El Juzgado de Instrucción Número 1 de Murcia ha situado este lunes a un paso del banquillo al expresidente autonómico Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular, al considerar que hay indicios suficientes de que presuntamente cometiera prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en la construcción y posterior gestión de una desaladora en 2006.
Estas diligencias derivan de otras más amplias abiertas en 2015 contra el entramado de empresas y entes públicos y privados creados para gestionar la desaladora, que se ubica en el valle de Escombreras, en el término municipal de Cartagena. Las acusaciones contra Valcárcel fueron archivadas en enero de 2021, pero el ministerio fiscal recurrió esa decisión y la Audiencia Provincial de Murcia le dio la razón el pasado mes de marzo y ordenó la reapertura del caso, conocido popularmente como “Desaladora II” o “La Sal II”.
En su escrito, el tribunal advertía de la necesidad de continuar adelante con la investigación porque existen “datos objetivos que pudieran avalar” que el expresidente regional y luego exvicepresidente del Parlamento Europeo “conocía y sabía lo que iba sucediendo con la desaladora y de sus incidencias más graves”.
La desaladora de Escombreras comenzó a construirse en 2006 y fue inaugurada en 2007, aunque no llegó a entrar en funcionamiento hasta 2009, y siempre ha estado infrautilizada. Según las investigaciones derivadas de este proceso, se utilizó un entramado de empresas para, supuestamente, construir esa planta, destinada a dar soporte a numerosas promociones inmobiliarias surgidas al calor del bum del ladrillo sin tener que contar con los informes obligatorios de la Confederación Hidrográfica del Segura, como establece la ley de Aguas.
La fórmula utilizada para la construcción y la posterior gestión fue la de la colaboración público-privada y lo previsto es que se autofinanciara con su actividad, sin necesidad de tener un impacto en las arcas públicas regionales. Sin embargo, en 2011, su acumulación de pérdidas y deudas, obligó a la comunidad autónoma a un rescate calculado en 600 millones de euros.
Para la Audiencia Provincial, es “evidente” que Valcárcel, en su calidad entonces de presidente del Gobierno murciano, “estaba sumamente informado no solo de las líneas generales del proyecto de la desaladora, sino también de muchas peculiaridades e irregularidades habidas en el desarrollo y financiación del mismo que se fueron produciendo durante su mandato a lo largo de muchos años”.
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Basándose ese auto, la titular del juzgado ha ordenado este lunes continuar con el procedimiento, y da a las partes 30 días —más tiempo de lo habitual “dada la extensión y la complejidad de los autos”— para solicitar la apertura de juicio oral, como previsiblemente hará la Fiscalía, o el archivo definitivo de la causa. Abre la puerta, además, a pedir “excepcionalmente” y “con carácter previo” la práctica de alguna diligencia complementaria. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma o de apelación.
Si finalmente se abre juicio oral, Valcárcel será el segundo presidente murciano del PP en pasar por el banquillo en los últimos meses: ya lo hizo el pasado septiembre el también expresidente Pedro Antonio Sánchez en el marco del caso Auditorio. Valcárcel no ocupa actualmente ningún cargo institucional, si bien sigue siendo el presidente de honor del PP de Murcia.
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