El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado este viernes la adhesión de las provincias ucranias de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón al territorio de la Federación de Rusia. El proceso de anexión formal se completará el próximo martes con su aprobación en una sesión con carácter urgente en la Duma. Este es un paso unilateral e ilegal que llega tras la celebración entre el 23 y el 27 de septiembre de referendos sin garantías democráticas. Las autoridades impuestas por Moscú en estas cuatro provincias parcialmente ocupadas presentaron este miércoles al Kremlin los resultados de la votación que arrojó, según datos no corroborados por fuentes independientes, un apoyo a la anexión de entre el 87% y el 99%.
Contra la Carta de la ONU
José Antonio Perea Unceta, escritor y profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid, afirma en conversación telefónica que los referendos impulsados por las fuerzas prorrusas son ilegales “porque el soberano es el Gobierno de Ucrania y no hay ninguna norma internacional que contemple la secesión”. Alfonso Iglesias Velasco, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid, señala en un intercambio de correos que la anexión territorial firmada por Moscú es ilegal debido a que proviene del uso de la fuerza y, por tanto, viola la Carta de Naciones Unidas de 1945, de la que Rusia y Ucrania, como miembros de la ONU, son signatarios.
Esta, en el artículo 2 del primer capítulo, dice lo siguiente: “Todos los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”. Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón forman parte de la integridad territorial de Ucrania.
Para darle legitimidad interna, Moscú ha utilizado en estos cuatro casos la misma fórmula que usó para sellar la anexión de Crimea en marzo de 2014: reconocimiento de la independencia de los territorios objetos de la anexión y, posteriormente, la consulta sobre la anexión a la Federación de Rusia.
La comunidad internacional se ha manifestado desde un primer momento contra el reconocimiento de estas consultas de anexión. Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, declaró este martes que los referendos tendrían consecuencias negativas para sus promotores, un punto que comparte también Estados Unidos. Perea Unceta cree que países que mantienen relaciones con Rusia como Serbia, China o Kazajistán “no tienen la intención de apoyar la anexión”. Por el contrario, el experto opina que posiblemente sí lo hagan otros en la órbita de Moscú como Cuba, Siria, Eritrea, o Etiopía.
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Sin censo y bajo coacción
Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que supervisan referendos a nivel nacional y regional, son contrarias a celebrar elecciones en zonas bajo un contexto de guerra, como el que viven actualmente los ciudadanos de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. “La OSCE tiene unas reglas básicas para garantizar la legalidad en los referendos, por ejemplo, que haya un órgano electoral con control judicial; un debate electoral en el que se asegure la libertad de expresión; que los ciudadanos puedan acceder a la prensa y a la televisión para elegir entre el sí y el no. Cosas que aquí [en estas cuatro regiones ocupadas] no ha habido”, describe Perea Unceta.
Otro de los puntos clave en cualquier elección con garantías es el censo de los votantes. En este caso no hubo registro censal ―la lista que recoge el número de personas con derecho a voto y que queda bajo el poder de los interventores―, un requisito indispensable para celebrar una consulta. A esto se suma que la población votó bajo coacción, según ha denunciado el Gobierno ucranio de Volodímir Zelenski. Kiev ha denunciado que los militares fueron a las casas, a los lugares de trabajo y a los hospitales a imponer el voto a los ciudadanos. Igualmente, las autoridades ucranias han lamentado la presencia de personas armadas que aguardaban junto a los portadores de las urnas.
Alteración demográfica
Rosa Fernández Egea, doctora y profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Madrid, explica por teléfono que estos plebiscitos, además de ser ilegales, se han celebrado en “espacios ocupados” que han sufrido profundos cambios demográficos desde el inicio de la invasión rusa. Fernández Egea incide en que parte de la actual población “ha sido importada por Rusia” y que muchos de los ucranios que residían allí han huido desde finales de febrero. Su colega Perea Unceta define esta situación como una “alteración artificial de la población”.
En los siete meses que dura ya el conflicto, una parte de los ciudadanos ucranios han tenido que abandonar sus hogares. Por el momento, más de siete millones de personas han pedido asilo fuera del país, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Además, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), existen otros siete millones de desplazados internos.
En su último informe, del 26 de septiembre de 2022, la ONU cifra en 5.996 el número de civiles fallecidos a causa del conflicto desde que inició la ofensiva, el pasado febrero.
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