Dos días después de que el agua del río Gévora destrozara su casa, José Luis Fernández sigue barriendo y recogiendo los desperfectos en Gévora, una pedanía de Badajoz. Se agacha, y entre la ropa y los muebles que hay en el suelo, consigue rescatar un décimo de la lotería de Navidad que ha comprado hace semanas. “A ver si toca”, asegura. Este hombre de 72 años no contaba con un seguro y está a merced de a las ayudas públicas y de si su pedanía se declara zona catastrófica. Fernández, que habla despacio, asegura que tiene el apoyo de su familia para salir adelante. Y mientras observa el estado actual de su vivienda, reconoce: “Todavía no he asimilado lo que ha pasado”.
Fernández no es el único afectado que no cuenta con un seguro privado que cubra los destrozos provocados por las inundaciones. Juana Parra, de 45 años, se encuentra en la misma situación. Está desempleada y lleva desde las 10.00 esperando en la delegación que el Ayuntamiento de Badajoz tiene en la pedanía de Gévora a que la atiendan los servicios sociales. “Esto ha sido un golpe muy duro”, comenta, mientras mueve la muleta de la que se vale para andar.
A las dos de la tarde llega Ana, la trabajadora social que cubre las tres pedanías pacenses más afectadas, Gévora, Valdebótoa y Sagrajas. Se presenta en Gévora después de ver a más de 12 personas en solo una mañana. Ana se encarga de realizar los informes para tramitar las ayudas puestas en marcha por la concejalía de servicios sociales del Ayuntamiento de Badajoz. “Nosotros nos dedicamos solo a proporcionar las necesidades básicas de las personas afectadas: ropa, alojamiento, comida, etcétera”, comenta Ana, que ahora debe realizar los informes pertinentes para que se concedan las ayudas económicas. Después de la reunión que mantienen las dos, Parra se muestra optimista de que las administraciones la puedan ayudar “por lo menos para pagar un alquiler en el que alojarse”.
La Junta de Extremadura ha acordado habilitar un crédito de cuatro millones de euros para las personas que hayan sufrido daños en sus propiedades, según anunció el miércoles el portavoz del Gobierno, Juan Antonio González. La canalización de las ayudas se hará a través de la firma de convenios con los ayuntamientos de las localidades más afectadas para que se pueda contratar a técnicos que serán los encargados de evaluar el estado de las viviendas y posteriormente proceder a la tramitación de las ayudas.
No obstante, entre las personas afectadas, reina el sentimiento de que tienen que hacer la guerra por su cuenta. Algunos tienen un seguro privado contratado, y están más tranquilos. Es el caso de Agustín García, que tiene su restaurante en Gévora. Cuenta que nunca le había pasado nada parecido. “Ayer me jarté de llorar”, lamenta García. Tuvo que cancelar dos “grandes” reservas de comidas de empresa. En esta época del año tiene mucha demanda. El restaurante es muy popular en la zona y su “plato estrella” es la carne a la brasa cocinada con carbón de encina.
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García muestra con pesar las imágenes del desastre que provocó el temporal y cuenta que la comida se ha echado a perder y que algunas máquinas se han estropeado. Por suerte, el seguro cubre le cubre todos los daños. “Esta tarde viene el perito a hacer una evaluación”, comenta. La zona donde se encuentra la barra está ya prácticamente limpia y libre de agua, y García augura que pronto podrá reabrir su local. En el aparcamiento, los camareros y operarios municipales trabajan sin descanso. El Ayuntamiento les ha proporcionado varios contenedores y material de limpieza. Otros vecinos no han tenido tanta suerte, y aún no han recibido la ayuda de las administraciones para limpiar sus casas.
Carlos González trabaja para la aseguradora Red Mediaria. Es el responsable de la oficina de esta empresa en Badajoz. Confirma que estos días él y sus compañeros están desbordados por el trabajo. “Estamos todo el día tramitando. Solo en estos dos días hemos tramitado más de 40 expedientes”. Entre ellos, ha tenido que gestionar el de su hermana, que también se ha visto afectada por las inundaciones.
En caso de lluvias intensas u otro tipo de desastre natural, las aseguradoras privadas delegan en el Consorcio de Compensación de Seguros, una empresa pública adscrita al ministerio de Economía, pero cuyo capital proviene de las contribuciones que hacen las compañías privadas del sector. Esta corporación es la que está asumiendo la demanda por parte de los afectados. De esta manera, las empresas buscan amortiguar el impacto económico que supondría cubrir los gastos que generan este tipo de desastres.
Y mientras las aseguradoras privadas llevan a cabo su función, con más rapidez en unos casos que en otros, las instituciones públicas comienzan a diseñar las ayudas públicas. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera –exmilitante de Ciudadanos recientemente fichado por el PP–, explica a Columna Digital que aún están evaluando los daños producidos. “Hay entre 30 y 40 familias afectadas. Estamos valorando una modificación presupuestaria, porque con los ordinarios no será suficiente”, señala Gragera. “Iremos aumentando las ayudas hasta donde podamos llegar”, comenta, y añade que primero quiere valorar a nivel competencial hasta donde están comprometidos la Junta de Extremadura y el Gobierno con esta situación. Está a la espera de saber si el Ejecutivo va a declarar la zona como catastrófica. Si así fuera, los damnificados recibirían unas ayudas especiales y los ayuntamientos podrían obtener compensaciones económicas.
De momento, son los delegados del Ayuntamiento de Badajoz los que se están haciendo cargo de la situación. Petri Samino, delegada en Gévora, indica que las ayudas recibidas hasta ahora son insuficientes, y urge a las administraciones a ofrecer soluciones lo antes posible. “El que tiene seguro más o menos se apaña, pero el que no lo tiene está a merced del ayuntamiento y de la Junta”, explica Samino.
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