La escalada de precios inmobiliarios, de energía y la crisis económica que sacude tanto a España como al mundo entero parecen ser prioridades de primer nivel que los gobiernos y los bloques económicos deberían estar solucionando, sin embargo, ante la anarquía organizacional del sistema internacional, el mundo y, principalmente la OTAN se centran en el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Por ello que la Alianza Transatlántica le sugirió a España casi duplicar su gasto en las fuerzas armadas.
El Gobierno planea diluir entre distintas partidas el previsto incremento del gasto militar para facilitar así la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 por parte de sus socios de coalición, Unidas Podemos, y de sus aliados parlamentarios, según fuentes gubernamentales. El presidente Pedro Sánchez se comprometió durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid los pasados 29 y 30 de junio a elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB en 2029. Eso supondrá casi duplicar en siete años los 13.130 millones de euros (el 1,01% del PIB) a los que, según cálculos de la OTAN, ascenderá este año el gasto militar español.
Para iniciar la senda de crecimiento, el presupuesto de Defensa debería aumentar en unos 2.500 millones el próximo ejercicio, pero un crecimiento tan fuerte resulta difícil de explicar ante la necesidad de atender las urgentes demandas sociales generadas por la escalada de precios y la crisis económica. La fórmula que baraja el Gobierno consiste en aprobar un moderado aumento del presupuesto de Defensa y complementarlo luego con créditos a corto y medio plazo.
De hecho, esa fórmula ya se ha aplicado este año. Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Ministerio de Defensa es el que más se ha beneficiado de las ampliaciones, suplementos e incorporaciones de crédito aprobadas por el Gobierno hasta el 31 de julio, con un total de 2.205 millones. Eso se suma a los 10.155 del presupuesto inicial (el cálculo de la OTAN es superior porque incluye conceptos como las pensiones militares, que paga la Seguridad Social). Este aumento incluye, entre otras partidas, el crédito de 999,7 millones aprobado el pasado 5 de julio para compensar los gastos de la guerra de Ucrania y más de 500 millones para financiar las llamadas operaciones de mantenimiento de la paz (OMP), que solo en una pequeña parte se sufragan con el presupuesto ordinario.
La mayor parte de este dinero sale del llamado Fondo de Contingencia, una cantidad incluida en los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a imprevistos y cuyo montante equivale al 2% del gasto no financiero, excluidas las transferencias a comunidades autónomas y entes locales. Está previsto que en 2023 ascienda a casi 4.000 millones.
El problema de tirar de esta hucha para sufragar el gasto en Defensa es que se corre el riesgo encontrarla vacía cuando se la necesite para hacer frente a una catástrofe o una emergencia. Además, a diferencia del presupuesto ordinario, los departamentos beneficiados no pueden disponer de estos fondos desde el 1 de enero, sino solo a medida que el Consejo de Ministros va aprobando las correspondientes transferencias, y pierden todo lo que no sean capaces de gastar antes del 31 de diciembre. Por eso, el aumento del presupuesto de Defensa no puede medirse a partir de los 12.300 millones de los que ha dispuesto finalmente este año, sino de los 10.155 que aprobaron las Cortes.
En declaraciones a la Cadena SER, el pasado día 1, Pedro Sánchez reiteró su compromiso de aumentar el gasto en Defensa y apeló, además de a la necesidad de disuadir a Rusia, a la labor de la Unión Militar de Emergencias (UME), empeñada este verano en la lucha contra los incendios forestales; al incremento del sueldo de los militares y a los 100.000 empleos generados por la industria de Defensa. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reiterado su rechazo al anunciado aumento del gasto militar. Ha subrayado que “España no necesita más aviones ni armas, sino invertir en conciliación, dependencia y lucha contra la violencia machista”, pero ha dejado una puerta abierta al matizar que “se puede hacer una inversión para subir el salario de la tropa, en vez de gastarlo en empresas armamentísticas americanas”.
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado que España se ha comprometido a llegar al 2% del PIB en gasto militar “y eso se va a cumplir. Por mucho que le demos vueltas, la posición del Gobierno es muy clara y está marcada por el presidente”, zanjaba el pasado lunes. Robles no ha querido, sin embargo, entrar en detalles sobre cómo debe arbitrarse ese incremento, alegando que la fórmula concreta corresponde a Hacienda.
Más allá de su propio presupuesto, Defensa tiene otras fuentes de financiación, como la venta de terrenos militares, pero el mecanismo que planea emplear el Gobierno para completar el aumento del gasto militar son los créditos del Ministerio de Industria para prefinanciar proyectos tecnológicos de la industria de Defensa.
En los presupuestos de este año, Industria disponía de una partida de 358,2 millones para sufragarlos, pero el Consejo de Ministros aprobó nuevos programas militares (Halcón, Tigre MK III y Euromale REPAS) por otros 374 millones. Aunque el compromiso máximo de gasto previsto para 2023 era de 874 millones, solo los tres nuevos programas suman 554 millones para el próximo ejercicio.
Estos créditos no computan como gasto público, pues se trata de créditos a la industria militar que esta tendrá que devolver cuando entregue sus productos a los ejércitos y Defensa le pague. Por eso tenía razón la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al asegurar que al menos esta parte del aumento del presupuesto militar no está incluido en el techo de gasto pactado por el Gobierno y aprobado el pasado día 13 por el Congreso. Pero inevitablemente ese dinero acabará figurando en el presupuesto de Defensa. No en el de 2023, pero sí en los de años venideros.
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