La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, hará uso este martes de su derecho, como todo imputado judicial, a pronunciar unas “últimas palabras” en la causa que la investiga por presunta corrupción durante sus dos Gobiernos. Por decisión propia, estará sola en su despacho en el Congreso, sin el apoyo de sus abogados. Hablará a una cámara, como ya lo hizo en otras oportunidades, para rechazar cada una de las acusaciones. En agosto, el fiscal Pablo Luciani pidió contra ella 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si se cumplen los tiempos del proceso, Kirchner sabrá durante la segunda quincena de diciembre si los jueces la condenan o la absuelven. No irá presa, porque tiene fueros como vicepresidenta. Su eventual condena, en cualquier caso, iniciará un largo proceso de apelaciones que terminará en la Corte Suprema, que tendrá la última palabra.
Kirchner ha sostenido desde el inicio de juicio, hace dos años y medio, que toda la investigación en su contra es un montaje de la oposición y “el partido judicial” para encarcelarla. Los fiscales, en cambio, la acusan de montar una asociación ilícita durante sus dos Gobiernos, entre 2007 y 2015, para beneficiar a amigos del poder con millonarios contratos de obra pública a cambio de sobornos. Entre los acusados hay funcionarios acusados de cobrar sobornos y empresarios sospechados de pagarlos.
“Mañana a las 9.30 en el juicio de Vialidad: ‘últimas palabras’. Así le dicen…”, publicó este lunes Kirchner en sus redes sociales. Confirmó así que haría uso de su derecho. Se la podrá seguir en directo por su canal de YouTube y por la transmisión del Tribunal Federal que la juzga. Hasta ahora, ha dicho sus “últimas palabras” el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien ya está preso por su responsabilidad en la llamada tragedia de Once, un accidente de ferrocarril que dejó 52 muertos el 22 de febrero de 2012. De Vido dijo que el juicio era una “persecución injusta”, en línea con lo que ha sostenido Kirchner.
La causa Vialidad es la que más complica a Kirchner, y la que está más avanzada. Según el fiscal Luciani, la expresidenta era la jefa de una asociación ilícita destinada a enriquecer a sus miembros con dinero público. Según su argumento, Kirchner montó un aceitado mecanismo donde el empresario Lázaro Báez, hoy condenado a 12 años de cárcel por lavado de dinero, recibía a cambio de retornos contratos millonarios de obra pública en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo en la Patagonia. Luciani ha dicho que la vicepresidenta “no podía no saber” lo que sucedía bajo su mando. “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Los imputados, en una estricta separación de roles, sustrajeron frutos del erario en provecho particular, adoptando todas las medidas necesarias para hacerlos con impunidad y desactivando todos los mecanismos de control”, dijo en agosto, durante la lectura de su alegato.
El fiscal estimó en 1.000 millones de dólares el daño causado al Estado a través de 51 contratos de obras viales entregadas a Austral Construcciones, una empresa creada por Lázaro Báez, un ignoto empleado de banco que en pocos meses se convirtió en millonario. Como argumentos del presunto fraude, la fiscalía dijo que el patrimonio de Báez creció 12.000% entre 2004 y 2015 y el de su empresa un 46.000%. Durante las tres presidencias del kirchnerismo, Báez solo tuvo como cliente al Estado; mientras su fortuna se multiplicaba, celebrara una veintena de acuerdos comerciales privados con la familia Kirchner. El 23 de agosto, un día después del pedido de prisión presentado por Luciani, Kirchner se defendió de todas las acusaciones. Lo hizo, una vez más, mirando a una cámara montada en su despacho en el Congreso, como lo hará este martes.
Kirchner denunció que la investigación que enfrenta es en realidad “contra todo el peronismo”, una “ficción” sin pruebas ni sustento jurídico. Colocó detrás de la jugada al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), representante de “aquellos que van por todo, por los salarios, los derechos de los trabajadores y los jubilados”. Dijo además que su condena ya estaba escrita desde antes del inicio de la investigación. El peronismo cerró entonces filas alrededor de la vicepresidenta. Hubo marchas de desagravio y largas jornadas de vigilia frente al piso que ocupa en Recoleta, el barrio más acomodado de Buenos Aires. Las manifestaciones cesaron abruptamente la noche del 1 de septiembre, cuando un hombre de 35 años llamado Fernando Sabag Morel gatilló dos veces su arma contra el rostro de Kirchner, sin que saliese la bala. La vicepresidenta redujo entonces sus apariciones públicas.
En la lista de acusados hay otras 12 personas. Además del exministro De Vido y el empresario Lázaro Báez, está el exsecretario de Obras Públicas José López, preso desde 2016 tras ser atrapado in fraganti cuando intentaba ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento. Los jueces deberán ahora decidir si el fiscal ha probado que las decisiones de un Gobierno pueden considerarse fruto de una asociación ilícita, que por definición nace para delinquir.
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