumentaron la necesidad de la nueva comisión en las revelaciones de una serie de audios de la corrupción, incautados al comisario José Manuel Villarejo y publicados antes del verano por Columna Digital y el diario digital Fuentes Informadas, en las que se evidencian esas operaciones irregulares y un alto grado de conocimiento de las mismas por parte del exministro del Interior, Jorge Fernández, y en otros casos por la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.
La portavoz de ERC, Pilar Vallugera, basó su intervención en la gravedad y “anormalidad en un Estado de derecho democrático” de ese tipo de actuaciones en la decisión de una juez andorrana, el pasado 13 de junio, de abrir una investigación judicial y considerar como imputados al expresidente Rajoy, al exministro Fernández Díaz y a una serie de altos cargos políticos y policiales de aquel Ejecutivo. Vallugera les atribuyó media docena de presuntos delitos que diversificó desde “violentar fronteras” hasta “presionar a banqueros y falsificar documentos al poner la razón de Estado por encima de todo” para atacar al independentismo. Genís Boadella, del PDeCAT, insistió en que ahora “no se puede mirar para otro lado” ante el abuso y “la vulneración de los derechos fundamentales por parte de los poderes públicos” que achacó al PP en el Gobierno de “todas las herramientas para atacar a rivales políticos”.
Josep Pagés, de Junts y uno de los más férreos impulsores de esta propuesta, destacó la relevancia de “la intromisión del Estado español en la soberanía de un tercer estado” en pleno procés con “amenazas, intimidación, extorsión y chantaje del reino de España a un banco y al gobierno de Andorra”. Pagés, eso sí, avisó al PSOE de que con su enmienda no pretenda solo atacar al PP para ocultar otras posibles implicaciones de responsables posteriores. Jon Iñarritu, de EH Bildu, aprovechó esa alusión para recordar que bajo gobiernos y ministros socialistas se recuperó, impulsó, premió y condecoró en Interior la actividad ilegal del comisario Villarejo. El PNV se limitó a apoyar la propuesta, como hizo más tarde el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, que no desaprovechó el momento para caricaturizar los problemas de la corrupción del PP como si se tratase de una serie con cuatro temporadas.
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Guion repetido
Los portavoces del PP, Luis Santamaría, de Ciudadanos, José María Espejo, y de Vox, Teresa López, repitieron el mismo guion. La proposición les parece una trampa del PSOE y sus socios separatistas para ocultar sus problemas y prolongarse en el poder y la rechazaron. La diputada de Vox usó su turno para plantear mejor investigaciones sobre los crímenes de ETA sin resolver, las niñas tuteladas abusadas en Baleares o el espionaje a niños para ver qué idioma usan en los recreos de los colegios catalanes. Santamaría descalificó la iniciativa como “una caza de brujas o juicio sumarísimo al PP” y enumeró, como hizo en las comisiones anteriores sobre casos de corrupción relacionadas con ese partido, escándalos o polémicas que afectaron en el pasado al PSOE y sus gobiernos para plantear retóricamente una comisión sobre todas las cloacas del Estado sin límites temporales.
Felipe Sicilia, del PSOE y que ha sido portavoz en varias de esas sesiones, le refrescó a Santamaría las conclusiones acordadas en varias de esas comisiones: “El PP cuando llega al Gobierno no tuvo límites ni escrúpulos en utilizar para tapar todo lo que tenía a su alcance para atacar al adversario político y para aprovecharse de las instituciones y utilizarlas para tapar todas las corrupciones en las que estaban inmersos y cuando está en la oposición lo que hace es bloquearlas, como está haciendo ahora con el Consejo del Poder Judicial, ante los juicios que tiene por delante”.
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