Un trabajador autónomo de ventas conversa con una familiar a las puertas de un supermercado del distrito de Jesús María, un barrio residencial de Lima: “Cómo es la vida, ¿no? En la mañana, presidente, y en la tarde, en la carceleta de la Prefectura”. Jorge, de 55 años de edad, descalificó la disolución del Congreso y la declaración de un Gobierno de emergencia que había adoptado Pedro Castillo por la mañana. Respiraba aliviado con que la vicepresidenta Dina Boluarte asumiera en reemplazo del jefe de Estado destituido por el Parlamento. “No pensaba que [Castillo] fuera a dar el golpe. Ahora con la presidenta se está siguiendo el lineamiento de la Constitución. Yo preferiría que hubiera elecciones y empecemos de nuevo desde cero, pero está difícil porque ella no tiene bancada en el Parlamento”, agrega.
Para Arturo, un ingeniero de sistemas de 44 años, el maestro rural actuó de manera antidemocrática al cerrar el Legislativo. Su expectativa, relata, es que la política termine el mandato en julio de 2026. “Nos ha estado yendo mal con tanta inestabilidad política en los últimos años”, manifiesta. Desde la toma de posesión de Pedro Pablo Kuczynski en 2016, en Perú ha habido seis gobernantes en seis años y uno de ellos, Manuel Merino, solo duró cinco días en el cargo.
“Cada vez que ha habido cambio de presidente o de Congreso o elecciones anticipadas por vacancias u otras medidas, no nos conviene como país: hay mucha inestabilidad”, añade Arturo mientras espera en una parada de transporte. Hacia las tres y media de la tarde, cuando Boluarte daba sus primeras palabras en el Congreso en la ceremonia de juramentación como presidenta, un taxista en el centro de Lima prendió su radio. Escuchó la voz de la nueva mandataria y cambió de emisora para buscar música. “Las noticias enferman. Con todo lo que hacen [los políticos] los trabajadores somos los más perjudicados”, lanzó con amargura.
A 200 metros del taxista, dos grupos de agentes de la policía cercaban la avenida España debido a que unas 150 personas se agolpaban frente a la Prefectura -incluidos algunos grupos de choque de ultraderecha, como Los Combatientes y Arica no se rinde- para celebrar la caída de Castillo. “Y ya cayó, y ya cayó, el delincuente ya cayó”, cantaban agitando la bandera rojiblanca peruana, entre ellos, Jorge del Castillo, un ex primer ministro del segundo Gobierno de Alan García y una de las hijas de dicho expresidente, que se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser detenido por su vinculación con el caso Odebrecht.
El grupo era parecido al que se manifestó tras la segunda vuelta presidencial en junio de 2021 exigiendo anular la votación de Castillo y alegando un fraude que nunca existió. Los mismos marcharon también por las calles del centro de la capital varias veces en 2021 y durante este año para exigir la salida de Castillo. Una de las líneas del servicio de Transporte Metropolitano, de carril exclusivo en Lima, llegó a interrumpir el servicio a mitad de la tarde en la avenida España, debido a la manifestación afuera de la Prefectura, donde permanece el mandatario destituido y detenido.
A lo largo de la tarde, se acercaron a la misma zona otros grupos manifestantes partidarios del exlíder sindical. Lo hicieron con letreros y pancartas a favor del político depuesto y contra el Congreso que este pretendía disolver. Hacia el final de la tarde, Rosa, una oficinista de 38 años, ya estaba al tanto de los tres hechos del día: el autogolpe, la destitución y la sucesión presidencial. “Fue algo inesperado lo que hizo Castillo, aunque todos queríamos que se fueran, el Congreso y el presidente. Ahora espero que se marchen ambos”, señaló. El Parlamento bordea el 87% de desaprobación en las encuestas en los últimos meses, por encima de la opinión negativa sobre el Ejecutivo.
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