Las investigaciones de la justicia contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, y su Gabinete quedaron cristalizadas el martes en una gravísima denuncia que repercute en los precarios equilibrios políticos del país andino. La Fiscalía de la Nación acusó al mandatario de encabezar una presunta “organización criminal” con el propósito de amañar contrataciones para obtener ganancias ilícitas. No es la primera vez que el maestro rural y sindicalista, que en 2021 ganó las elecciones con una promesa de cambio profundo que de momento no ha logrado cumplir, se ve envuelto en un escándalo. Ya está vinculado a la instrucción de seis casos de presunta corrupción. Sin embargo, lo sucedido esta semana va más allá.
La fiscal Patricia Benavides presentó una denuncia “constitucional” ante el Congreso de la República. Se trata de un procedimiento contemplado para altos funcionarios acusados de graves delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, que deja el debate sobre su inmunidad en manos del poder legislativo. Sin embargo, es la primera vez que esta figura se aplica a un mandatario. Según el artículo 117 de la Constitución, el presidente solo puede ser acusado, durante su mandato, por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso salvo en los casos previstos por la ley, o impedir a los organismos electorales que se reúnan. El Ministerio Público apela, no obstante, a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, e interpreta que debe primar en la resolución de la denuncia.
Este conflicto legal ha dado pie a enmarañadas controversias jurídicas y ha profundizado la polarización. El Gobierno defiende que, llegado el caso, solo podría iniciarse un proceso contra Castillo en 2026, al finalizar su período. El fondo de la denuncia de la Fiscalía, en cualquier caso, va más allá de la jurisprudencia. Benavides habló de una trama criminal “enquistada en el Palacio de Gobierno”. La investigación involucra también a dos exministros y se fundamenta en “la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales”. Pero hay más: la titular de la Fiscalía atribuyó al entorno del mandatario un intento “constante” y “feroz” de obstruir su trabajo y el de su equipo, incluido el recurso al “amedrentamiento” en contra de ella y de su familia.
El mandatario, en lugar de rebatir las acusaciones y tratar de desmontarlas con argumentos, ha agitado el fantasma del golpe de Estado y recurrió a altas dosis de dramatismo al afirmar que está dispuesto a sacrificarse. “Acá estoy y si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, lo tengo que hacer. Si hay que entregar la vida, lo voy a hacer”, aseveró. La denuncia es inédita y su viabilidad todavía incierta, pero su alcance político es profundo. De una forma o de otra tampoco, el Congreso no puede eludir un debate exhaustivo sobre las duras acusaciones e interpelar por ellas a Castillo.
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