La cacería contra jueces y fiscales que luchan contra la corrupción y la impunidad se recrudece en Guatemala. El juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez denuncia una intensificación del acoso y amenazas en su contra por haber sentado en el banquillo de los acusados a militares que violaron derechos humanos durante el conflicto militar interno de los años ochenta. Es el enésimo juez del país centroamericano que alerta de una persecución por hacer su trabajo, en una nación donde desde el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei se ha desatado una brutal batida contra letrados y fiscales independientes. Gálvez asegura que tiene miedo y sopesa con sus abogados sus opciones, incluida la posibilidad de dejar su país, tal y como lo han hecho hasta ahora 28 jueces y fiscales, que han hallado refugio en Washington, México o Suecia. “Este es un juicio político en mi contra”, dice el juez. “Todo el que opine en contra del Gobierno se convierte en su enemigo”, asegura.
Es la misma justicia guatemalteca a la que pertenece Gálvez la que ha decidido enjuiciarlo por su trabajo, alegando errores de procedimientos del juez. Se trata de una figura que ha generado muchas simpatías en Guatemala, pero también ha despertado muchos odios, por su tozudez de sentar en el banquillo a militares que forman parte del caso conocido como Diario militar: al menos 18 exintegrantes del Ejército señalados de dar seguimiento a estudiantes y profesionales disidentes, militantes de izquierda, sindicalistas a quienes consideraban “un peligro” y cuyos nombres formaban parte de una lista en la que, además, se incluía información de inteligencia. Los hechos ocurrieron a inicios de los ochenta y según las pesquisas de Gálvez, estos militares secuestraron, torturaron y asesinaron a los integrantes de esa lista, y en muchos casos hasta a sus familiares. “Está relacionada la cúpula militar del Ejército y las agencias de seguridad”, asegura el juez.
Gálvez asistirá el viernes a una audiencia preliminar frente al antejuicio que se le ha abierto por hacer su trabajo. Un antejuicio es un procedimiento legal que en Guatemala se usa para determinar si se puede perseguir criminalmente a altos funcionarios del Estado, jueces y magistrados señalados de cometer faltas relacionadas con sus cargos. Es el mismo procedimiento que la justicia guatemalteca impuso a jueces y fiscales que han llevado importantes casos relacionados a la corrupción, narcotráfico e impunidad. Se trata de personalidades como el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), Juan Francisco Sandoval, ahora exiliado en Estados Unidos, o la jueza Erika Afián, quien estuvo en el ojo del huracán por haber llevado algunos de los casos más sonados de corrupción, que la convirtieron en objetivo de quienes no quieren ver una justicia independiente en Columna Digital centroamericano.
Gálvez reafirma que se trata de “un juicio político” en su contra y culpa directamente de esta persecución al presidente Alejandro Giammattei y a quien es considerada su principal operadora en el sistema de justicia, la fiscal general Consuelo Porras, un controvertido personaje, quien ya había sido señalada por otros jueces y fiscales por obstaculizar su trabajo. “Ella está detrás de esta cacería”, afirma Gálvez. “En todas las acciones que he planteado frente a esta persecución, el Ministerio Público se ha encargado de que se declaren sin lugar y que continúe el antejuicio. La fiscal tiene una gran influencia en este proceso”, explica el juez, quien afirma que Porras ha sido elegida “en un procedimiento bastante oscuro”, gracias a la venia del presidente, quien decidió en mayo mantenerla en su cargo. “Ha quedado claro que la fiscal general ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera perseguir. Desde el inicio de su mandato complicó la función de fiscales comprometidos e independientes”, había denunciado en febrero Carlos Antonio Videz, exfiscal especial contra la impunidad, quien también dejó Guatemala.
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“Estoy preocupado”, concede Gálvez. “Lamentablemente no hay nada de legalidad en este proceso”, dice el letrado, quien acusa al juez pesquisidor en su caso, Roaldo Isaías Chávez, de tener vínculos cercanos con la Fundación contra el Terrorismo, un organismo oscuro, de extrema derecha, formado por exmilitares y financiado por los grandes capitales, que ha mostrado mucha beligerancia en los juicios contra los jueces y fiscales anticorrupción. En Guatemala genera asombro que este organismo privado participe en los procesos. “Los militares quieren imponer un estado de terror en Guatemala”, asegura Gálvez. “Quieren poner un manto de impunidad en los crímenes cometidos por altos mandos y someter a la gente que trabaja honestamente. El ingrediente militar es importante, porque ellos [el Ejército] cuentan con la inteligencia militar para seguir a las personas que consideran sus enemigas”, denuncia el juez.
Es ese poder de los militares el que también genera miedo al juez Gálvez. En entrevista telefónica desde Guatemala el letrado afirma que lo siguen constantemente, le toman fotos, lo injurian en redes sociales y asegura que “no descarto la posibilidad de que se dé un atentado en mi contra”. Es por eso que analiza con sus abogados sus posibilidades, que incluyen salir de Guatemala. “Somos espectadores pasivos de cómo un país se viene a pique, especialmente con el Estado de Derecho y rompiendo la legalidad”, alerta Gálvez.
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