Un tripartito llamado “la coalición de progreso” de los socialdemócratas, verdes y liberales se disponía a emprender las grandes reformas de corte progresista que necesitaba Alemania. El nuevo canciller, Olaf Scholz, quería dejar atrás los años de estancamiento de la gran coalición de la que él mismo había formado parte como vicecanciller de Angela Merkel. Casi se palpaba la euforia por haber conseguido un acuerdo entre tres socios tan distintos que permitía que un canciller socialdemócrata volviera a liderar país después de 16 años de dominio democristiano.
El incremento de los precios del gas, la electricidad y los alimentos han hecho pequeños los bolsillos de los alemanes, que cada vez ven con peores ojos a la coalición de Gobierno. La valoración en las encuestas ha ido cayendo a la par que crece la inflación, que al superar el 10% se ha situado en el nivel más alto de los últimos 70 años. “Ahora mismo el tripartito ya no tendría mayoría en el Parlamento”, apunta Peter Matuschek, investigador del instituto demoscópico Forsa. Tanto socialdemócratas como liberales han perdido apoyos y solo Los Verdes aguantan. “Tienen visiones ideológicas muy distintas y con cada nueva crisis hay conflicto: la entrega de armas a Ucrania, la energía nuclear… Llegan a acuerdos de mínimos y sus peleas públicas no inspiran confianza”, ilustra el experto.
Aquel diciembre de 2021, hace un año, la salida de la pandemia era el mayor desafío. El Ejecutivo estaba aún asentándose cuando todo dio un vuelco. El 24 de febrero, las tropas de Vladímir Putin entraron en Ucrania. Y, antes de que Scholz pudiera demostrar qué tipo de líder iba a ser, se convirtió a la fuerza en el canciller de la guerra.
El comienzo de la invasión, a escasos 700 kilómetros de su frontera este, ha obligado a Alemania a dar un giro radical a sus políticas. Lo que antes parecía inconcebible de repente se hizo posible. Imprescindible, incluso. Un Scholz con gesto todavía más adusto del acostumbrado anunció en el Bundestag (Parlamento) un zeitenwende, un cambio de época, tres días después, el 27 de febrero: “Estamos viviendo un punto de inflexión. Y eso significa que el mundo ya no es el mismo de antes”. El papel de Alemania en el mundo tenía que cambiar. El canciller anunció un fondo especial de 100.000 millones de euros para el ejército y el cumplimiento del objetivo del 2% del PIB en gasto militar, una demanda de la OTAN que Berlín llevaba décadas ignorando. Alemania estaba ante su mayor operación de rearme desde la Segunda Guerra Mundial.
Un día antes, Scholz ya había borrado de un plumazo décadas de restrictiva política exportadora de armas al autorizar el envío de misiles a una zona de guerra. Uno de los muchos tabúes que han ido cayendo, uno tras otro, desde que la invasión rusa de Ucrania puso del revés la política exterior y de defensa de la mayor economía europea. Virajes de ese calibre no estaban previstos en el acuerdo de coalición, un contrato de 177 páginas que obviamente atendía a otras urgencias: la descarbonización de la economía, la digitalización, la protección social. Los roces entre los socios de Gobierno no tardaron en asomar. No iba a ser fácil ponerse de acuerdo en las recetas ante la peor crisis energética en décadas.
Política miope
“El tripartito todavía no es una coalición de progreso. No le está dando tiempo a aplicar los avances porque está constantemente reaccionando a los acontecimientos”, asegura la politóloga Ursula Münch, directora de la Academia de Educación Política de Tutzing. La coalición “apacigua a la población durante la crisis con medidas como el billete de transporte de nueve euros, pero le falta dinero para reparar las infraestructuras y modernizar el transporte ferroviario”, pone como ejemplo de lo que considera “una política miope”.
Sin embargo, y pese a las dificultades y la amenaza de una recesión inminente, Scholz ha podido sacar adelante políticas sociales que considera claves para el paìs. La subida del salario mínimo, su principal promesa durante la campaña electoral, se materializó en junio, cuando con sus socios aprobó en el Parlamento un aumento del 25%, de los 9,6 euros la hora de entonces hasta los 12 actuales. Más de seis millones de trabajadores se han beneficiado de una subida histórica de los sueldos más bajos, habituales en hostelería y comercio.
La reforma de los subsidios de desempleo de larga duración y las ayudas sociales, el sistema conocido como Hartz IV, era otra de las prioridades de Scholz. Los socialdemócratas querían borrar el polémico legado de su último canciller, Gerhard Schröder, y lo consiguieron este noviembre, pero a costa de rebajar expectativas para que los democristianos no bloquearan la ley en el Senado. El nuevo Bürgergeld (literalmente, dinero ciudadano) entrará en vigor en enero con ayudas más generosas, menos burocracia y medidas para facilitar la búsqueda de trabajo.
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