La eliminación del delito de sedición y su reemplazo por otro de desórdenes públicos agravados pasó el primer trámite parlamentario la pasada semana en un debate que finalizó pasada la medianoche. El segundo lo superó este jueves —de nuevo con un apoyo muy holgado, 185 diputados— a la hora de comer, con el banco azul vacío y un hemiciclo casi desierto hasta el momento de la votación. La próxima semana se cerrará el plazo de presentación de enmiendas y las previsiones del Gobierno y sus aliados son elaborar el texto a toda prisa para aprobarlo antes de fin de año y enviarlo al Senado.
La propuesta de los dos partidos del Gobierno —que suavizará los procesos judiciales todavía abiertos contra algunos dirigentes independentistas— fue admitida a trámite tras un tenso debate que acabó ya entrada la madrugada del pasado viernes 25. El siguiente paso era debatir las enmiendas a la totalidad, en las que coincidían, por motivos radicalmente opuestos, las derechas en la oposición y el independentismo más irreductible, Junts y la CUP. Las prisas del Ejecutivo llevaron a convocar este jueves un pleno extraordinario tras finalizar el ordinario semanal, que comenzó después de las dos de la tarde.
Las urgencias suscitaron las protestas de la derecha. “Qué molestos les resultan los trámites legislativos, cuánto les incomoda dar cuentas del Código Penal”, criticó el popular Carlos Rojas, quien también censuró la ausencia de miembros del Gobierno “en un debate de tanta trascendencia”. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y el regionalista navarro Sergio Sayas sostuvieron incluso que se había buscado a propósito su coincidencia con el partido del Mundial de fútbol España-Japón, previsto para cinco horas más tarde. Esta última queja dio pie a la diputada de ERC Carolina Telechea para ironizar: “Tienen razón, se han puesto de acuerdo el pleno y el partido para que no se hable del tema ni en España ni en Japón”.
A la hora del debate, la mayoría de los diputados ya se había ido a comer, una vez finalizadas las votaciones del pleno ordinario anterior. Del Gobierno, ni rastro. Algunos grupos rebajaron además el rango de los diputados elegidos para defender sus posiciones, a diferencia del primer debate. En el PP, la portavoz, Cuca Gamarra, cedió el testigo a Rojas, su número dos, y en ERC Gabriel Rufián delegó en Telechea. Solo Ciudadanos puso en liza a su líder, Arrimadas.
Como hace una semana, el PP intentó sin éxito abrir fisuras en las filas socialistas. “Rompan la disciplina de voto por respeto a su país y a sus votantes”, les instó Rojas. En el primer intento los populares habían reclamado el voto por llamamiento, es decir, de viva voz y uno a uno de los diputados. Entonces la respuesta fue que todos los socialistas se levantasen al unísono cuando llamaron a la primera parlamentaria de ese grupo. Esta vez, con la votación electrónica habitual, el cierre de filas se escenificó mediante una ovación del grupo entero puesto en pie —ya habían regresado la mayoría para la votación— cuando finalizó la intervención de su compañero Felipe Sicilia, quien había replicado a los ataques del PP: “Ustedes prefieren la Cataluña de 2017 a la actual, la de la división y el enfrentamiento, porque es así, en la crispación, donde ustedes hacen su papel”.
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El grupo de los contrarios a la reforma no podía ser más heterogéneo y sus razones más opuestas. De un lado, la oposición: el PP y Ciudadanos proponían dejar el delito tal como está, y en el caso de esta última formación se sugería introducir además uno nuevo de “rebelión impropia” cuando medie la “amenaza de violencia”. Vox pretendía agravar las penas previstas e introducir también un delito más, el de traición. Del otro, Junts y la CUP abogaban por eliminarlo por completo y sostenían que la nueva tipificación de desórdenes públicos permitirá continuar lo que ellos califican de “criminalización” del independentismo y la protesta ciudadana. Como todas las enmiendas contenían textos alternativos se votaron por separado. La del PP logró el apoyo de toda la derecha. Los populares se abstuvieron en la de Vox, lo mismo que hizo ERC con las de los otros dos grupos independentistas catalanes.
El debate llegaba tras una mañana muy tensa en el Congreso, por los constantes forcejeos entre la presidencia y algunos grupos, Vox singularmente, para que retirasen términos considerados ofensivos. Esos choques se habían producido durante discusiones sobre asuntos en teoría mucho menos controvertidos. Y, en cambio, al abordar un tema que suscita tantas pasiones encontradas como la sedición, no se registró el menor incidente.
Hubo hasta algún momento jocoso, como cuando el diputado de Vox Javier Ortega Smith provocó las risas de Rufián y sus compañeros de ERC al emplazarles: “Si tanto odian a España, renuncien a la nacionalidad española, tomen un avión y váyanse a Corea del Norte, Cuba o Venezuela”. Ortega Smith pronunció un inflamado discurso en defensa de las esencias de la nación española que tuvo su réplica en Jaume Asens, de Unidas Podemos: “Me ha recordado mucho al Volksgeist [espíritu del pueblo] del nazismo. Me ha sonado muy parecido al fascismo”. Ni así se alteraron los ánimos. Arrimadas arrancó un gran aplauso de Vox cuando criticó a la presidencia por haber retirado la palabra el pasado martes a su diputada Patricia Rueda, quien manifestó que el Gobierno “premia a filoterroristas”, afirmación que la líder de Ciudadanos suscribió apelando a los pactos del Ejecutivo con EH Bildu.
Por lo demás, el debate solo sirvió para ahondar en los argumentos ya conocidos. Las formaciones del Gobierno defendieron que se trata de adaptar la legislación española a la europea y sus detractores replicaron que, aunque con diferentes nombres, otros países contemplan delitos parecidos. Unos aseguraron que su propósito es propiciar la convivencia en Cataluña y los otros que el Ejecutivo se pliega a los “golpistas”. Y en una dimensión aparte, los independentistas opuestos a la reforma. Josep Pagès, de Junts, la interpretó como la prueba de que el Gobierno “está obsesionado con traer de vuelta a Puigdemont. Y Mireia Vehì, de la CUP, deploró que el nuevo delito de desórdenes públicos pueda aplicarse a conductas como las de los activistas por la independencia que bloquearon el aeropuerto de Barcelona en protesta por la condena a los líderes del procés, en octubre de 2019.
Sin pistas sobre el posible cambio de la malversación
Ya había ocurrido en el debate de la pasada semana y se repitió en el de ayer: ni las formaciones del Gobierno ni sus aliados parlamentarios hicieron la menor alusión a la posibilidad de que la reforma suavice también las penas por malversación, otro de los delitos que pesan sobre dirigentes independentistas implicados en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Los diputados de la oposición aludieron a esa posibilidad para reforzar su catarata de argumentos contrarios a la propuesta, pero del otro lado no obtuvieron ningún indicio sobre si esa idea continúa adelante.
La iniciativa de reformar la malversación fue lanzada en su momento por ERC, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró dispuesto a estudiarla. Pero la propuesta se ha encontrado con obstáculos. Varias formaciones que apoyan al Gobierno han expresado su rechazo porque podría implicar beneficios a personas condenadas por corrupción. Hasta ERC ha admitido ese peligro y no ha acabado de concretar cómo se podría abordar la cuestión. El asunto debería quedar aclarado la semana próxima, cuando se cierre el plazo de presentación de enmiendas, la vía que anunció en principio ERC para poner esa propuesta encima de la mesa.
La diputada de Esquerra Carolina Telechea se limitó a exponer ayer que la reforma legal ya en marcha es aún “mejorable” durante el rápido proceso de tramitación que comienza ahora. “Seremos exigentes”, anunció la diputada republicana sin ofrecer más pistas. ERC enfrentó en el debate las críticas de su hasta hace poco socio en el Govern, Junts, cuyo diputado Josep Pagès criticó: “Aceptan todo lo que el Gobierno de Sánchez les pone encima de la mesa”.
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