Algunas cárceles de Colombia se alistan para abrirles la puerta a los jóvenes que fueron detenidos por supuestos delitos cometidos en las protestas. Este fin de semana, Petro les ha respondido a quienes le reclamaban que cumpliera su promesa de campaña y ha dado un plazo: antes de Navidad, las personas que han sido encarceladas por hechos ocurridos en el marco del estallido social volverán a sus casas.
“El derecho a la protesta es un derecho democrático. El derecho a expresarse, a movilizarse, es un derecho democrático. Los gobiernos que ordenan a su policía a matar, encarcelar, torturar y detener jóvenes no son gobiernos democráticos. Y este es el gobierno del cambio”, dijo el presidente el sábado en Pasto, en un encuentro con líderes de las Juntas de Acción Comunal. Petro habló conmovido de los jóvenes que se pusieron frente a las protestas, en las llamadas primeras líneas. “Aquí anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena”, prometió ante un público que no paraba de aplaudirle.
“Este Gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas que simplemente se expresaban, manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia”, dijo el mandatario. Petro ha prometido un proceso en un plazo difícil de cumplir porque ni siquiera existe una cifra exacta de cuántas personas han sido detenidas. Para lograr su objetivo, cada caso debería ser estudiado por separado y cumplir con un proceso jurídico que permita su liberación, según anunció el vocero de Gobierno, Alfonso Prada. El Ejecutivo de Petro trabaja a toda marcha para lograr una reglamentación que agilice el proceso. “Hemos creado una comisión de alto nivel que va a estar en la reglamentación y que tendrá la función de asesorar y recomendar al señor presidente de la República en la utilización de esta facultad concedida por el Congreso y que procederemos a reglamentar”, dijo Prada, que hará parte de ese comité especial.
El anuncio del Gobierno ha sido rechazado, como era de esperarse, por la derecha. “¿La liberación de los miembros criminales de primera línea como gestores de paz en el proceso con el ELN es el reconocimiento del gobierno de que sí hubo infiltración guerrillera en el paro y de que esa parte de la primera línea es el ELN?”, escribió en un tuit la senadora Paloma Valencia, del partido opositor Centro Democrático. Voces cercanas al Gobierno también se mostraron en desacuerdo con la idea. “Sin lugar a dudas hubo detenciones ilegales a ciudadanos en el marco de las protestas, pero también hubo graves hechos reales de tortura, terrorismo, violaciones sexuales y homicidio”, dijo la congresista Katherine Miranda, del partido Verde. El exministro Juan Camilo Restrepo, exjefe en la negociación con el ELN, también cuestionó la medida: ”La figura de los gestores de paz no estuvo nunca diseñada para soltar presos ‘al por mayor’ de las cárceles”.
Sergio Forero, que fue uno de los detenidos de la primera línea en Boyacá, suponía que la reacción a la medida del Gobierno iba a ser, sobre todo, de rechazo. “Se ha usado un lenguaje en los medios de comunicación tradicionales que busca generar inestabilidad, hacernos ver como si fuéramos una guerrilla o miembros de un grupo al margen de la ley, nosotros actuamos con justas causas”, dice Forero, que este mes se gradúa como licenciado en Ciencias Sociales. “El 22 de diciembre me gradúo. Eso me tiene feliz, llegué a pensar que por el proceso [judicial] podría perder el cupo [en la universidad”, cuenta por teléfono. Le preocupa, sin embargo, que el Gobierno no contemple amnistías ni indultos. Los jóvenes buscan quedar libres también de los procesos judiciales. “Hubo una violencia institucional, que mató jóvenes, los torturó o los mandó a la cárcel”, denuncia Forero.
Prada ha dicho que unas 230 personas han sido judicializadas, la Fiscalía dice que hay 118 escritos de acusación y el congresista Alirio Uribe señala que en cárceles hay 150 detenidos por hechos relacionados a las protestas. Se espera que esta semana, el Gobierno concrete cuántos y cuándo empezarán a salir de las cárceles, algunos permanecen desde hace más de un año en prisiones de máxima seguridad.“Primero hay que expedir la reglamentación, que conocerán de aquí al día de mañana (martes). Declaramos que no es una amnistía, no es un indulto. Reitero que no es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que finalmente definan los jueces en sentencia judicial”, ha explicado el vocero de Gobierno ante las primeras críticas.
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“El presidente, una vez se expida el análisis de cada caso particular, en forma individual e independiente, hará una solicitud de suspensión de captura que dirigirá a la autoridad judicial correspondiente”, señaló Prada, que anunció que la medida también será para líderes sociales y campesinos que han sido capturados por protestar. “En un decreto se definirán las funciones que tendrán como voceros del presidente en materia de paz y de convivencia ciudadana. Para quienes hayan sido de una u otra manera sindicados de haber afectado bienes, una de sus funciones será precisamente la de cuidarlos”.
Alirio Uribe, uno de los congresistas que impulsa la amnistía como proyecto de ley, dice que la mayoría de los jóvenes de la primera línea que han salido de la cárcel ha sido porque la justicia no encontró pruebas para inculparles. “La Fiscalía muchas veces no ha tenido cómo demostrar una condena. Las imputaciones fueron exorbitantes, con delitos como homicidio, porte de armas, secuestro…”, enumera el congresista del Pacto Histórico. Según el censo que ha liderado, con las visitas de su equipo en el Congreso y otros parlamentarios a las cárceles, cerca de 230 personas siguen detenidas, 150 en cárceles y el resto esperan sentencia bajo medida domiciliaria.
La propuesta de Petro está respaldada por una norma (la Ley 418 de 1997), que ha sido aplicada sobre todo en casos que involucran guerrilleros. Alias Karina de las FARC, o Carlos Velandia del ELN, consiguieron dejar las cárceles para unirse a procesos de paz. Ahora, Petro abre una puerta para que detenidos que no estén vinculados con grupos armados, también puedan ser beneficiados.
El exjuez y congresista Pedro Vacca asegura que en casos como el de Sergio Andrés Pastor, un joven reseñado por los medios como Alias 19, acusado de tortura, no habrá beneficio. “Hay un tipo de delitos que no van a ser cobijados por esta liberación. Consideramos que delitos de lesa humanidad, delitos relacionados con la tortura y graves, no podrán ser liberados y el Gobierno lo sabe. Creemos que Alias 19 no va a ser objeto de esta decisión”, señaló a RCN Radio.
Juliana Higuera fue detenida en noviembre del año pasado en Boyacá, en medio de una captura masiva de jóvenes que habían sido las caras visibles de las marchas. En febrero, logró que la justicia revocara la medida de aseguramiento, pero su caso en la justicia continúa. “¿Cómo será cada proceso de excarcelación? Ojalá el pronunciamiento del presidente no se quede en un mero discurso populista”, dice Higuera, que lidera la campaña Ni1D1A + ¡Libres y absueltxs! “Es un proceso muy complejo, son muchos casos y los procedimientos no son sencillos. No es tan fácil que les den la excarcelación a todos antes de Navidad”, dice.“El anuncio ha generado muchas expectativas, esperamos que nos cumplan”.
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