El cambio climático cada vez implica mayores certezas. Además de ser una crisis generada por la influencia humana también se sabe que, a nivel mundial, el mayor porcentaje de emisiones de gases efecto invernadero vienen del sector energético, impulsado en gran parte por los combustibles fósiles. Y aunque América Latina no ha sido históricamente un gran responsable de estas emisiones sí es altamente vulnerable a los impactos que la crisis climática ya está dejando: mayor riesgo de sequías extremas, escasez de agua e, incluso, ser más propensos a la inseguridad alimentaria.
Ante este escenario, un grupo de nueve congresistas y diputados de Latinoamérica y el Caribe se reunió en el Congreso de Colombia para unirse, por primera vez, al Llamado de los Parlamentarios por un futuro libre de combustibles fósiles, un movimiento que nació en Asia, pero que ha ido migrando alrededor del mundo para que los representantes impulsen en sus países agendas que busquen eliminar gradualmente el petróleo, el gas y el carbón. Esto con el fin de desacelerar el debacle ambiental y climático que vive el mundo.
“Tenemos evidencia para decir con confianza media y alta que los extremos de calor han venido aumentando en Latinoamérica y el Caribe”, recordó durante la apertura del evento la científica colombiana Paola Arias, autora del más reciente informe sobre la ciencia del cambio climático del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y quien dio una clase a los parlamentarios. “Y hay confianza media y alta que se debe a los fósiles y el cambio de uso del suelo por actividad humana”.
Lograr que los parlamentarios y que los países de la región hagan un llamado explícito a dejar de impulsar los combustibles fósiles no fue una discusión fácil. Se trata de países que son muchas veces grandes productores, pero no necesariamente grandes consumidores de las energías con combustibles fósiles. Entre las preguntas que rondan en este debate está a quién debe ser el llamado y cómo lograr un mensaje que deje claro el panorama de Latinoamérica; o de qué combustibles fósiles se debe hablar.
Por ejemplo, mientras que el diputado mexicano Gabriel Quadri, del Partido Acción Nacional (PAN), apuntó más a apelar a quienes demandan estas energías y a no referirse específicamente a combustibles como el gas, Martina Casas, diputada suplente del Frente Amplio de Uruguay y Julia Miranda, representante colombiana del Nuevo Liberalismo y quien convocó a la iniciativa, propusieron ser claros frente al lenguaje que se usa con el gas natural, una energía que en muchos países de la región se contempla como verde o de transición, pero que genera fugas de metano, uno de los gases efecto invernadero más potentes a la hora de calentar la atmósfera.
El borrador del documento que construyeron los parlamentarios, finalmente, quedó dividido en cuatro bloques: reconocimiento, invitación, compromisos y consideraciones. “La región de Latinoamérica y el Caribe puede sufrir daños irreparables por su alta vulnerabilidad a los cambios extremos del clima y el sistema de desarrollo basado en combustibles fósiles es la mayor causa de la crisis climática”, se lee en el primer bloque.
A lo largo de la declaración, además, señalan que “hay una grave incidencia del greenwashing [cuando se vende una imagen de sostenibilidad que no es real] y el ocultamiento de información”, que “debe haber una diferenciación que reconozca las responsabilidades históricas entre países y poblaciones” e invitan a otros parlamentarios a vincularse a esta iniciativa. En cuanto a sus compromisos como parlamentarios dan varias señales importantes: movilizar a sus equipos para intentar de todas las formas posibles eliminar los subsidios a las industrias del petróleo, el gas y el carbón, sancionar a los que contaminan y beneficiar a los que apuestan por modos más limpios y que toda la transición sea justa e incluya las mejores prácticas para no generar desigualdad.
La versión final de este documento, que tentativamente será editada, firmada y aprobada por los nueve parlamentarios de Perú, México, Chile, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y Colombia, será enviada a la presidencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que, este año, estará en manos del egipcio Sameh Shoukry y será celebrada en la ciudad de Sharm El Sheikh entre el 9 y el 18 de noviembre. La idea con que este llamado llegue a la COP27 no es solo comunicar una visión latinoamericana del cambio climático, sino que estas peticiones puedan permear en la agenda de las negociaciones climáticas más importantes a nivel político. Como lo recordaron los parlamentarios durante su reunión, en el mismo Acuerdo de París, la guía más ambiciosa a nivel internacional para combatir el cambio climático, no se mencionan las palabras combustibles fósiles.
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