Durante las últimas décadas la crisis climática ha empeorado las condiciones de sequía y los fenómenos ambientales son cada vez más desastrosos. Desde hace más de tres décadas que se conocen y advierten los riesgos de una híper productividad consumiendo recursos no renovables, afectando los ecosistemas del mundo entero y produciendo una de las extinciones masivas más catastróficas de la historia de la tierra.
El contínuo extractivismo, con el fin de abastecer la inmensa demanda del mercado y con los ojos en las millonarias ganancias que eso supone, se olvida de la importancia y los protocolos que se deben seguir para llevar a cabo un proceso de extracción, respetando los ecosistemas y comunidades endémicos al lugar. Muchas veces, estas prácticas están protegidas por la ley.
Tal es el caso de México, en donde la Ley Minera, durante poco más de 30 años, ha facilitado la destrucción del ambiente y la violación de los derechos de las comunidades por parte de las empresas mineras. Los ejemplos son muchos, la propuesta de Alamos Gold de hacer una mina a cielo abierto frente a una comunidad y los restos arqueológicos de Xochicalco, el accidente de Grupo México sobre derrame de lixiviados en 2014, la concesión minera otorgada en el ejido Cruz de Ocote, la Mina la Trinidad Cuzcatlán, en donde asesinaron a líderes opositores al proyecto.
Internacionalmente, el país ha sido condenado por las violaciones de los derechos de activistas y periodistas ambientales, desatando un foco internacional sobre la situación de México. Tanto el Estado mexicano como los intereses corporativos internacionales pasan por encima de los derechos territoriales de los pueblos y ciudadanos que habitan.
Todo esto es posible por la Ley Minera. Una ley que ha perpetuado la desigualdad de la tierra pues tras cada proyecto minero a cielo abierto, los pueblos aledaños se quedan con la destrucción, contaminación e inseguridad que la mina les dejó, mientras que la empresa se lleva las ganancias monetarias o materiales de la misma. El uso de cianuro para separar el oro de los demás minerales así como prácticas con explosivos y deforestación de facto dejan desnudos a los ecosistemas y la vida que se alimenta de ellos.
Desde una trinchera muy diversa y sólida, el colectivo Cambiémosla Ya, como su nombre lo indica, busca generar discusión y consciencia acerca de la Ley Minera para cambiarla. El objetivo no es prohibir la minería, por lo contrario se busca que sus prácticas tengan mayor protocolo, seguridad así como mayores responsabilidades para las empresas que poseen la concesión y que les obliguen a ser socialmente responsables.
Hoy las y los legisladores tienen la oportunidad de cambiar esta ley y de proteger nuestro territorio, el agua, los derechos humanos y la vida en todas sus formas.
Desde #CambiémoslaYa se ha lanzado esta campaña para exigir reformas profundas en la Ley Minera, a fin de colocar los derechos y el ambiente en primer lugar.
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