El día después de que ERC y Junts per Catalunya chocarán ásperamente en el Congreso por la reforma del Código Penal y los efectos que tendrán los cambios en la malversación en líderes como Carles Puigdemont, el jefe del Gobierno catalán, Pere Aragonès, ha querido calmar las aguas en una entrevista en Cadena SER y ha insistido en que con las modificaciones pactadas con el Gobierno “nadie empeora su situación procesal”, en referencia a los independentistas encausados, huidos en el extranjero o que se enfrentarán a una revisión de sus sentencias. El también coordinador nacional de los republicanos se ha felicitado por los avances de la vía negociada abierta entre los Ejecutivos pero ha advertido de que ya será hora de hablar del nudo gordiano del conflicto político y ha recordado su propuesta de referéndum pactado que el Gobierno ha descartado de plano.
“Esta reforma del Código Penal permitirá, y por eso le hemos dado apoyo, es que nadie empeore su situación procesal, nadie de las personas vinculadas al referéndum”, ha asegurado Aragonès. El presidente catalán si se ha puesto la venda antes de la herida en lo que respecta a cómo reciban la judicatura la nueva normativa. “De lo que no vamos a ser responsables es de la interpretación que pueda hacer el Poder Judicial”, ha aclarado, mostrándose confiando en que las defensas de la lista de casi 40 excargos independentistas que se verán afectados por los cambios en la malversación y la derogación de la sedición “van a utilizar los argumentos que tengan a su alcance para defender mejor su posición”.
Aragonès ha querido recordar que ninguno de los organizadores del referéndum del 1-O se llevó un euro al bolsillo y que las partidas presupuestadas jamás llegaron a ejecutarse y que hasta algún pago fue rechazado. “El Tribunal Supremo y otras instancias de la cúpula judicial se ha utilizado la idea del malversación no para perseguir a quien coge dinero público y se lo mete en su bolsillo o en del de su partido, sino para discutir sí, por ejemplo, acceder al censo de catalanes al exterior es malversación o no porque se podría utilizar para un referéndum”, denuncia.
Preguntado sobre si el apoyo a los Presupuestos Generales ha recibido como contra partida estos cambios legales, el jefe del Govern ha negado la mayor y se ha limitado a asegurar que han sido debates que se han solapado en el tiempo. Aragonès sí ha afirmado que tras “limitarse la capacidad represiva del Estado” contra quienes defienden la secesión, es hora de que la mesa de diálogo entre de pleno en la carpeta sobre cómo solucionar el conflicto político. El presidente de la Generalitat ha dicho que en ese foro se ha mencionado su propuesta del referéndum acordado pero no se ha abordado ni estudiado “de momento” ni tampoco su idea de una amnistía.
“En una negociación nunca nadie consigue todo lo que quiere pero ahora debemos abordar la cuestión de fondo, que la relación política entre Cataluña y España”, ha ahondado. El pasado lunes, ERC publicó el borrador de su ponencia política para el Congreso del 23 de enero y en ella hace un primer borrador del llamado acuerdo de claridad, las condiciones que debería tener el referéndum al que aspiran. Aragonès, una vez más, ha invitado al Ejecutivo a que lleve su propuesta a la mesa de diálogo para poder confrontar los modelos. “Aquí posiciones diversas. Yo defiendo la independencia Cataluña conseguida mediante un referéndum acordado por el Estado y reconocido por la comunidad internacional; hay quien defiende el statu quo no, tocar nada y hay quien defiende o puede defender una reforma del Estatuto. Pues hablemos de todas esas opciones”, ha pedido.
Recordado sobre la imposibilidad de que la Constitución actual recoja la celebración de una votación de ese tipo, el president ha asegurado que el real problema está en la falta de voluntad política para arreglar el conflicto y no tanto en la Carta Magna. “Hay dos maneras de actuar: una es directamente proponer las propuestas en las Cortes generales o en el Parlament de Cataluña sin acuerdos previos. La otra, intentar llegar a acuerdos y a partir de los acuerdos construir el camino jurídico”, ha advertido.
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