Las tensiones que se han vuelto a encender tras el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se acusa que la FGR ha desistido de 21 órdenes de aprehensión de las 83 libradas por la desaparición de los normalistas de los cuales se encuentran varios militares del 27y 41 Batallón de Infantería de Iguala. Las investigaciones sacuden la opinión pública y exigen mayor fluidez en la búsqueda de los culpables, sean quienes sean, sin protección política.
La defensa de los cuatro militares detenidos por su supuesta relación en el caso Ayotzinapa acusaron al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, de politizar el hecho y de presentar pruebas falsas contra los elementos del Ejército.
“Pedimos al subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la Covaj, deje de estar politizando las investigaciones, para que los padres de los estudiantes desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulaciones”, sostuvo el abogado Alejandro Robledo Carretero.
En conferencia de prensa afuera del Campo Militar No.1, donde se encuentra detenido el excomandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, por supuestamente haber ordenado el asesinato de seis normalistas días después de su desaparición forzada, la defensa también acusó a Encinas de presentar pruebas falsas contra sus clientes.
José Rodríguez Pérez es acusado de delincuencia organizada junto con el excapitán José Martínez Crespo, el exsubteniente Fabián Alejandro Pirita y el exsargento Eduardo Mota Esquivel, a quienes además se les imputa el delito de desaparición forzada. Todos ellos detenidos desde el pasado 14 de septiembre.
De acuerdo con el equipo legal conformado por Robledo Carretero y César Omar González, no existen evidencias comprobables más que la declaración de un testigo protegido con el seudónimo “Juan” de la participación de los militares en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de su relación con el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.
“Salvo los dichos no corroborados del referido testigo protegido, no existen evidencias de que los citados militares tuvieran relación con ningún grupo criminal ni de que hayan tenido contacto alguno con los 43 estudiantes desaparecidos y por ende participado en forma alguna en dicha desaparición”.
Asimismo rechazaron que, contrario a lo señalado por el subsecretario Alejandro Encinas, los cargos que se les imputan a los cuatro militares no tienen relación alguna con el caso Ayotzinapa “como maliciosamente se ha hecho creer a los familiares de los estudiantes desaparecidos”.
Sobre el último informe del caso Ayotzinapa presentado del el pasado 18 de agosto, los abogados acusaron que se encuentra “plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones”, por lo que cuestionaron la fiabilidad de los chats que relacionan a sus clientes con la desaparición de los jóvenes en septiembre de 2014, debido a que el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes rechazó tener conocimiento de ellos.
“Lo anterior implica que hasta antes de la difusión del informe, no se contaba con indicio alguno de que existieran capturas de pantalla con las supuestas conversaciones que se dieron a conocer; no se sabe cómo, cuándo, dónde ni de quién se obtuvieron las cuestionables conversaciones, lo cual hace muy probable de que lo que se nos está presentando por parte del subsecretario Encinas se traten de conversaciones falsas”, sostuvieron.
Además, adelantaron que presentarán denuncias contra el también titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa en caso de que haya indicios de que él haya filtrado información sobre la investigación.
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