La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha acusado este miércoles al PP de “alentar un sentimiento anticatalanista” por respaldar la manifestación del pasado domingo en Barcelona en defensa del castellano como lengua vehicular en la escuela. A esa marcha, convocada por varias asociaciones que defienden el bilingüismo, asistió la número dos de los populares, Cuca Gamarra, así como los líderes de Vox, Santiago Abascal, y Ciudadanos, Inés Arrimadas. No la apoyaron ni el PSC ni En Comú Podem. La manifestación reclamaba que el castellano, y no sólo el catalán, sea también considerada lengua vehicular —es decir, que se use para impartir alguna asignatura, más allá de la de Lengua Castellana— en las escuelas de Cataluña, en cumplimiento de numerosas sentencias que así lo han establecido en los últimos años.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de que la diputada del PP Sandra Moneo acusase a la ministra de ser “cómplice”, por su “inacción”, de la política lingüística de la Generalitat, Alegría ha replicado: “Ustedes no fueron el domingo a Cataluña pensando en las familias catalanas, ustedes fueron con el único objetivo de arengar la división y el enfrentamiento. Ustedes fueron a esa manifestación, agarrados del brazo del señor Abascal, porque lo que ustedes pretenden es volver a la Cataluña de 2017 y de paso alentar un sentimiento anticatalanista a ver si de esa manera recogen algún rédito electoral en otros territorios”.
Moneo había arremetido contra la actitud del Gobierno apelando precisamente a la manifestación que el pasado domingo reunió a varios miles de personas en Barcelona (2.800 según la Guardia Urbana, 120.000 según los convocantes). La diputada del PP afirmó que esa no fue “una protesta contra nadie, sino en favor de los derechos lingüísticos”. Y acusó al Ejecutivo de no hacer nada para detener una política “que expulsa al castellano de las aulas en contra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y, lo que es peor, en contra de la Constitución”.
La ministra se escudó en que la sentencia judicial que obliga a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano está pendiente de una cuestión de constitucionalidad que el tribunal catalán ha presentado ante el Constitucional. El TSJC entiende que la nueva ley aprobada por el Parlament para esquivar la obligatoriedad del 25% del castellano puede transgredir la Ley Fundamental. Alegría subrayó que esa iniciativa ante el Constitucional ha sido respaldada por la Abogacía del Estado. Las asociaciones en defensa del bilingüismo acusan, sin embargo, al Gobierno de no haber llevado él mismo la ley catalana ante el Constitucional, lo que podría haber paralizado su aplicación.
Los ecos de la manifestación del pasado domingo en Barcelona han recorrido todo el pleno del Congreso de esta semana, con varias iniciativas de la oposición para cargar contra la postura del Gobierno. Vox y Ciudadanos también han aprovechado para cargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no asistir a la marcha y defender una política de “cordialidad lingüística” que no ha concretado. El PP ha secundado las duras críticas al Ejecutivo, pero ha evitado entrar en controversia con las otras formaciones del bloque de la derecha. Alegría, en cambio, ha aprovechado la pregunta del PP para ironizar con que Feijóo quiso evitar “un Colón 2″ [la foto de los líderes de PP, Ciudadanos y Vox en la madrileña plaza de Colón en 2019] y “practicó su juego favorito: el escondite”.
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