El octavo paquete de sanciones europeas contra Rusia por su ofensiva bélica en Ucrania ha entrado este jueves en vigor con el objetivo declarado de agujerear, cada vez más, la ya mermada economía rusa. Una meta que, según asegura Bruselas, y a pesar de los desmentidos de Moscú, es significativa y cuantificable. La UE era el primer socio comercial de Rusia antes de la guerra. Pero desde los primeros paquetes de sanciones, anunciados nada más comenzar la invasión de Ucrania en febrero, hasta esta octava ronda, decidida y aprobada solo días después de la anexión ilegal de los territorios ocupados de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, casi el 60% de las exportaciones rusas a Europa se han visto afectadas, al igual que un tercio de sus importaciones de productos europeos, especialmente tecnología y material clave para la industria militar.
“En 2021 [de un volumen total de 89.300 millones exportado a Rusia] la cantidad afectada por las sanciones asciende a 30.000 millones de euros y las restricciones a los bienes importados afectan a 90.000 millones [de los 162.000 millones importados hace un año]”, señalaron este jueves altos funcionarios europeos al explicar las nuevas sanciones. Solo este último paquete supondrá un recorte adicional de 7.000 millones de euros en los ingresos rusos por nuevos bienes —productos acabados y semiacabados de acero, maquinaria, plásticos, vehículos, textiles, calzado, cuero, algunos productos químicos o joyería— que ya no podrá vender a Europa.
Entre los bienes incluidos en el cálculo figuran el petróleo y otras materias primas, cuyas sanciones no entrarán en vigor hasta finales de año. El potencial de merma en la economía rusa es, por tanto más alto. En volúmenes comerciales, el golpe que ya han propinado las sanciones implica, según las fuentes de Bruselas, que Europa, en apenas siete meses, ha logrado “desacoplar un tercio de sus exportaciones de antes de la guerra y algo menos del 60% de las importaciones previas a la guerra”.
En materia de prohibición de exportaciones, destinadas sobre todo a “reducir el acceso ruso a productos militares, industriales y tecnológicos”, se veta a partir de ahora vender a Rusia carbón, incluida la hulla de coque, que se usa en plantas industriales de ese país, así como componentes electrónicos que se han hallado en armas “en el campo de batalla”, algunos químicos y productos técnicos usados en el sector de la aviación. Además, se añade una prohibición para exportar armas pequeñas y otros bienes bajo la regulación antitortura.
“Estamos golpeando más la economía de guerra rusa, limitando sus capacidades de exportación e importación”, celebró en un comunicado el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, quien recordó que las nuevas sanciones “demuestran” la “determinación para parar la maquinaria de guerra del presidente ruso, Vladímir Putin, y responden a su última escalada, con pseudorreferendos y la anexión ilegal de territorios ucranios”.
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De hecho, la lista negra de personas y entidades sancionadas, a los que se niega la entrada en territorio europeo y cuyos bienes se congelan, añade 37 nuevos nombres para alcanzar un total de 1.351. Casi la mitad de los nuevos sancionados son autoridades o personas cercanas a ellas en los territorios ilegalmente anexionados por Rusia o que han facilitado la organización de los referendos de anexión calificados unánimemente de farsa por la comunidad internacional. También entran más altos cargos del Ministerio de Defensa ruso y nuevos militares de alto rango, personalidades muy vinculadas a Putin como el filósofo ultranacionalista Alexander Dugin, como ya adelantó Columna Digital, así como varias empresas que siguen apoyando la guerra en Ucrania con material militar.
El octavo paquete añade un nuevo criterio para entrar en esta lista negra: podrán ser incluidas las personas que “faciliten violaciones de la prohibición de evadir las sanciones”, esto es, individuos que, por ejemplo, faciliten la llegada a territorio europeo de algún producto producido en Rusia haciéndolo pasar como si fuera de otro país.
También incluye la llamada cláusula Schröder, que prohíbe a los ciudadanos de la UE ocupar puestos en los consejos de administración de empresas estatales rusas. Recibe este nombre debido a que una de las figuras más prominentes afectadas, el excanciller alemán Gerhard Schröder, reconvertido en uno de los principales lobbistas de Putin en los últimos años y que solo renunció a sus cargos en compañías rusas —en mayo dimitió de su puesto en la petrolera Rosneft y declinó una oferta de Gazprom— después de que el Parlamento alemán anulase parte de sus privilegios como antiguo jefe de Gobierno. Schröder no es el único dirigente europeo que acabó su carrera en consejos de empresas rusas: también el ex primer ministro francés François Fillon se vio obligado a abandonar sus cargos en otras empresas rusas, el gigante de la petroquímica Sibur y la compañía especializada en hidrocarburos Zarubezhenf tras el comienzo de la guerra.
Hacia un tope del precio del petróleo ruso
La nueva ronda de sanciones pone a Europa “en la vía rápida” para liberarla “de la dependencia energética rusa”, destacó Borrell en referencia a una de las novedades clave de las sanciones, la presentación de la base legal para fijar un tope al precio del petróleo ruso y sus derivados exportados, acordado con el G-7.
Uno de los principales escollos para esta propuesta eran las reticencias de los principales países navieros de la UE, Grecia, Chipre y Malta, que temían perder cuota de mercado con el condicionamiento de que sus navieras solo podrán transportar el petróleo ruso a terceros países si este se vende a un importe igual o inferior al establecido por el tope internacional. El texto de las sanciones señala que la prohibición “no será aplicable hasta que el Consejo adopte las medidas necesarias que hagan aplicable el tope del precio”.
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