Diez años después de la matanza de Sandy Hook, que se saldó con 20 menores y seis adultos muertos en esa escuela de Newtown (Connecticut), parecería que Estados Unidos no ha aprendido la lección del horror, y que sólo espera al siguiente tiroteo masivo para llevarse de nuevo las manos a la cabeza. Las circunstancias varían, pero el mal es siempre el mismo: el imperio de las armas en EE UU. Sandy Hook, sin embargo, marcó un punto de inflexión gracias a la acción de un bufete familiar de Connecticut que sentó en el banquillo al fabricante de armas Remington, condenado a indemnizar a familiares y supervivientes, y demostró la responsabilidad penal de la desinformación y las mentiras sobre el suceso que propaló el conspirador Alex Jones. Solo por esos hechos, además de sembrar la semilla del activismo en favor del control de armas, el de Sandy Hook constituye un caso aparte en el rosario de tiroteos masivos que recorren la geografía y la memoria de EE UU.
El calvario personal y familiar de los supervivientes se ha prolongado durante casi una década, pero con resultados. Josh Koskoff, tercera generación de abogados de Connecticut, lideró un esfuerzo legal que en febrero arrancó un acuerdo de 73 millones de dólares a las compañías aseguradoras de Remington, en favor de las familias de nueve de las víctimas de la escuela. Remington es el fabricante del rifle Bushmaster AR-15 que utilizó en la masacre Adam Lanza, de 20 años; el tipo de arma de asalto y la edad temprana del tirador son las constantes mortales de este tipo de ataques. La indemnización es el mayor pago efectuado hasta la fecha por un fabricante de armas por un tiroteo masivo.
Tras el acuerdo con Remington llegó en octubre la vindicación pública del caso: una multa de casi 1.000 millones de dólares impuesta al intoxicador Alex Jones, por sostener ―y propalar por Internet y por las ondas, y lucrarse con ello― que la tragedia de Sandy Hook había sido una farsa, un teatro. Sumada a otras sentencias anteriores presentadas en varios Estados, Jones deberá pagar casi 1.400 millones por mentir. Además de la reparación material, el hecho de que una teoría de la conspiración, exponente de las voces más ultras entre los republicanos, fuera refutada en los tribunales ha sentado un precedente. Todo gracias a Koskoff, hijo y nieto de abogados y cuyo despacho familiar, que no ha contestado a la solicitud de entrevista de este diario, se ha convertido en un colosal bufete gracias a las sentencias citadas.
A todo ello se suma el histórico acuerdo bipartidista de control de armas alcanzado en el Congreso en junio, que puso fin a un impasse legislativo de tres décadas. El pacto de demócratas y republicanos debe mucho al activismo pionero de las familias de Sandy Hook. También a la labor de sensibilización que varias fundaciones alentadas por supervivientes han desarrollado en colegios e institutos del país. La campaña de concienciación por el control de armas sigue adelante, reforzada por cada nuevo suceso sangriento, pese a reveses como el propinado en junio por el Tribunal Supremo al consagrar el derecho a llevar armas en público. El pasado jueves, el presidente Joe Biden presidió una vigilia en la Casa Blanca en recuerdo de las víctimas de la violencia armada.
En 2018, seis años después de la matanza y cuatro antes del acuerdo legal, Remington se declaró en bancarrota, como ha hecho recientemente el conspirador Jones para eludir o dilatar el pago de la multa. No son los únicos casos de quiebra inducida; también se acogió a ella la farmacéutica Purdue Pharma, principal encausada en el macroproceso legal por la crisis de los opioides. O la propia Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas inglesas), el principal lobby de las armas en EE UU, en un intento de ganar tiempo para reestructurarse. Pero la rendición de cuentas simultánea del sector de las armas y de la vociferante industria de la desinformación solo fue posible gracias al bufete Koskoff. En su página web puede leerse toda la literatura legal al respecto. El precedente de Sandy Hook ha animado a los padres de una de las víctimas mortales del tiroteo de Las Vegas (casi 60 muertos en 2017) a querellarse contra el fabricante del arma utilizada.
Lo conseguido en esta década repara en parte el desánimo de las familias cuando, inmediatamente después de la masacre, el Senado obvió un intento legislativo de regular la posesión de armas. Los repetidos episodios sangrientos de 2022 propiciaron el tímido acuerdo legislativo, que tanto debe al activismo de Sandy Hook y de la Marcha por Nuestras Vidas, surgida de la matanza en un instituto en Parkland (Florida) en 2018, aunque el intento quedó manco, como admitió el propio Biden, al no incluir asuntos clave como la regulación de las armas de asalto. El modelo Bushmaster AR-15 se diseñó para el combate en la guerra de Vietnam, un dato que da fe de su potencia mortífera.
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Las familias, que durante años sufrieron un acoso indecible, inoculado por las mentiras de Jones, y que este miércoles solo aspiran a conmemorar el aniversario lejos de los focos, han ganado en dos frentes que se retroalimentan: el control de armas y la intoxicación informativa. Remington, como el resto de los fabricantes, se beneficiaba del blindaje de una ley de 2005, que eximía de responsabilidad penal a la industria de las armas de los delitos cometidos con ellas, hasta que el abogado Koskoff halló un resquicio para la acusación: violar una ley de protección de derechos del consumidor de Connecticut con una publicidad especialmente agresiva, de tintes militaristas. El alegato de que Remington había comercializado ilegalmente el Bushmaster de uso militar, haciéndolo accesible a jóvenes con problemas mentales como Lanza, que se suicidó tras el ataque, fue clave.
2022, el año en que los escolares asesinados en Sandy Hook habrían cumplido 16 y 17 años, contabiliza ya más de 600 tiroteos masivos, algunos de ellos tan atroces como los de Búfalo, Highland Park o Uvalde, que tanto recuerda el del colegio de Newtown. Matanzas con denominación de origen, ligadas para siempre al duelo de comunidades enteras, son solo la punta del iceberg de un fenómeno estructural: en 2020 se compraron en EE UU casi 23 millones de armas de fuego. Para las familias de Sandy Hook este miércoles será además la repetición de un momento congelado en el tiempo, el 14 de diciembre de 2012.
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