El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) da la razón al Valencia en la disputa jurídica que mantenía con la Comisión a cuenta de unos avales que el Instituto de Finanzas Valenciano (IFV), el banco público de la Generalitat. El examen que el Ejecutivo europeo había hecho había concluido que se trataba de ayudas de Estado y que el equipo propiedad de Peter Lim tendría que devolver al gobierno regional 23,2 millones. La sentencia anula la decisión de Bruselas al considerar “infundado” el recurso que había presentado contra el fallo que se emitió en primera instancia en 2020 y y que ya le daba la razón al club de fútbol.
Las tres sanciones
En 2018 el Valencia no logró una suspensión cautelar de la decisión de Brusela y el Hércules, sí. Entonces los jueces no entraron en el fondo del asunto. Sí que lo hicieron dos años después, y en los tres casos los jueces del Tribunal General de la UE (TGUE), es decir, en primera instancia, dieron la razón a los equipos españoles. La sentencia difundida este jueves por el TJUE solo atañe al Valencia y no a los equipos alicantinos. En el caso del Elche, la Comisión ni siquiera presentó un recurso contra el fallo del TGUE.
La nota en la que los jueces europeos explican su decisión supone un duro varapalo para Competencia: “El Tribunal de Justicia recuerda que la carga de la prueba recae sobre la Comisión”. En consecuencia, añaden los jueces que “corresponde a la Comisión llevar a cabo una apreciación global teniendo en cuenta cualquier dato pertinente en el caso concreto que le permita determinar si es manifiesto que la empresa beneficiaria no habría obtenido facilidades comparables” al recurrir al sector privado en lugar de al público.
El tono se endurece cuando señala que “el Tribunal de Justicia confirma que no hay ningún elemento en la Decisión controvertida que sugiera que la Comisión hubiera verificado si existía una prima de garantía de referencia correspondiente ofrecida en los mercados financieros”. Competencia, dicen los jueces, dedujo que como el Valencia Club de Fútbol estaba en crisis cuando el banco público IFV le concedió los avales “ninguna entidad financiera habría ofrecido un aval a favor de dicho club, sino también que debía excluirse que pudiera existir un préstamo similar no avalado”. Esto lleva al TJUE a concluir que “no hay elementos de cierta fiabilidad y coherencia” en las apreciaciones de Bruselas sobre lo que sucedía en el mercado.
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