Europa no puede ni debe seguir dando ayuda a hogares y empresas para afrontar la crisis que han provocado los precios de la energía. Debido que se desincentiva el ahorro energético, siendo así la Comisión Europea ha planteado a los Estados en mecanismo para concentrar los apoyos sobre las familias más vulnerables. El gobierno tiene la intención de establecer tres alternativas para focalizar la medida sobre quienes más lo necesitan. Los ministros de Finanzas de la UE debatirán el lunes sobre la propuesta en la reunión del Eurogrupo.
En el documento preparado por el departamento de Economía y Finanzas del Ejecutivo comunitario, se cifra en una cantidad equivalente al 1,5% del PIB de la Unión Europea hasta el 31 de octubre las ayudas que han desplegado los Estados para responder a la crisis energética que agravó mucho la invasión de Ucrania el 24 de febrero de este año. El esfuerzo presupuestario se reduce en tres décimas por los impuestos extraordinarios a los beneficios caídos del cielo. En Bruselas se piensa que este ritmo de gasto no puede sostenerse durante mucho tiempo, de ahí que en los exámenes de los presupuestos para 2023 ya recomendaran la necesidad de concentrar las ayudas sobre las empresas y hogares que lo necesiten.
El diseño más sensible socialmente de las medidas también debe completarse con los incentivos “de apoyar la eficiencia energética y las energías renovables para reducir la demanda estructural de combustibles fósiles”. Las medidas indiscriminadas sobre los precios, “como las rebajas del IVA”, no cumplen estos criterios, apunta el Ejecutivo comunitario en su documento. Y así, como indiscriminadas, podrían definirse el 61% de las ayudas, señala el último cálculo comunitario.
La idea de poner un mecanismo para apoyar a hogares
“En un modelo de dos niveles de precios de la energía, en el que los consumidores se benefician de precios regulados hasta un determinado nivel de consumo” se esbozaba sin detalles en uno de los documentos presentados al mismo tiempo que los exámenes presupuestarios. Los detalles aparecen en la nota remitida al Eurogrupo para que se debata el lunes en su formato ampliado, es decir, los responsables de Finanzas de la zona euro más los del resto de la UE, sin que llegue a ser el Ecofin.
En la propuesta quedan fuera las empresas, ya que Bruselas entiende que el respaldo a estas para afrontar la crisis energética está regulado por la normativa de ayudas de Estado y esta ya se relajó por última vez en octubre. No obstante, la inspiración de la medida parte de cómo se ha abierto la mano con las empresas.
El punto de partida del mecanismo es la fijación de una referencia mínima de precios para electricidad y gas que “puede basarse en un multiplicador del precio medio histórico de la energía en el Estado miembro”. El resultado debería perseguir un equilibrio entre la ayuda a los beneficiarios y un control suficiente de costes. A partir de aquí se pasa fijar un volumen de consumo cubierto por ese precio que no debe ser muy alto “para incentivar el ahorro de energía”, el consumo que esté por encima ya no se beneficia de este tope.
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