La gente bautizó la camioneta como “la última lágrima”. Cuando la veían aparecer por los caminos de tierra, todos corrían a esconderse. Los paramilitares se bajaban y pedían una cerveza en la tienda del lugar. Agarraban a algún muchacho o muchacha y lo paseaban por el pueblo. Aún vivo. Para que todos lo vieran. Luego, en un proceso explicado por alias Juancho Dique, paramilitar, y muchos otros más, se bajaba a la víctima fortuita hasta una orilla. Allí se desmembraba su cuerpo y se lanzaban sus restos al agua. Desaparecido para siempre. “A estas aguas sagradas que contaminamos nosotros”, dice ahora con tono espiritual el criminal en un testimonio grabado para la Comisión de la Verdad. El lugar que visita ahora con un ramito de flores en las manos, uno de los “botaderos” de cadáveres a los márgenes del Canal del Dique, fue donde se ganó su alias por desaparecer almas en una vuelta de camioneta.
Si uno coloca 9.000 cuerpos uno detrás de otro, con una talla media de 1,60 cm, podría dibujar una línea de 144 kilómetros. Son los cadáveres que se calcula que dejó la guerra en Colombia en estas aguas que algunos dicen que tienen el color morado de la chicha. La fila de muertos sería tan larga que superaría los 115 kilómetros que mide el canal y desembocaría en el mar Caribe, saliendo por Cartagena. El canal conecta la bahía de la ciudad turística con el río Magdalena y atraviesa una veintena de municipios que, ya acostumbrados a la muerte, sufren también la contaminación y las amenazas de inundaciones y desbordamientos. La necesidad de una megaobra sobre el canal se habla desde hace décadas, pero ahora se une una nueva necesidad: la de buscar a esos muertos sin nombre.
El proyecto actual echó a andar en el Gobierno de Iván Duque (2018-2022). Entonces se sentaron las bases para unas obras que llevarán 15 años con un presupuesto de 2,3 billones de pesos (unos 500 millones de dólares). La única empresa que se presentó al concurso de licitación fue la española Sacyr. Pero Duque no llegó a sellar el proyecto, que pasó a manos del nuevo Gobierno de Gustavo Petro. Alrededor del canal han surgido multitud de problemas que hoy tienen el proceso en manos de la Corte Constitucional por las quejas de varias comunidades afectadas (o beneficiadas) por las obras. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), encargada del proyecto, decidió a finales de septiembre aplazar de manera indefinida la adjudicación hasta que la justicia resuelva. La ANI no ha querido hacer declaraciones a este diario.
Pero no solo eso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que nació del proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, recibió la solicitud de varias asociaciones de víctimas de proteger aquellos lugares donde desapareció gente durante el conflicto. El Canal del Dique, entre ellos. La obra prevista incluye la construcción de esclusas y hará falta dragar las aguas. La JEP ordenó hace dos semanas al Ministerio de Transporte que incluya un protocolo que permita la búsqueda de cadáveres durante la realización del proyecto. Se trata de una decisión inédita en Colombia, donde se puede detener una obra por el hallazgo de un resto arqueológico, pero se sigue adelante si se encuentra un cadáver después de su levantamiento por un forense. Es la primera vez que unos jueces ordenan la elaboración de un protocolo de búsqueda, identificación y entrega digna de cuerpos de desaparecidos.
El magistrado de la JEP Alejandro Ramelli explica así la decisión: “No es que estemos en contra del proyecto ni lo detengamos, pero quienes asuman esa responsabilidad y contrato tiene que tener en cuenta que impacta en una zona de desaparición forzada y tiene que tener unos protocolos que van más allá del hallazgo casual de un cuerpo”. Este jueves, el Ministerio dio el primer paso para acatar la medida y emitió una orden para crear una mesa que fije los protocolos que de ahora en adelante afectarán a todas las obras para la protección y búsqueda de víctimas del conflicto.
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La JEP hizo decenas de entrevistas a víctimas, testigos de desaparición forzada y exintegrantes de los grupos de las autodefensas que operaron en el área de influencia del Canal del Dique. Con ello mapearon aquellos lugares donde podrían hallarse el mayor número de cuerpos, aunque se trata solo de hipótesis porque las corrientes de agua impiden saber con certeza dónde pueden estar. No pocas veces, las aguas han devuelto algún cuerpo cerca de la bahía de Cartagena. Fueron enterrados sin nombre en el cementerio que les tocó a su paso.
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