El recrudecimiento de la violencia en el departamento de Putumayo ha puesto a prueba la ambición del Gobierno colombiano de pacificar Columna Digital. La disputa territorial entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera dejó al menos 18 muertos el pasado sábado, según la Defensoría del Pueblo. Fue una alerta sobre la necesidad de mostrar más interés por un territorio históricamente relegado. La “paz total” se enfrenta en este departamento fronterizo con Ecuador a dos grupos híbridos, complejos en su composición: incluyen a antiguos firmantes de los Acuerdos de la Paz con las FARC, narcotraficantes y residuos paramilitares. De momento, ninguno hace caso al pedido del Ejecutivo de implementar un cese al fuego.
El Gobierno ha reaccionado. El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, expresó el martes su rechazo a la violencia en la región y advirtió de que la disposición al diálogo “tiene un límite”. “Les hacemos un llamado urgente a parar esta guerra fratricida. Paren el tormento al pueblo del Putumayo y escuchen la voz de la ciudadanía, que no quiere más guerra“, declaró en un mensaje en redes sociales. Para Rueda, los enfrentamientos han adquirido “dimensiones demenciales” e imposibilitan que el pueblo colombiano alcance la paz. Los videos que circularon en redes sociales tras la matanza muestran, según el funcionario, “la bajeza y la indignidad” de lo que ocurre en este territorio fronterizo.
Tanto el Frente Carolina Ramírez como los Comandos de la Frontera surgieron en los últimos años a partir de disidencias de las FARC. El primero es el heredero de los miembros del frente 1 que nunca suscribieron los Acuerdos de Paz. Ha incorporado a elementos del frente 32 y afirma ser una guerrilla que lucha por “el pueblo oprimido”. El segundo es una alianza narcotraficante entre los grupos La Mafia y Sinaloa, sucesora de estructuras que pertenecían al frente 48 de las FARC. Alega ser defensor de “los desposeídos” y es cercano a la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, pese a que mantiene su autonomía para negociar potenciales acuerdos de paz. La violencia en las comunidades en las que se encuentran ambos grupos, no obstante, desmiente la lucha por los más vulnerables. Según Danilo Rueda, las familias de la región viven “presas del terror”.
El combate del sábado se produjo en una zona rural del municipio de Puerto Guzmán (22.679 habitantes). Fue parte de los intentos del Frente Carolina Ramírez de recuperar el control de zonas perdidas ante su rival, según comentan por teléfono fuentes de la zona. Históricamente, los grupos que componen los Comandos de la Frontera controlaron el Bajo Putumayo, la frontera y la salida al Amazonas. Quisieron ampliar su influencia hace poco más de un año y ocuparon partes de Nariño y el río Caquetá, hasta entonces bajo el dominio de los grupos que formaron el Frente Carolina Ramírez. La violencia explotó.
Putumayo (341.513 habitantes) es un departamento estratégico para el narco, con importantes rutas de tráfico transfronterizo. Hay un volumen significativo de cultivos de coca: las Naciones Unidas registró en 2021 alrededor de 32.000 hectáreas sembradas, un 45% más que en 2020. Para Yuri Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, hay una ausencia del Estado que ha dado lugar al fortalecimiento del narcotráfico. “No hay oportunidades académicas ni laborales, los jóvenes están a disposición de lo que los grupos armados proponen”, denuncia la activista por teléfono. Los narcotraficantes los reclutan, a veces de manera forzada y otras con salarios que para muchos son inaccesibles por vías legales.
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Las fuentes consultadas atribuyen el recrudecimiento de la violencia al “incumplimiento” del Estado de los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz de 2016. La reintegración social de los excombatientes, con tierras e incentivos económicos, no se ha materializado en la mayoría de los casos. Los grupos involucrados han crecido significativamente al incorporar a combatientes que apoyaron los Acuerdos de Paz y que después se arrepintieron. La falta de garantías políticas y de oportunidades económicas se han sumado a que el negocio de la coca es cada vez más lucrativo.
La violencia no es contra el Estado, sino entre los grupos que se han compenetrado con el narco para subsistir. Y las muertes no cesan. En lo que va del año se ha registrado el asesinato de 22 líderes sociales y de cinco firmantes de los acuerdos de paz, según datos de varios organismos estatales. Decenas de familias han quedado en el medio del campo de batalla y se han visto forzadas a desplazarse. En el caso del Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, los municipios más afectados son Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo y Puerto Asís, de acuerdo con un informe del proyecto de análisis de datos humanitarios ACAPS y el Mecanismo Intersectorial de Respuesta en Emergencias (MIRE).
La Defensoría del Pueblo emitió la primera alerta especifica por la rivalidad entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera en enero de 2021. Resaltaba que este último tenía el narcotráfico y la generación de terror en la población como ejes principales. “Le han ordenado a la población venderles la hoja y la pasta base de coca, al tiempo que han emitido amenazas contra aquellos que sean informantes del Frente Carolina Ramírez”, alertaba entonces la entidad.
Inclusión en la paz total
Ambos grupos han expresado interés en sumarse a la paz total, el proyecto del Gobierno de Gustavo Petro para pacificar Columna Digital. No obstante, no han respetado el pedido de Ejecutivo de no continuar con disputas territoriales mientras se definen los marcos normativos para negociar la paz. La ambivalencia ha generado incertidumbre en un contexto donde hay varios grupos armados con los que el Estado deberá dialogar de manera individual.
Uno de los desafíos del Gobierno será definir la naturaleza de cada organización. Esto es importante porque no es lo mismo negociar con un grupo con reivindicaciones políticas que con el crimen organizado. La ley de la paz total establece dos tipos de mecanismos: los acuerdos tradicionales con grupos que tienen un componente político, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN); y el sometimiento a la justicia para las “estructuras armadas de crimen de alto impacto”. La segunda categoría implica menos beneficios, pese a que permite la reducción de penas de los implicados.
La categorización de estos dos grupos es compleja porque hay una gran diversidad de actores dentro de cada uno, según explica por teléfono el representante Andrés Cancimance (Pacto Histórico). El congresista opina que el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera son grupos criminales que deben someterse a la justicia: “No hacen parte de estructuras con ideologías claramente marcadas”. Sin embargo, reconoce que aún no hay una postura definida dentro del partido del Gobierno sobre cómo clasificar a cada grupo.
Un desafío adicional para el Ejecutivo será recuperar el control de las zonas vulnerables. Cancimance demanda con “urgencia” que el Estado se involucre más en el departamento con programas sociales y educativos que sirvan de contención para los jóvenes. Afirma que hay un interés por el departamento en el Ejecutivo, pero remarca que de momento se han priorizado otros territorios, como Catatumbo y Buenaventura. “Mientras más se demore el Gobierno, más muertos vamos a tener”, comenta.
El problema es que para las instituciones del Estado es muy difícil meterse al tiempo en las zonas más afectadas. La comunidad de vecinos fue la que se encargó el sábado de los cadáveres. El relevamiento por parte de las autoridades del Estado recién comenzó el lunes. La Fiscalía General de la Nación ha confirmado a este periódico que un equipo de fiscales especializados trabaja para identificar a los muertos, aunque ha evitado dar más precisiones. La Defensoría del Pueblo ha reiterado que son 18 los muertos contabilizados, pese a que el Frente Carolina Ramírez alega en un comunicado que son 23 y que son todos de Comandos de la Frontera. No hay información oficial aún sobre sus identidades.
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