Cuando aún siguen calientes los rescoldos del incendio en forma de guerra fiscal que el presidente de la Junta de Andalucía provocó con su anuncio de supresión del impuesto sobre el Patrimonio, el popular Juan Manuel Moreno ha avivado otra llama: la de la reforma de la financiación autonómica y, mientras llega, la exigencia de un fondo transitorio de compensación, una reivindicación en la que va de la mano con el líder territorial del PP en Murcia, Fernando López Miras, y con el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig. En este contexto de ofensiva fiscal y financiera, el dirigente andaluz recibe este jueves en el Palacio de San Telmo de Sevilla a su homólogo aragonés, el socialista Javier Lambán, con una visión opuesta en cuanto al modelo de financiación y a la filosofía impositiva que defiende su anfitrión.
El Gobierno andaluz enmarca este encuentro dentro de la ronda de reuniones para impulsar un cambio en el sistema de financiación autonómico que ya lideró Moreno en la pasada legislatura de la mano de Puig y López Miras —y del que se desmarcó el que entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo— y que pretende retomar, pero fuentes de la Diputación General de Aragón rebajan las expectativas de la cumbre y la sitúan en lo que se acordó en un primer momento: la renovación de un convenio para desarrollar estrategias conjuntas en materia de logística e intermodalidad en el eje Algeciras-Zaragoza que se firmó por primera vez con Susana Díaz cuando era presidenta de la Junta. “No se va a hablar de financiación. Cuando se planteó esta reunión, hace mucho tiempo, no existía ningún problema de impuestos”, subrayan esas fuentes.
Moreno se ha erigido en el adalid de los barones populares frente al Gobierno, arrebatándole el testigo y el protagonismo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Auyso. En el último mes, el presidente andaluz ha confrontado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia tributaria —amagando con ir a los tribunales si finalmente el llamado “impuesto a los ricos” anunciado por el Ministerio de Hacienda para contrarrestar el efecto de la bonificación al 100% del de Patrimonio, supone una invasión de las competencias autonómicas― y a cuenta de las inversiones estatales en obras hídricas en Andalucía para atajar la sequía, pese a haber suspendido el canon del agua en esa comunidad —una tasa finalista dirigida a financiar infraestructuras hidráulicas―.
Ahora ha retomado —aunque nunca ha dejado de esgrimirla― la reclamación al Estado de un fondo de compensación transitorio para paliar la infrafinanciación autonómica que la Junta cifra en 4.000 millones, una medida que tiene el respaldo del presidente valenciano, pero que no va a contar con la complicidad de Lambán. El presidente de Aragón tampoco ha dejado de criticar en el tiempo que lleva al frente de la Diputación General de Aragón “la flagrante y agónica” falta de financiación de esa comunidad y también pide un fondo extra, pero hasta allí llegan las similitudes.
Lambán reclama un fondo compensatorio, pero para todas las comunidades autónomas, porque considera que “la angustiosa situación financiera es extensible” al conjunto de comunidades. Los criterios de reparto también difieren por completo de los que defienden Moreno y Puig —que abogan por conceder peso específico a la población real―, aunque se acercan bastante a los que plantea el presidente del PP: despoblación, dispersión territorial y sobreenvejecimiento. Aragón representa el 10% del territorio nacional y solo tienen el 3% de la población, lo que incrementa el coste real de hacer llegar los servicios púbicos a todos los rincones de esa comunidad.
El presidente aragonés también ha sido muy crítico con las bajadas de impuestos impulsadas por el PP. “Lanza un mensaje peligroso para el concepto de democracia”, señaló el pasado lunes en referencia a la supresión del impuesto de patrimonio y del intento fallido de la primera ministra británica, Liz Truss, de rebajar el tramo más alto del impuesto sobre la renta. “Pone en cuestión el Estado de bienestar, los servicios públicos y lo conseguido en 40 años de democracia. En momentos de inflación galopante no se pueden bajar impuestos”, zanjó
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Lambán, no obstante, sí parece estar dispuesto a seguir la estela que ya han iniciado los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha de revisar su fiscalidad a la baja, aunque en el acuerdo de Gobierno con Podemos, Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés (PAR). El dirigente aragonés ha dado a sus socios en la Diputación General de Aragón de plazo hasta el 10 de octubre para que respondan a la carta que les envió el consejero de Hacienda para analizar la revisión de los impuestos.
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