El pasado mes de abril se prohibió la quema de desechos generados en el entorno agrario, con escasas excepciones, en aplicación de la nueva Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados. La prohibición afecta la quema de rastrojos de toda la vida, una actividad que suele realizarse en los meses más fríos del año, y provoca que las quemas tan habituales en el entorno rural solo se puedan hacer por razones fitosanitarias o de prevención de incendios forestales. Recientemente en el Congreso se ha aprobado una flexibilización a instancias del PDeCAT, pero sus efectos son casi tan confusos como la propia prohibición.
Esa reforma, sin embargo, solo estará en vigor a finales año y desde el Ministerio de Transición Ecológica defienden que no implicará un gran cambio. Ya en plena campaña de poda y de quema, los agricultores piden celeridad a las administraciones para poder hacer las incineraciones “de siempre” y evitar plagas, riesgo de incendios forestales y pérdida de plantaciones.
En España hay unas 914.800 explotaciones agrícolas. Y están en pie de guerra. En Cataluña, desde que empezó la época de quema ―que va del 15 octubre al 15 de marzo― se han presentado 1.671 solicitudes de quema y se han respondido 1.197, 1.048 viables y 149 denegadas. Pere Guinovart, del sindicato Unió de Pagesos (UdP) de Tarragona, denuncia “un gran malestar” en el sector, pues “en algunas zonas los permisos llegan en dos días y en otras llevan 17 sin respuesta”. El pasado viernes, 150 agricultores se concentraron frente la oficina del Departamento de Acción Climática de Reus para reclamar rapidez y eficiencia en esta tramitación. “Pedimos que el permiso de quema sea una realidad y un criterio unificado”, dice Guinovart.
En Cádiz, algunos agricultores y silvicultores aún no han podido hacer ninguna quema, y no descartan “salir a la calle” si no hay cambios sustanciales. El presidente regional de Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Gallardo, critica: “No se puede legislar desde los despachos ni paralizar el campo”. “Estamos generando combustible, un polvorín, y va a poner en grave peligro de incendio los bosques en primavera y verano”, alerta. Las empresas de trabajos forestales, añade Gallardo, “no están haciendo nada. Tenemos líneas de ayudas forestales para hacer podas, y no pueden hacer nada con ellas”.
La diputada del PDeCAT Concepció Cañadell está satisfecha de que la enmienda que propuso haya sido aprobada por mayoría en la Comisión de Agricultura. Cree que la ley “es un ejemplo del desconocimiento y desconexión que tienen algunos gobernantes del territorio.” La neoconvergente recuerda que el artículo 27.3 de la ley aprobada en abril genera “un sobrecoste inaceptable para la economía de muchas familias que viven del campo”.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica enfrían las posibilidades de un cambio radical tras la enmienda promovida por el PDeCAT en la Comisión de Agricultura. Fuentes de esa cartera recuerdan que, aunque ese texto fuera refrendado en el Senado, “no se daría vía libre a la quema de estos residuos. Al contrario”. El escenario sería la vuelta a la normativa anterior, la ley de residuos de 2011. Esta y la aprobada en abril dictan que, con carácter general, los restos vegetales agrarios o silvícolas “han de gestionarse como residuos, y no es posible eliminarlos mediante quema”. La diferencia es que la de 2011 no preveía excepciones a la prohibición y la del pasado mes de abril las permite por motivos fitosanitarios o de riesgo de incendio. Al eliminar las excepciones, quedarían en el régimen de prohibición general, con obligaciones adicionales para agricultor y autoridades competentes.
Si se deroga, “todas las quemas sin autorización bajo la ley de residuos estarán prohibidas y serán infracción grave o muy grave”, advierten desde el ministerio, que alega que la quema de residuos herbáceos generó el 42,35% de las emisiones de monóxido de carbono en 2020.
Este embrollo jurídico hace que cada comunidad haya aplicado soluciones más o menos a medida y que haya diferencias de criterio. Por ejemplo, en Castilla y León, fuentes cercanas al sector aseguran que esa nueva normativa tampoco va a cambiar mucho el escenario que viven los labradores en la comunidad. Los agricultores insisten en que en la última década apenas han podido realizar quemas porque “hace años que no se puede quemar si no es por motivos fitosanitarios”. La clave, mantienen, es la elevada exigencia recogida por los parámetros considerados para resolver si los terrenos sobre los que se plantean estas actuaciones con fuego pueden ser quemados: “Nunca hay suficientes motivos fitosanitarios así que en la práctica lleva prohibido quemar muchos años, tiene que venir un problema muy gordo para que dejen hacerlo”. Confían en que prospere una iniciativa impulsada por el PP en el Congreso para que la ley de la PAC incluya una propuesta para eliminar la prohibición de la quema de residuos vegetales, informa Juan Navarro.
En cambio, la preocupación es máxima en el sector del olivar. Se estima que una hectárea de este cultivo deja cada dos años en torno a 3.000 metros cúbicos de residuos, y en toda Europa son siete millones de toneladas las que se generan con la poda del olivar, informa Ginés Donaire. “Esos residuos son el caldo de cultivo perfecto para los incendios forestales, es una barbaridad e insensatez”, critica Juan Luis Ávila, responsable del olivar de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderos (COAG) en Andalucía. Tampoco convence al sector la alternativa para que estos rastrojos se piquen o trituren: “En torno a un 30% del olivar, el que está en pendiente principalmente, no tiene posibilidad de introducir la mecanización para picar esos residuos, con lo que esos restos son propicios para que se propague la plaga del barrenillo.
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