La España Vaciada quiere mostrar en las calles urbanas las carencias del medio rural y que han propiciado su salto político. El pasado fin de semana, Jarandilla de la Vera (Cáceres, 2.800 habitantes) ha acogido la IV Revuelta de la España Vaciada para confirmar estas concentraciones, analizar las relaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el modelo de desarrollo de la España Vaciada entregado al Gobierno en mayo de 2021, así como el impacto de las 130 medidas contra la despoblación que presentó el Ejecutivo. Las más de 120 entidades citadas en Extremadura tienen desde el año pasado abierta la vía política con los parlamentos autonómicos y locales puestos en la mirilla. Así, han acordado manifestarse el 8 de octubre en Madrid y acompañar a los bomberos para exigir soluciones contra los incendios y abrir una senda de movilizaciones en los meses previos a los comicios.
Estos colectivos buscan recuperar la influencia difuminada en un año hiperactivo. Soria ¡Ya! irrumpió en las Cortes de Castilla y León arrasando en su provincia, pero el resto de plataformas autonómicas pincharon en esos comicios; en verano Jaén Merece Más no logró representación en una Andalucía donde triunfó un PP hoy pujante tras resquebrajarse en primavera. De fondo, la invasión rusa sobre Ucrania ha desencadenado una crisis energética que zarandea la economía nacional y continental. Las fuerzas políticas y populares que combaten la despoblación asumen este contexto y miran a las elecciones locales y autonómicas de 2023 para devolver a la agenda unas reivindicaciones que por fin sienten escuchadas pero no ejecutadas. Tras la de octubre, las siguientes concentraciones serán el 28 de diciembre para defender “los servicios públicos en el medio rural” y el 31 de marzo de 2023, con otra gran cita con las urnas ya asomando. El objetivo es mostrarse como “un territorio de oportunidades” y no “de sacrificio”, presionando “desde la calle y hacia las instituciones” para pedir mejores infraestructuras, transporte público o la conectividad, además de rechazar macroproyectos de parques eólicos o solares y las macrogranjas.
Tomás Guitarte, único diputado nacional de Teruel Existe, insiste en que tras este “año tumultuoso” que ha “resituado las prioridades” este desequilibrio territorial debe volver a la agenda. “Casi el 70% de las decisiones sobre la ciudadanía son de competencia autonómica, tenemos que estar ahí”, avisa Guitarte, que valora que los temas rurales “han encontrado soluciones teóricas, pero falta valentía para aplicar las medidas consensuadas”. El parlamentario destaca que el Congreso aborda estas cuestiones, si bien lamenta que “en cuanto surgen pequeños obstáculos se retiran las acciones, hay que vencer esa inercia de que todo sigue igual”.
El camino estrenado por Teruel Existe en 2019 lo siguió en febrero Soria ¡Ya!, con mayoría demoledora en la provincia traducida en tres escaños autonómicos, aunque no bastaron para influir en la gobernabilidad tras el pacto PP-Vox. Las urnas reconocieron los 20 años de activismo, cree el parlamentario Ángel Ceña, que impulsó la candidatura y la diferenció de las presentadas en Burgos, Valladolid, Salamanca y Palencia, con menos arraigo y sin asiento en el Parlamento. “Es una lección, no hay que desdeñar esos resultados ni los de Jaén, que estuvieron muy cerca”, afirma el soriano, que prevé un “intenso” 2023. Marimar Martín, gerente de una plataforma segoviana social y no política, aplaude la solidaridad de los partidos para abordar causas comunes: “No solo defienden a su territorio, sino la problemática y las soluciones que pueden afectar a la España Vaciada más allá de sus intereses territoriales”. El siguiente paso: que las palabras se hagan hechos, tal y como refrenda Juanma Camacho, coordinador de Jaén Merece Más. Solo 2.800 votos impidieron lograr un diputado regional para, según Camacho, reiterar que más allá de que la despoblación se esté abordando en la política, faltan resultados: “Seguimos sin tener trenes, creación de empleo o descentralizaciones”.
La acción política, añade Chema Mezquita, de la Coordinadora Rural de Zamora, que rechazó concurrir en febrero, no basta sin activismo callejero: “Se necesita una sociedad civil reivindicativa y unida, porque no hay soluciones fáciles, no solo con un movimiento político se van a resolver los problemas en nuestros pueblos”. El zamorano, que ha sufrido graves incendios en su provincia, ejemplifica con que en Castilla y León nadie ha asumido responsabilidades políticas pese a la tragedia y ruega movilización: “Si en vez de 5.000 personas manifestándose en Zamora se hubieran manifestado 50.000 podríamos presionar más que con procuradores en las Cortes”.
Uno de los anfitriones de la reunión en Cáceres, Fernando Pulido, de Extremadura España Vaciada, celebra que mediante “el movimiento social y la manifestación de 2019 en Madrid” se llevó la despoblación a la agenda, pero ve que las medidas aún son ineficientes. La presencia parlamentaria, esgrime, resulta esencial: “El salto político se debe a muchos años de ninguneo, aunque ahora hay pequeños avances, es insuficiente”.
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