Es posible que el 26 de septiembre Nicolás Maduro se encuentre con Gustavo Petro en la apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, lo que será un hito para zanjar años de hostilidades diplomáticas entre ambos países. Ese día, sin embargo, el mandatario venezolano también será el centro del debate en la presentación del tercer informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas en el diálogo interactivo entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Allí, por primera vez, se le señalará como responsable de las violaciones de derechos humanos que se han generado en el marco de “una política de Estado que ha usado métodos que constituyen crímenes de lesa humanidad”.
Esta semana, los miembros de la misión hicieron públicos sus hallazgos, entre los que se detallan nombres de torturadores, el uso de herramientas como “la señorita”, un dispositivo para deformar los cuerpos de detenidos y sumergirlos en tanques de agua y el establecimiento de un patrón para seleccionar objetivos que ha sido incorporado a las prácticas de los organismos de inteligencia en Venezuela. El abogado chileno Francisco Cox, integrante de la misión, quien antes investigó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa por designación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y litigó ante la Corte Penal Internacional (CPI), repasa en entrevista con Columna Digital el informe y advierte sobre las implicaciones que deberían tener sus revelaciones.
Pregunta: ¿Qué de todo lo revelado en los tres informes de la Misión le preocupa más?
Respuesta: En el primer informe manifestamos que había crímenes de lesa humanidad con políticas como detenciones arbitrarias y torturas a personas de la oposición o percibidas como disidentes del Gobierno. En el segundo informe, hicimos un análisis sobre el comportamiento del sistema de justicia y lo que concluimos es que a veces se contribuía a las detenciones arbitrarias, no se hacía un control efectivo sobre cuerpos de seguridad como Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar). Ahora damos cuenta de las personas y de la estructura y dejamos en evidencia que hay distintas contribuciones que permiten la materialización de esta política de Estado. Nuestra mayor preocupación es que hay una implementación de una política de Estado para silenciar y perseguir a opositores o a quienes son percibidas como disidentes por parte del Gobierno de Venezuela y ahí se incluye a personas como tuiteros, o el que manifiesta una crítica al Gobierno. También se usa la detención de familiares para que los objetivos terminen entregándose.
P. El fiscal general Tarek William Saab dijo hace unos días que el sistema judicial venezolano no necesita justicia transicional que lo tutele.
R. Las primeras instituciones llamadas a hacerse cargo de estos informes, proporcionar acceso a la justicia a las víctimas y hacer investigaciones imparciales son las autoridades venezolanos. El sistema internacional de justicia y la Corte Penal Internacional son complementarias a las instituciones nacionales. Pero lo que lamentablemente confirmamos con nuestro segundo informe es la justicia venezolana no actúa con la debida imparcialidad exigida por los estándares internacionales o por los propios de la Constitución de Venezuela. Entonces habría que hacer reformas, pero no solo eso, porque en América Latina hay una tendencia a creer que con dictar una ley se cambia la situación. Tenemos decretos dictados por el propio presidente Nicolás Maduro que dicen que no se puede seguir usando la cárcel del Helicoide y sabemos que hay al menos 70 personas que continúan detenidas ahí. Creemos que hay reformas que se tienen que hacer y el hecho de que esté pendiente una decisión sobre el inicio de una investigación en la CPI da cuenta de la necesidad de que la comunidad internacional siga pendiente de la situación de Venezuela.
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P. En el informe por primera vez se señala que Nicolás Maduro y otros altos cargos deben ser investigados penalmente. ¿Cómo puede ocurrir eso?
R. Nuestro estándar probatorio no es el de un tribunal. Decimos lo que decimos porque hay motivos razonables para investigar. No solo es la CPI la que puede hacerlo. Hay países con jurisdicción internacional que pueden iniciar sus investigaciones. Aquí hay una política de Estado que se toma desde el círculo del presidente, en la que también hay personas como Diosdado Cabello, pero también señalamos a quienes desde el Dgcim y Sebin lo facilitan.
P. En el informe revelan la actuación de agentes de inteligencia venezolanos en países como Colombia y Panamá para la detención de opositores. ¿Qué implicaciones puede tener eso a nivel internacional, especialmente con Colombia en pleno reinicio de las relaciones diplomáticas?
R. Nosotros tenemos un mandato muy preciso y no podemos hablar del restablecimiento de las relaciones entre Estados. Pero lo que sí podemos decir es que nuestros informes tienen que ser tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre las relaciones bilaterales o multilaterales, porque somos un órgano creado por Naciones Unidas y los países miembros deben tenerlos como referente sobre lo que pasa en Venezuela. Que se introduzcan elementos de inteligencia en otros países sin autorización debería ser un llamado de atención. Insistimos en que la comunidad internacional debe mantener la supervigilancia sobre la situación en Venezuela, porque el principio de no injerencia tiene como límite los derechos humanos. Se debe seguir fortaleciendo el mandato de la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos en el terreno y renovar el mandato de la misión. Y obviamente está la CPI, con su independencia, que debe seguir adelante con la investigación que ahora está suspendida por solicitud de Venezuela.
P. Los miembros de la misión no han podido visitar Columna Digital. ¿Qué limitaciones ha tenido esto para la investigación?
R. No estamos autorizados por el Gobierno a ingresar al país. Lo que hace el equipo es conversar con personas que están dentro de Venezuela con los protocolos necesarios para no exponerlos, también acceder a documentos oficiales como los expedientes judiciales que nos han facilitado y hablar con quienes han salido de Venezuela. También se han visitado las zonas de la frontera para investigar específicamente la situación del Arco Minero.
P. ¿Qué impacto tiene para la región lo que está ocurriendo en el Arco Minero del Orinoco?
R. Es una región muy difícil de documentar porque Venezuela decidió hacer de esta una zona estratégica con una resolución sin consulta previa, en una zona donde viven muchos pueblos originarios que no fueron consultados. Es muy difícil tener cifras, pero estimaciones de distintas fuentes nos dicen que entre un 70 y 90% del oro que sale de esas zonas es ilegal, por las condiciones en las que se extrae, donde hay grupos armados y se cometen violaciones a los derechos humanos como la explotación sexual o el castigo corporal frente a personas acusadas de robar. Es una situación sumamente compleja de gran daño ecológico, pero también de graves violaciones de derechos humanos.
P. ¿Con qué se puede comparar en la región la situación de los derechos humanos en Venezuela?
R. No puedo comparar porque no tengo el nivel de documentación de otras situaciones, pero se puede tomar como referente que el Consejo de Derechos Humanos creó una misión similar a la nuestra en Nicaragua y ese es el único otro país de la región que tiene una Misión de Determinación de los Hechos en América Latina y el Caribe. Eso puede dar un cierto parámetro de similitud de gravedad. Y, obviamente en el pasado, Colombia, que tuvo un examen preliminar de la CPI que se cerró el año pasado.
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