El mundo tiene un grave problema con la inflación, pero Argentina mucho más. Los precios subieron un 6,3% en octubre con respeto a septiembre; acumulan un 88% interanual y un 76,6% desde enero. Las previsiones para diciembre se acercan peligrosamente al 100% por primera vez en 30 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundidos este martes, pese a los esfuerzos del Gobierno de Alberto Fernández por evitarlas. Un dato preocupa especialmente: el dato de octubre supone el fin de la curva descendente que la inflación había iniciado en julio, cuando alcanzó el 7,4%.
Las subidas se han ensañado especialmente con los gastos de vivienda, electricidad, agua y gas, resultado de la reducción de los subsidios a la energía y la consiguiente subida de las tarifas de los servicios públicos que pagan los hogares. Los alimentos, el sector que más preocupa al Gobierno por su incidencia entre los más pobres, se mantuvieron apenas por debajo del promedio del mes, un 6,2%. Por fuera del promedio, el impacto fue especialmente duro en verduras y frutas, con una subida del 9%.
El presidente, Alberto Fernández, anunció en marzo pasado que iniciaba una “guerra contra la inflación”. No le ha ido bien en el frente de batalla. El IPC de febrero había subido 4,7% y el del mes siguiente escaló hasta el 6,7%. La derrota le costó el cargo al ministro de Economía de entonces, Martín Guzmán, artífice del acuerdo que Argentina firmase a inicios de este año con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para postergar pagos por 44.000 millones de dólares. En agosto, y en medio de una agria disputa entre Fernández y su vice, Cristina Kirchner, por el rumbo de la economía, asumió como ministro Sergio Massa, tercera pata de la coalición peronista en el Gobierno. Massa llegó con poderes de superministro -esto es, la venia del kirchnerismo- para hacer un duro ajuste fiscal, detener la emisión monetaria, sumar reservas al Banco Central y, sobre todo, bajar la inflación, como le exige el FMI.
Massa se ha convertido en un malabarista. Mientras trata de contener el gasto, destina fondos extraordinarios a la ayuda social y negocia con el sector exportador para que liquiden ante el Banco Central los dólares que reciben por sus ventas al exterior. El problema de fondo es la falta de reservas internacionales, cercanas a cero, una sequía que limita las herramientas oficiales para contener la depreciación del peso. Ha sido, hasta ahora, como verter agua en una canasta de mimbre a la que se llena de parches contra las fugas. Los esfuerzos están puestos en contener una devaluación brusca que dispare aún más el IPC y los índices de pobreza, hoy por encima del 35%. Las armas elegidas por Massa han sido variadas. Algunas ortodoxas, como tasas de interés positivas; otras extraordinarias.
Esta semana, entró en vigor un nuevo listado de precios máximos para más de 1.800 productos. La intención es mantenerlos a raya al menos durante cuatro meses, y luego se verá. Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía, fue en el pasado un crítico de los precios controlados, pero ahora que está en la trinchera ha decidido respaldarlos. En una charla ante ejecutivos de finanzas, dijo que se trata de salvar el consumo. “El 100% de inflación que estamos teniendo ahora es una suerte de overshooting, una inercia. Estamos en un círculo vicioso. Cuando es así, tiene incentivos hacer política de consumo”, dijo.
La otra cara de la escalada de los precios es la depreciación de la moneda. Rubinstein descartó una devaluación violenta, por el impacto social que tendría. “Estamos a brazo partido todos los días para llegar a cumplir las metas del presupuesto y con el Fondo. Nadie quiere financiar al Estado y no se puede hacer sin acuerdo de precios y salarios”, dijo. Sin embargo, hay una devaluación de hecho que apenas puede disimularse. Argentina tiene hoy más de diez tipos de cambio diferentes, donde el oficial está fijado a razón de 168 pesos por cada dólar. Ese cambio se usa para comprar divisas para saldar importaciones o fijar precios de commodities como los combustibles en el mercado interno. Para el resto de los mortales hay una larga lista de cotizaciones que duplican a la fijada por el Gobierno: soja, tarjeta, Qatar, ahorro, MEP, cripto o mayorista. Los productores presionan a la Casa Rosada para tener su propio tipo de cambio para liquidar divisas, atentos a la desesperación oficial por sumar reservas al Banco Central.
El escenario para la guerra contra la inflación no es, además, el mejor. En octubre de 2023 Argentina elige nuevo presidente y no es buen momento para hacer ajustes fiscales o recortar la ayuda social, imprescindible para millones de familias que no llegan con sus ingresos a fin de mes. Las tensiones políticas complican cualquier solución.
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