Los magistrados del gobierno escocés, han rechazado por unanimidad la posibilidad de que el Parlamento autónomo de Holyrood pueda convocar por su cuenta un nuevo referéndum de independencia, sin contar con la autorización del Parlamento británico.
Los nacionalistas del SNP, al frente del Ejecutivo escocés, habían anunciado una nueva consulta para el 19 de noviembre de 2023, pero la ministra principal y líder del partido, Nicola Sturgeon, se comprometió desde el primer momento a que fuera un referéndum legal y acordado con Londres, como sucedió en 2014. Entonces, el no a la independencia venció claramente, con un margen del 55% frente al 45% del sí.
Ante el rechazo del Gobierno conservador del Reino Unido a permitir la celebración de otras consulta, Sturgeon decidió acudir a los tribunales. Quería que estos resolvieran si Edimburgo tenía autonomía para hacerlo por su cuenta o si se trataba de una cuestión de índole constitucional, que pertenecía a las competencias reservadas a la soberanía del Parlamento británico, establecidas en la Ley de Escocia que impulsó la devolución de la autonomía a esta nación del Reino Unido.
“Un referéndum legal tendría consecuencias importantes, no solo jurídicas, sino políticas, respecto a la unión y al Parlamento británico. Su resultado tendría una autoridad constitucional, basada en el principio democrático, de ser la expresión democrática del electorado escocés. Serviría para reforzar o debilitar la legitimidad democrática de la unión y de la soberanía del Parlamento del Reino Unido sobre Escocia, dependiendo de qué visión prevaleciera, y reforzaría o socavaría las credenciales democráticas del movimiento independentista”, ha razonado la sentencia para explicar la importancia de la cuestión que abordaba y razonar su fallo.
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