La ONG Human Right Watch (HRW) acusó el viernes a los gobiernos del presidente estadounidense Joe Biden y del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de violar el Derecho Internacional y de ampliar una política “abusiva” de expulsión fronteriza de la época Trump tras su reciente pacto en política migratoria que permite a Washington deportar al territorio mexicano a los migrantes venezolanos que hayan entrado al país “ilegalmente” sin permitirles solicitar asilo en EE. UU., lo que pone en riesgo sus vidas.
“Un nuevo camino legal para algunos venezolanos que buscan seguridad en Estados Unidos no ocultará el daño probable que muchos otros sufrirán debido a esta expansión masiva de la abusiva política de expulsión fronteriza del Título 42 de la era Trump”, apuntó el investigador de México de HRW en materia de Derechos Humanos, Tyler Mattiace.
“Con esta decisión, Biden está castigando efectivamente a los venezolanos que se han visto obligados a huir de su país a pie, negándoles el derecho a solicitar asilo e intentando endulzar esta política abusiva con un programa de libertad condicional humanitaria que solo beneficiará a unos pocos elegidos”, añadió.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que encabeza Alejandro Mayorkas, solicitó el apoyo de México para implementar el plan de expulsiones inmediatas de venezolanos, anunciado el pasado 12 de octubre, y así hacerles entender que habrá consecuencias negativas al final de su viaje si no son elegibles para hacer realidad el sueño americano.
“Con la cooperación del Gobierno de México (GOM), y potencialmente de otros gobiernos, este esfuerzo pretende disuadir la migración irregular al proporcionar una alternativa significativa a la migración irregular e imponer consecuencias inmediatas a los ciudadanos venezolanos que decidan no aprovechar del nuevo proceso y en su lugar buscan ingresar irregularmente a los Estados Unidos”, dice el documento titulado Implementación de un Proceso de Libertad Condicional para venezolanos.
El texto señala que el ingreso legal de venezolanos a Estados Unidos dependerá de que el gobierno de México acepte el regreso a su territorio de los que entraron de manera irregular, pero el DHS permanece bajo la autorización judicial de expulsarlos bajo el Título 42, implementado durante la administración de Donald Trump para prohibir la entrada de extranjeros bajo pretexto de la pandemia de Covid-19.
Sin dar mayores explicaciones, el Gobierno de México aceptó este proyecto y anunció que serían hasta 24 mil los venezolanos que aceptará en su territorio.
Los venezolanos expulsados a México en los últimos días han recibido visas válidas para quedarse sólo por unos días o documentos de las autoridades mexicanas en los cuales se les ordena abandonar el país a través de la frontera sur. Esta documentación no les autoriza a permanecer en México ni les habilita a acceder a servicios públicos, como atención médica o educación. Human Rights Watch preguntó a representantes del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sobre el estatus legal de las personas expulsadas, pero al 21 de octubre no había recibido una respuesta.
El programa, que prioriza el ingreso por vía aérea y no a través de la frontera de México, permitirá la entrada a venezolanos a Estados Unidos siempre y cuando un familiar los respalde mientras se encuentran en ese país y bajo la figura de “libertad condicional”.
Sin embargo, denunció HRW, “estos requisitos son a menudo difíciles de cumplir. Muchos venezolanos enfrentan barreras administrativas y económicas para obtener o renovar pasaportes u otros documentos oficiales, incluidos certificados de matrimonio y nacimiento, dado que los servicios consulares venezolanos son escasos e inasequibles”.
“Exigir a los solicitantes de asilo que presenten un pasaporte del gobierno que puede estar persiguiéndolos contradice fundamentalmente la realidad de muchos refugiados”, señaló la organización.
La administración de Joe Biden espera que este programa mejore la seguridad de su frontera con México, así como la seguridad nacional investigando a los venezolanos antes de que lleguen a territorio estadounidense, además de reducir la presión sobre el personal y los recursos del DHS.
Ante ello, HRW pidió a la administración Biden que restablezca el acceso al derecho a solicitar asilo para todas las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, independientemente de su nacionalidad, medios económicos, lazos familiares o los documentos de viaje que posean.
Por otra parte, hizo un llamado al Gobierno mexicano para que se niegue a aceptar expulsiones, incluidas las de venezolanos, y especialmente de aquellos en mayor riesgo, como las personas LGBT y las personas con enfermedades crónicas o discapacidades.
También exigió al gobierno de López Obrador a otorgar estatus legal a todos los venezolanos expulsados por Estados Unidos para garantizar que puedan acceder a unos servicios básicos mínimos.
“El derecho a solicitar asilo es un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se implementa en la legislación interna de los Estados Unidos. Toda persona que busque protección internacional tiene derecho a solicitar asilo en el extranjero ya que su caso sea conocido ante las autoridades correspondientes”, ha dicho la organización.
“Biden y López Obrador deberían trabajar juntos para crear sistemas de inmigración y asilo humanos, equitativos y que respeten los derechos, en lugar de limitar el derecho a solicitar asilo por motivos de raza, nacionalidad, medios económicos o lazos familiares”, subrayó Ari Sawyer , investigadora fronteriza de Estados Unidos en Human Rights Watch.
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