El primer ministro Viktor Orbán ha recibido este miércoles una noticia en cuanto al financiamiento de el País, la Comisión Europea puede asestar a un Estado miembro: la propuesta de suspensión de 7.500 millones de euros de fondos europeos como castigo por no haber cumplido los compromisos para enderezar el deteriorado Estado de derecho húngaro. Budapest, que ahora queda en manos de los Veintisiete y necesita los fondos ante un contexto económico difícil, ha evitado la confrontación con Bruselas tras el anuncio. El ministro encargado de las negociaciones, Tibor Navracsics, ha asegurado que el Ejecutivo continuará con las reformas comprometidas para desbloquear la financiación en 2023.
Por otra parte la decisión de la Comisión corría por la capital húngara, después de que la adelantaran varios medios. Bruselas finalmente ha pedido al Consejo que suspenda el 65% de tres programas de los fondos de cohesión porque considera que el Ejecutivo húngaro no ha completado las 17 medidas que prometió para atajar la corrupción y, por lo tanto, el dinero comunitario sigue en riesgo. En paralelo, Bruselas ha dado luz verde al plan de recuperación del país tras la pandemia, el único que quedaba pendiente, pero con condiciones: no hará ninguna transferencia de los 5.800 millones de euros en subvenciones hasta que se ejecuten reformas encaminadas a reforzar la independencia judicial, escalonadas en lo que ha llamado superhitos.
Mientras tanto en una comparecencia Navracsics ha celebrado que el plan de recuperación haya contado con el respaldo de la Comisión, sin profundizar en los requisitos asociados. “Debemos estar orgullosos”, ha celebrado el ministro de Desarrollo Regional y UE, según recoge la agencia Reuters. Sobre la noticia del día, el paso adelante del mecanismo de condicionalidad que se estrena con Hungría, ha quitado importancia al castigo al asegurar que el País “cumplirá con sus compromisos como hasta ahora y en 2023 será posible tener un acceso del 100% a los fondos de todos los programas operativos”. Según su versión, en el cronograma que se había marcado Budapest quedan pendientes reformas legislativas para las cuales los plazos no han vencido. “Aún no estamos en la línea de meta”, ha añadido.
En la sociedad civil húngara, la mano dura que por fin percibe de Bruselas ha sido bien recibida. “Dadas las circunstancias actuales, es la decisión adecuada”, afirma József Péter Martin, director de Transparencia Internacional (TI) en Hungría. “Es muy importante que después de una década la Comisión se tome en serio las vulneraciones sistemáticas del Estado de derecho y la corrupción sistémica”, opina, y considera positivo el plan de hitos, que implica una vigilancia estricta sobre la ejecución de los compromisos. Con todo, insiste en que el paquete de reformas emprendido por el Gobierno no es suficiente y aboga por la adhesión del país a la Fiscalía europea.
Hungría registró en octubre una inflación del 21,1%, récord en 26 años. En los alimentos, la subida de precios llegó al 40% ese mes, el dato más alto de la UE. La moneda nacional, el forinto, está a la baja en el mercado de divisas y tiene un déficit fiscal muy preocupante. Budapest no puede permitirse la suspensión de los 13.300 millones de euros que están en juego. “El Gobierno ha puesto a propósito al frente de las negociaciones a Navracsics, el más moderado”, explica Rudolf Berkes, analista del think tank Political Capital.
Ahora el destino de este dinero está en manos de los Veintisiete, que tomarán la decisión final sobre las dos resoluciones de la Comisión previsiblemente antes de fin de año.
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