Las bajas por enfermedades comunes o accidentes no laborales son el principal motivo de las ausencias de los trabajadores en las empresas, según el último informe sobre absentismo laboral elaborado por Adecco correspondiente al segundo trimestre de 2022. Este estudio también revela que las empresas consideran que en este tipo de bajas por contingencias comunes es donde se producen más situaciones fraudulentas. Para destapar —o, en su caso, descartar— estos fraudes las empresas suelen acudir a detectives privados que investiguen si su empleado les engaña.
Las investigaciones laborales suponen una parte importante de la actividad de los detectives privados. Para José Manuel Aguilar, detective desde hace 25 años y director de Grupo Neox Detectives Privados, son un tercio de su trabajo, sólo superadas por aquellas relacionadas con divorcios.
Para que una empresa o su mutua recurran a estos profesionales, según indica Bruno Álvarez, socio de Sagardoy Abogados, necesita tener indicios de que el trabajador, en situación de incapacidad temporal (IT), podría estar llevando a cabo conductas que acrediten que puede desempeñar las tareas laborales propias de su puesto, o bien, actividades que inciden de forma negativa en su recuperación perjudicándola o retrasándola. “No se trata tanto de determinar si las actividades no laborales que lleva a cabo la persona trabajadora en situación de IT son, o no, compatibles con la baja, sino de determinar si su conducta encaja en alguno de estos dos supuestos”, aclara Álvarez.
Así, por ejemplo, los tribunales han determinado como causa incompatible con incapacidades temporales la ingesta de alcohol cuando se está tomando medicación ya que perjudica a su recuperación. También la realización de cualquier actividad ya sea remunerada o no por la que se manifieste que podría volver a su puesto de trabajo o que está retrasando su curación. Por ejemplo, trabajar para otra empresa por cuenta propia o ajena o hacer ejercicio cuando la baja está motivada por una lesión.
Además de sospechar de la existencia de un fraude, Aguilar aconseja que para dar el paso de contratar a un detective el empresario se asegure de que la cuantía de la indemnización a percibir por el trabajador en caso de despido improcedente sea “más o menos importante”, puesto que los honorarios del detective en estos casos suelen rondar los 2.000 o 3.000 euros. “El servicio de esta naturaleza más costoso que hemos hecho en la agencia alcanzó los 6.000 euros”, afirma.
En ningún caso estas indagaciones de empleados fuera de las instalaciones y de la jornada laboral puede realizarlas la empresa por su cuenta. “Suele ser necesario contar con la presencia de un detective en las averiguaciones, ya que de otra manera la empresa se puede ver expuesta a que se le declare la prueba nula por cometer actuaciones que solo están permitidas a detectives debidamente habilitados, como por ejemplo grabaciones de imágenes o voz, o seguimientos fuera de las instalaciones de la compañía”, explica el abogado laboralista Víctor Manuel Canalda.
Y es que estos seguimientos que realizan los investigadores privados están regulados en la Ley de seguridad privada. Esta norma, además de definir la actividad de los detectives privados, también la limita. El interés legítimo del empresario para indagar en la vida del trabajador a través de estos profesionales habilitados choca con sus derechos fundamentales a la intimidad y la privacidad. Consecuencia de ello, un requisito esencial para que las averiguaciones sean legales es, tal y como explica Tomás Gómez, socio de Abdón Pedrajas Littler, que el seguimiento se realice en espacios públicos, “no siendo posible obtener imágenes ni datos del interior de su domicilio”. “Tampoco es posible que se recaben datos personales sin la debida legitimación”, puntualiza José Leandro Núñez, socio de Audens. Lo que sí puede hacer el detective, añade Núñez, es observar las actividades del investigado en lugares abiertos al público, contactar con él o revisar sus publicaciones en redes sociales.
Finalmente, añade Canalda, habrá que ponderar en cada caso si las medidas aplicadas por el detective eran necesarias, idóneas y proporcionadas respecto al objeto de la investigación. “De no ser así, se puede anular la prueba y apartarla del proceso, demuestre lo que demuestre”, advierte.
El resultado de la investigación se traslada a la empresa en el informe del detective en aproximadamente un mes, según afirma Aguilar. El destino más habitual de los datos obtenidos que en él se incluyen suele ser, en primer lugar, explica Gómez, la carta de despido disciplinario, si se han observado situaciones incompatibles con la incapacidad temporal, y posteriormente, acreditar en la vista oral del proceso judicial, la realidad de los hechos imputados. Eso sí, en cualquier caso, señala Núñez, el uso los datos que se obtengan por esta vía debe ceñirse a la finalidad manifestada al detective, la que justifica el interés legítimo en la investigación y que debe constar por escrito tanto en el informe que este redacte como en el expediente que conserve el profesional.
En el proceso judicial, el informe del detective tiene el valor de prueba testifical documentada, y, por tanto, el investigador privado tiene que acudir a la vista para ratificar su contenido. El testimonio del detective, reconoce Álvarez, tiene un valor especial por la garantía de profesionalidad y por la continuada dedicación sobre lo que va a declarar. Sin embargo, apunta el abogado, a diferencia de lo que sucede con las pruebas documentales, en un recurso de suplicación el informe escrito del detective no se puede utilizar para pretender modificar los hechos probados en la sentencia que se cuestiona.
Salud y privacidad
El trabajador no tiene obligación de informar a la empresa de la dolencia que provoca su baja médica. Es un dato sobre su salud que está clasificado como especialmente protegido. Sin embargo, en la práctica el detective José Manuel Aguilar reconoce que casi siempre el propio trabajador ya ha desvelado su dolencia a la empresa. Asimismo, si es la mutua la que encarga la investigación es ella misma quien traslada esa información al detective. Aunque eso sí, tal y como señala una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la mutua sólo puede dar al investigador datos generales de la dolencia que causa la baja, y en ningún caso entrar en detalle ni facilitar el historial médico del empleado.
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