El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha pedido a la Audiencia de Sevilla que amplíe a tres meses el plazo dado de 10 días para ingresar en prisión tras la sentencia firme del Tribunal Supremo por el caso de los ERE fraudulentos. En su recurso de súplica, la última posibilidad para evitar la cárcel, Griñán reclama a los tres magistrados encargados de la ejecución de la sentencia que la dilate tres meses para así dar tiempo al Gobierno a que resuelva sobre el indulto solicitado por su familia. Los recursos de súplica sobre ejecución de sentencias suelen tener muy pocas posibilidades de prosperar, según fuentes jurídicas.
En paralelo, el expresidente andaluz añade que esta ampliación de plazo otorgaría también tiempo al Supremo para resolver el incidente de nulidad planteado ante la sentencia de la pieza política de los ERE. “Proponemos tres meses y dirigir oficios al Gobierno de la Nación y a la Sección 1ª de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, interesándoles que remuevan los obstáculos que impidan la más ágil tramitación de sendos expedientes en tanto afectan al curso ordinario de la ejecución de una sentencia”, reza el recurso de súplica presentado. Antes del próximo lunes es previsible que se presenten otros tantos recursos de súplica ante la Audiencia de los siete ex altos cargos condenados por malversación, para intentar retrasar su encarcelamiento.
El expresidente andaluz alega que al pedir este retraso persigue no adelantar el cumplimiento de la sentencia al posible indulto, si llega a concederse, algo que le haría cumplir meses de cárcel pese al posible perdón del Gobierno o revisión de la sentencia por el alto tribunal. “Es innegable que si fuera concedido el indulto parcial o estimada la cuestión de nulidad (…) el ingreso en prisión que se ordena resultaría fallido, indebido o improcedente, es decir, innecesario. Lo que pretendemos es una ejecución de la sentencia, que en sus tiempos, se ajuste a criterios de prudencia y justicia”.
Griñán reclama al tribunal que acceda a concederle “un tiempo prudencial, desde luego superior al de 10 días”, para que el Supremo, el Gobierno, y por último el Tribunal Constitucional, ante el que ha presentado un recurso de amparo, atiendan sus requerimientos.
El expresidente recuerda a la Audiencia que su familia ha solicitado el indulto por razones humanitarias y jurídicas “excepcionales”. En ese último punto, la defensa de Griñán resalta el voto particular emitido en la sentencia del Supremo por dos magistradas que rechazaron la malversación que sí le achacan los otros tres jueces. “¿Cómo podría restablecerse el derecho a la libertad deambulatoria lesionado, el derecho al honor, el intenso sufrimiento asociado a la lesión de los dos derechos fundamentales afectados? ¿Es preciso acreditar este perjuicio irreparable que inexorablemente se produciría de ganar firmeza la resolución recurrida?”, interroga.
Finalmente, Griñán reflexiona en su escrito sobre una consecuencia que tilda de “escandalosa”: “En un procedimiento que se ha dilatado más de una década, por no esperar apenas unos meses, se hubiera forzado el ingreso en prisión de un septuagenario de 76 años, que resultara a la postre indebido. Los tribunales deberían atender a la alarma social de los ciudadanos de bien y prudentes. La otra, populista, es una alarma social, provocada y siempre interesada, que nace de alimentar los peores sentimientos de resentimiento y fobias partidistas”. La Audiencia resolverá este y otros recursos una vez dé traslado a la Fiscalía Anticorrupción y esta se pronuncie.
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