El Tribunal General de la Unión Europea de Luxemburgo analiza desde ayer y este viernes dos casos pendientes del expresident catalán Carles Puigdemont en torno a su inmunidad como eurodiputado, una cuestión clave en su lucha por evitar ser juzgado en España por el referéndum ilegal de octubre de 2017 que lo llevó a refugiarse en Bélgica y a aspirar, y lograr, un escaño en el Parlamento Europeo.
Se trata de sendas audiencias previas a la fase de deliberación de los jueces europeos que se celebran sin cámaras y sin la presencia siquiera ni del expresident ni de los demás afectados, los también eurodiputados independentistas Toni Comín y Clara Ponsatí. Pero el acalorado debate en España sobre la reforma del delito de sedición, así como la inminencia de una decisión de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, sobre su condición de eurodiputados después de que la Junta Electoral Central recordara que no han acatado aún sus mandatos, ha creado una fuerte tensión en torno a este nuevo trámite judicial en el marco de una larga batalla judicial en los tribunales europeos de los líderes independentistas.
La audiencia clave tiene lugar este viernes, en la que la defensa pedirá formalmente la anulación del suplicatorio —la solicitud de anulación de la inmunidad— que el Tribunal Supremo envió al Parlamento Europeo en enero de 2020. Se trata de una cuestión clave porque Bélgica decidió congelar la tramitación de las euroórdenes contra los políticos independentistas (por sedición y malversación en el caso de Puigdemont y Comín, y solo sedición en el de Ponsatí) hasta que se resuelva este asunto de fondo. La defensa de los políticos catalanes ha adelantado que su estrategia se basará fuertemente en usar el debate sobre la reforma de la sedición y recientes declaraciones de los máximos responsables políticos del país para argumentar que su principal cliente, el expresident, sufre persecución política en España.
La audiencia previa del jueves sirvió en cierto modo de precalentamiento. Fue una sesión muy técnica para dirimir uno de los pasos del laberinto jurídico del caso: si el entonces presidente de la Eurocámara, el italiano David Sassoli, ya fallecido, debería haber tramitado rápidamente la carta de solicitud de amparo de inmunidad que acabó rechazando en diciembre de 2019. La misiva, firmada por 38 eurodiputados, entre ellos Diana Riba de ERC, había sido entregada el 10 de octubre de 2019, es decir, cuatro días antes de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena emitiera las euroórdenes nada más concluir el juicio del procés.
Mientras que tanto el abogado del Parlamento Europeo como la representante de España sostuvieron que la carta y su eventual tramitación parlamentaria no habrían tenido, esencialmente, ningún efecto jurídico vinculante, el abogado de los demandantes, Gonzalo Boye, aseveró lo contrario. Según su argumentación, el juez Llarena no habría podido emitir las euroórdenes —y, por lo tanto, no habrían sido detenidos en varias ocasiones desde entonces— si Sassoli hubiera tramitado la carta, empezando el proceso de análisis de la inmunidad de los catalanes. Más allá de que esta cuestión ya no tenga relevancia en sí, ya que desde entonces se han dado varios pasos jurídicos más que han acabado restableciendo de forma temporal su inmunidad, esta argumentación, si el tribunal de cinco jueces internacionales del TGUE decide darlo por bueno, le podría servir de base para otra cuestión fundamental en la audiencia clave del viernes: la legalidad misma del suplicatorio.
Las decisiones sobre estos dos casos no se conocerán probablemente hasta dentro de varios meses. Además, todavía pueden ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de la UE, el TJUE, que es el que el pasado mayo restituyó de manera cautelar la inmunidad de Puigdemont, revirtiendo así una decisión previa del TGUE. Es, por tanto, muy posible que el caso siga sin resolverse antes de que acabe la actual legislatura del Parlamento Europeo, en 2024.
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Pendiente está también otra decisión clave del TJUE sobre una cuestión prejudicial presentada por el juez Llarena para aclarar cómo debe interpretarse el derecho europeo en el en el largo pulso que la justicia española mantiene con Bélgica por las órdenes europeas de detención (ODE) contra varias figuras del independentismo. A mediados de julio, el Abogado General del TJUE dio la razón a España al considerar que Bélgica no puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo español para emitir una euroorden ni puede denegar la entrega de los fugados del procés alegando posible vulneración de derechos fundamentales si no demuestra antes la existencia de “deficiencias sistémicas” en la justicia de España. Aunque su opinión no es vinculante, suele coincidir con las resoluciones del TJUE.
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