Casi ocho meses después del comienzo de su mandato, el presidente chileno Gabriel Boric ha concretado su propuesta de reforma del sistema de pensiones con un plan audaz que es en sí una declaración de intenciones. Esa es una reivindicación ampliamente compartida por la ciudadanía, en un país donde el 72% de las jubilaciones son inferiores al salario mínimo, es decir, están por debajo de los 423 dólares. Aunque las demandas sociales han cambiado —la delincuencia, los asaltos y los robos se han instalado a la cabeza de las preocupaciones—, la reforma del sistema de pensiones sigue siendo percibida como uno de los asuntos urgentes que debe abordar el Gobierno, pese a la baja popularidad actual del presidente, por debajo del 30%. Como deberá aprobarse en el Parlamento, donde no tiene mayorías, el Ejecutivo tendrá que negociar con otras fuerzas para lograr la aprobación de su ambicioso plan.
También hay en el proyecto un componente simbólico porque la iniciativa persigue desmontar el modelo instaurado en Chile en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Basado en un mecanismo privado de ahorro forzoso pionero en el mundo, y replicado en otros lugares, tiene como pilar fundamental a las AFP, las Administradoras de Fondos de Pensiones que mueven los ahorros de los trabajadores chilenos en el sistema financiero con el objetivo de generar rentabilidad. Boric aspira a terminar con las AFP tal y como hoy se conocen, aunque no acabará con la administración privada de las aportaciones a los planes de pensiones, una señal de que sigue las directrices del centroizquierda en esta materia. La reforma del Gobierno chileno busca la formación de un nuevo seguro social —con un 6% de cotización adicional pasaría del 10% al 16%— que estaría a cargo de los empleadores. Con un sistema mixto, un aumento de la solidaridad y un mayor papel del Estado, las autoridades han apostado por la gradualidad y por calmar el temor de la ciudadanía que, entre otros asuntos, quiere que los planes de pensiones en las cuentas individuales mantengan la propiedad individual, puedan heredarse y que no exista el riesgo de expropiación.
La negociación de esta reforma exigirá del Gobierno de Boric y de la clase política chilena capacidad de respuesta al margen de las ideologías y de los cálculos partidistas de corto plazo. La discusión de un nuevo sistema de pensiones será un buen momento para que las élites políticas estén a la altura de una reforma necesaria y ambiciosa y reducir así su desconexión histórica con las demandas de la ciudadanía.
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