No hay interlocutor o analista político que albergue dudas sobre la aprobación de los últimos Presupuestos Generales del Estado de la legislatura, correspondientes a 2023. Esta certeza se basa en que con las Cuentas de los dos ejercicios anteriores los actores que deben llevar las negociaciones a buen término —ya sean los socios de la coalición o los externos— siempre han reculado al borde e incluso antes del precipicio y no ha habido despeñamiento. Voluntad de acuerdo hay, profunda, pero tanta como el enorme tamaño de los escollos. Para demostrar lo primero, las ganas de pactar, los negociadores han decidido separar lo que más les enfrenta para poder avanzar. Los temas de vivienda van a quedar separados del resto de la negociación presupuestaria.
El enfrentamiento sobre las hipotecas y los alquileres entre el PSOE y Unidas Podemos es tan fuerte como parece, tal como exhibió la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales Ione Belarra el pasado viernes. UP dice que el Gobierno debe actuar por ley contra la subida de los alquileres y de las hipotecas suscritas a tipo de interés variables. El rechazo instantáneo de la parte socialista a esa demanda se justifica por el agravio que se produciría con los ciudadanos que suscribieron la suya a tipo fijo. No querer la ruptura no significa que Unidas Podemos vaya a cambiar sus usos como socio: los desacuerdos los hace públicos, y, además, los traduce en iniciativas parlamentarias. Esto acaba de hacer a través de una proposición de ley por la que se pretende que durante un año se suspenda toda subida a las hipotecas variables. Además, la formación de izquierdas presenta una panoplia de medidas de protección a los más vulnerables, que toca los alquileres, para limitar las subidas así como los desahucios. Apartados los asuntos de vivienda, el ensayo se ha hecho con las partidas para Defensa. El aumento del gasto militar, que rechaza UP, irá por el camino de mantener los puestos de trabajo en las empresas dedicadas a material para los ejércitos.
En ambos lados de la coalición se tiene plena conciencia de las acuciantes necesidades que afectan a las clases medias y trabajadoras, como mencionan decenas de veces al día los miembros socialistas del Ejecutivo, pero no solo. Hay otras clases que están muy lejos de poder entrar en el mercado de las hipotecas. Esta vez no ha sido UP, sino el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha hecho eco de las graves carencias de la atención primaria sanitaria. El viernes anunció la aprobación, mañana en el Consejo de Ministros, de una partida de 172 millones de euros. El marco para contarlo fue Zaragoza ante todo el poder territorial de su partido, conocedores y sufridores del problema. Ese dinero se transferirá a las comunidades, gestoras de la sanidad. Los presidentes socialistas se examinarán el último domingo de mayo, y todo es poco. Las políticas sociales están a la cabeza de las preocupaciones porque desde la pandemia, y con la inflación desbocada, las carencias más elementales están aflorando. Las residencias de ancianos y las ayudas a la dependencia, con su amplísima casuística, están en el corazón de la discusión de los Presupuestos del Estado. La situación es muy delicada y la ambición debe ser máxima. Este discurso se escucha en ambas orillas del Gobierno de coalición.
Las prioridades se agolpan. De ello es consciente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando escucha en sus reuniones de alta frecuencia a Josep Vendrell y Nacho Álvarez, negociadores por cuenta de UP. El primero es el jefe de gabinete de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con amplia experiencia institucional y parlamentaria en Cataluña y en Madrid. Nacho Álvarez, economista, es secretario de Estado del Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Belarra.
Así, tanto Díaz como Belarra están al cabo de cada movimiento negociador. Esta corresponsabilidad es fundamental, habida cuenta de que los chispazos entre Diaz y Podemos se producen tanto a la vista de todos como en ámbitos más privados. En Andalucía, la coalición para las últimas elecciones, a la que se llegó de forma abrupta, ha saltado por los aires. En el ámbito nacional la intención es la de actuar en bloque en la negociación con la parte socialista, aunque los matices y la intensidad de la demanda están asegurados.
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No todos los ministros de la parte socialista encajan de la misma manera las propuestas unilaterales de UP. La idea de la vicepresidenta segunda de convenir con las distribuidoras de alimentación cestas de 30 euros ha salido del círculo del escándalo para adentrarse en las posibilidades de que sea viable, siempre a criterio de la iniciativa privada. Aunque los defensores de Díaz se quedan en que abre debate útiles para la sociedad, en el Gobierno se apostilla que el presidente siempre tendrá la última palabra y será el que decida las novedades. Ahora, está en la gran batalla por hacer realidad en toda Europa la limitación de los beneficios extra de las energéticas; el camino cada vez se muestra más allanado. En casa, el PP parece convencido de que esa es la línea y trata de lanzar otros debates, como la demanda de que haya un pacto de rentas. Esa negociación entre sindicatos y patronal está bloqueada a cuenta de la subida de los salarios, sobre la que aún no se ha pronunciado el líder popular.
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