La mayoría del Congreso de los Diputados ha intentado evitar el choque frontal con la Liga de Fútbol Profesional, que amenazaba con un paro si no se aceptaban sus exigencias en la negociación de la nueva ley del Deporte. La Comisión de Cultura de la Cámara ha aprobado este martes un texto que, sin atender completamente las demandas de la patronal de los clubes sobre la venta de los derechos televisivos, reconoce que estos se podrán comercializar conjuntamente, como defiende LaLiga y venía sucediendo desde 2015. El proyecto, que aún deberá pasar por el pleno del Congreso y por el Senado, prohíbe además que un deportista activo mantenga relaciones comerciales con la federación de su especialidad, como es el caso de Gerard Piqué y su empresa Kosmos, que ha hecho negocios con la Federación Española de Fútbol. El PSOE ha aceptado también una enmienda del PNV que abre la puerta a que Euskadi pueda contar con selecciones propias en determinadas disciplinas, como la pelota vasca o el surf.
El intento de resolver salomónicamente el conflicto con LaLiga no ha colmado las aspiraciones de esta, aunque fuentes de ese organismo lo han acogido como un avance sobre el texto inicial, que había motivado la amenaza de plante de los clubes. La patronal pretendía que la nueva ley blindase su capacidad para vender conjuntamente todos sus activos comerciales y de esa manera dar seguridad jurídica al acuerdo suscrito con el fondo de inversión CVC por el que los clubes reciben 2.000 millones de euros a cambio del 8% de los beneficios durante 50 años de la venta de los derechos de televisión. Ese convenio es rechazado por Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao. Los tres clubes y la Federación Española de Fútbol lo han impugnado en los tribunales porque entienden que vulnera la Ley del Deporte y que se excede en las competencias sobre la venta conjunta de determinados activos.
Las demandas de LaLiga estaban recogidas en una serie de enmiendas presentadas inicialmente por el PP y luego retiradas, según la patronal y otros grupos políticos, por presiones del presidente madridista. Hasta última hora, y bajo la amenaza de una huelga de clubes, las fuerzas políticas han estado negociando un acuerdo, en contacto además con las partes interesadas. Incluso tras el debate de este martes en la Comisión de Cultura del Congreso, se ha interrumpido la sesión durante casi hora y media para que los grupos siguiesen negociando. Los pasillos se han convertido entonces en un trajín de diputados, negociando entre ellos y con constantes consultas telefónicas. La solución final no proporciona a LaLiga el blindaje que pretendía, aunque al tiempo incluye un reconocimiento a la capacidad de vender conjuntamente los derechos de retransmisión, lo que en la práctica supone dejar el marco legal casi como estaba.
El socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, ya había advertido antes del debate, por boca de su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, que no votaría a favor de ningún texto que supiese “someter la legislación a la voluntad de Florentino Pérez”. Finalmente, en el último momento, el PSOE ha negociado con sus socios una enmienda que es la que ha logrado satisfacer, al menos parcialmente, a 39 de los 42 clubes que secundaban la propuesta de la patronal. El texto dice que las “federaciones deportivas españolas” deben reconocer a LaLiga su potestad para comercializar de forma conjunta los derechos de retransmisión del fútbol profesional, como ya establecía el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. La propuesta ha sido apoyada por todos los grupos excepto Vox.
Sobre la mesa había otra enmienda que sí satisfacía plenamente las exigencias de la patronal, ya que en este caso establecía como imperativa la venta conjunta de los derechos televisivos como medida de protección para los clubes de menor tamaño. La presentaban Ciudadanos y Compromís, pero en este caso solo han cosechado los apoyos de Vox y Bildu. En cambio, ha habido otro gesto de PSOE y PP para rebajar la tensión con la patronal: ambos han accedido a que el texto mantenga lo que en la práctica supone el derecho de veto de la LFP a cualquier cambio normativo en sus competiciones propuesto por la Federación Española de Fútbol.
El texto aún tardará semanas en ser aprobado definitivamente, tras pasar por el pleno del Congreso y del Senado. Aparte de la disposición que impedirá que la empresa de Piqué vuelva a gestionar la comercialización de la Supercopa de España, la novedad de última hora ha sido el pacto entre PSOE y PNV para permitir que selecciones autonómicas disputen competiciones internacionales cuando se trate de deportes con especial “arraigo histórico o social”, siempre que lo permitan las respectivas federaciones y el Consejo Superior de Deportes (CSD). El PNV cree que esa disposición se podrá aplicar a la pelota vasca y al surf, y ha proclamado que el acuerdo tiene un “alcance histórico” porque supone el “primer paso” para intentar extenderlo a otras disciplinas.
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