Los peligros acechan en las calles de Buenaventura. Sitiada durante años por bandas criminales enfrentadas, en el principal puerto marítimo del país abundan las fronteras invisibles, pero sus habitantes han experimentado el alivio de una incipiente tregua en los dos últimos meses. Será allí, sobre el Pacífico colombiano, donde comenzarán a andar en diciembre los primeros diálogos con esa suerte de pandillas, el laboratorio local de la paz total con diversos actores armados que se propone sacar adelante el Gobierno de Gustavo Petro.
Los Shottas y Los Espartanos, las principales bandas criminales en el puerto, suman más de mil miembros. Las dos estructuras establecieron el mes pasado ―con mediación de la Diócesis y de la Junta de Acción Comunal local― una tregua que ya se venía rumorando como muestra de su interés en acogerse a la búsqueda de la paz total, la propuesta del nuevo Ejecutivo para desarticular a todo tipo de grupos armados y pacificar los territorios en un país que anhela doblar la página de la violencia después de más de medio siglo de conflicto armado.
Buenaventura, donde viven más de 430.000 personas, en su mayoría afrodescendientes, ha estado históricamente azotada por grupos armados, desde guerrillas y paramilitares hasta las bandas instaladas en los barrios que se disputan las rutas del narcotráfico. El puerto se hizo tristemente célebre por las “casas de pique”, lugares donde torturaban y descuartizaban personas. Las amenazas, los homicidios selectivos y las extorsiones han persistido. El origen de Los Espartanos y Los Shotas, en particular, se rastrea hasta la desarticulación del grupo delincuencial La Local, una banda sucesora a su vez del Clan del Golfo. Después de varias capturas masivas en el año 2021, al menos 400 de sus miembros se encuentran en diferentes cárceles del país.
La violencia se ha apaciguado en los emblemáticos primeros 100 días de la nueva Administración, que llega con la promesa de privilegiar el diálogo como método para resolver los conflictos. El vuelco es evidente. En el último mes y medio no ha habido ningún homicidio en Buenaventura, celebra monseñor Rubén Darío Jaramillo, el obispo de la ciudad, una figura clave en los acercamientos con los grupos criminales. Son los menores niveles de violencia en al menos dos años en una lugar donde se solían registrar entre 20 a 25 homicidios mensuales.
Después de una fase exploratoria, en el puerto se instalarán dos mesas de diálogo paralelas, una social, que ya está en marcha, y otra de negociación que se antoja inminente. El próximo 5, 6 y 7 de diciembre habrá una serie de eventos encaminados a blindar ese proceso con las bandas delincuenciales, con unas dos mil personas que llegarán desde distintos rincones de Colombia para compartir sus experiencias exitosas de cultura de paz con los habitantes de los barrios, explica monseñor Jaramillo. Las jornadas terminarán con un gran concierto por la paz total. “Aquí se va a lanzar un modelo para todo Columna Digital, que el laboratorio de paz sea Buenaventura, por toda la experiencia de este tiempo que llevamos de diálogo”, explica a este periódico.
Las actividades se encaminan a generar confianza de cara a la instalación de una mesa de negociación formal, con representantes oficiales tanto de las bandas como de la oficina del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, el encargado de aterrizar la propuesta del Gobierno. Allí se buscarán acuerdos en temas de desarme, desmovilización, reparación de víctimas, verdad y la disminución de delitos como el robo y la extorsión.
Newsletter
El análisis de la actualidad y las mejores historias de Colombia, cada semana en su buzón
Con Petro, el concepto de paz se expande para cobijar no solamente a las guerrillas como una forma política del conflicto que ha sufrido Colombia, sino también a otro tipo de formas criminales. El mandatario se propone darle un nuevo impulso a la frágil implementación del acuerdo con las extintas FARC, hoy convertidas en un partido político, y ya sentó al ELN en Caracas para retomar esa negociación. Aún no es del todo claro el lugar que ocuparán las disidencias en esa paz total, pero sí quedó establecido que también busca una política de sometimiento para otros grupos. Aunque persisten algunas dudas jurídicas sobre las figuras que permitirán a las bandas acogerse a la justicia, ya existe un marco en la llamada ley de la paz total. El texto aprobado el mes pasado, entre otras, extiende la noción de paz al sometimiento de grupos del crimen organizado.
“En Buenaventura ya vamos a cumplir dos años de una guerra urbana de unas dimensiones que nadie se espero”, apunta Juan Manuel Torres Erazo, investigador y coordinador de la oficina pacífico en la Fundación Paz y Reconciliación (PARES). En tiempos tan recientes como septiembre se registraron enfrentamientos con armas largas en el casco urbano, y parecía que todo iba a peor. Pero con la llegada de Petro, las bandas han acogido sus llamados al diálogo. “La situación en la ciudad ha cambiado radicalmente para bien”, apunta Torres Erazo. Entre otras, relata desde la propia Buenaventura, “se borraron las fronteras invisibles”, como se conocía a esos límites entre barrios que no se podían cruzar y mantenían a las poblaciones confinadas. El reto ahora es que esos avances sean duraderos.
Suscríbase aquí a la newsletter de Columna Digital sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
